Movimientos feministas y LGBTIQ+ advirtieron que la eliminación del Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad “no es solamente una desjerarquización de las políticas públicas con perspectiva feminista, sino también una señalización del movimiento feminista como un enemigo a combatir durante esta etapa”.
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 8/2023, publicado en el Boletín Oficial el 11 de diciembre, por el cual modificó la Ley de Ministerios y redujo a nueve las carteras en su nueva estructura de Gobierno*, entre ellas, el Ministerio de las Mujeres que pasó a ser una subsecretaria bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
La coordinadora honoraria del movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Gabriela Sosa, advirtió que “la desjerarquización de las políticas públicas hacia las mujeres y a las disidencias va a tener como correlato la multiplicación de las violencias”.
“El proceso que hicimos los feminismos, las luchas que dimos en todos estos años, fueron reconocidas jerarquizando las políticas públicas en el orden nacional y también en las distintas provincias, con la creación de ministerios que pudieran elaborar, aplicar y evaluar políticas acordes a la dimensión de tremenda violencia y desigualdad que sufrimos”, explicó Sosa en diálogo con AUNO.
En ese sentido, resaltó que “la desjerarquización de esos ámbitos implica que se va a contar con menos herramientas para poder abordar cada una de las problemáticas”, es decir, “que probablemente se precaricen las políticas que iban directamente a mujeres en situación de violencia”.
Por su parte, la socióloga, investigadora e integrante del movimiento Ni Una Menos, Lucia Cavallero, coincidió en que la medida implica “una desjerarquización de las políticas públicas feministas que se crearon durante estos años, a partir de una lucha de movimiento de muchos años destinadas a erradicar y prevenir la violencia por razones de género, pero también a políticas destinadas a promover la autonomía económica”.
“Aplicar un programa de ajuste y de represión como el que está aplicando el gobierno de Javier Milei, necesita de la creación de determinados enemigos internos: los movimientos feministas, el movimiento sindical, los movimientos populares”, analizó Cavallero, quien consideró que “hay que pensar el ataque al movimiento feminista en el marco general del ajuste y el modelo de represión y de anarcoliberalismo, anarcocapitalismo totalmente autoritario”.
Al respecto, el militante de la organización Conurbanes por la Diversidad y miembro del Frente Nacional Orgullo y Lucha, Darío Arias, sostuvo que el movimiento LGBTIQ+ “está en alerta y sigue con mucha preocupación los anuncios de desjerarquización de la política nacional de género y diversidad sexual porque significaría un retroceso enorme”.
Arias remarcó a esta agencia que la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en 2019 “fue muy importante para mejorar la calidad de vida de miles de mujeres y LGBTIQ+ a través de diferentes políticas públicas, para alcanzar leyes muy significativas como la de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Cupo Laboral Travesti trans”.
“Desde que el gobierno de ultraderecha ganó las elecciones se multiplicaron los discursos de odio y las situaciones de violencia hacia la comunidad LGBTIQ+ y por eso todas las organizaciones estaremos atentos y atentas para no retroceder en ningún derecho”, aseguró Arias.
En tanto, Sosa adelantó: “Ya estamos articulando, analizando y charlando cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a resistir los embates que vamos a tener de estos sectores, que son sectores negacionistas del género, de la construcción de género, también de la violencia de género, es decir, hay una perspectiva antiderechos en este gobierno”.
“En este momento nosotras estamos participando activamente de las manifestaciones que se están dando en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país contra el decreto ilegal, ilegítimo, inconstitucional, así que en este momento el rol de Ni Una Menos es de alguna manera estar dinamizando, ayudando, aportando a la movilización callejera contra el decreto inconstitucional de Javier Milei”, agregó Cavallero.
¿Cómo quedó la estructura de Gobierno de Milei?
Además de reducir de 19 a nueve los ministerios, el Decreto 8/2023 establece que tanto la Secretaría de Asuntos Estratégicos como lo referente al ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pase al ámbito del Jefe de Gabinete, Nicolás Pose, quien de ahora en más podrá “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
Ya que “resulta necesario adecuar las disposiciones de la Ley de Ministerios y los objetivos planteados con el propósito de racionalizar y tornar más eficiente el actuar del Estado Nacional”, las Secretarías de Energía y Minería quedaron integradas al Ministerio de Economía, mientras que los ex Ministerios de Ambiente y de Turismo y Deportes estarán bajo la órbita del Ministerio del Interior.
La Unidad de Información Financiera (UIF) se integró al Ministerio de Justicia, el cual ya no incluye Derechos Humanos en su nombre, mientras que la organización y supervisión del sistema penitenciario y la Agencia Nacional de Materiales Controlados pasaron a manos de la cartera de Seguridad.
Tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) no aparecen mencionados en el artículo que trata las facultades del Ministerio de Justicia. Por el contrario, el decreto ubica a las facultades que hubieran correspondido a estos organismos directamente en cabeza de dicho Ministerio.
El decreto también trasladó la Agencia Nacional de Discapacidad a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y tanto el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena pasaron a quedar en la órbita del Ministerio de Capital Humano.
AUNO-26-12-23
FM-SAM
