La caída real del presupuesto de la Administración Pública Nacional (APN) fue del 32 por ciento, “lo cual implica un significativo ajuste del gasto público en áreas sensibles”, como la ejecución de programas de desarrollo y seguridad social, educación, salud, transporte y obras públicas, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
El CEPA comparó el presupuesto de la APN durante el primer trimestre del 2024 respecto a su ejecución durante el mismo periodo en 2023 y analizó su administración en ministerios, organismos, programas y transferencias al Tesoro Nacional, tras la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de prorrogarlo por decreto el pasado 26 de diciembre.
“Se sobrevive”
En el caso de los programas de desarrollo social, el informe señaló “fuertes caídas” en políticas como Potenciar Trabajo, con un ajuste de un 50 por ciento mientras que Atención Médica a Pensionados registró una caída de un 48 por ciento y los comedores comunitarios y merenderos fueron desfinanciados en un 45 por ciento.
“El recorte hacia nuestra organización fue total”, expresó en diálogo con AUNO la referente de Libres del Sur (LdS), Silvia Saravia, quien explicó que funcionarios del Ministerio de Capital Humano “han hecho visitas, han hablado con los responsables de los comedores y han visto las situaciones”, pero que “no hay ningún tipo de respuesta”.
“Se sobrevive con donaciones, en algunos casos aportes de provincias o de municipios, pero en líneas generales se sobrevive porque se pone del propio bolsillo. Las compañeras hacen rifas, venden cosas, hacen distintas actividades para poder sostener los espacios de alimentación que son hoy tan necesarios”, explicó Saravia.
En el conurbano bonaerense y en La Plata, LdS asiste a 31.300 personas a través de sus 509 comedores y merenderos, mientras que en el resto del país la ayuda alcanza a otras 147.520 en más de dos mil establecimientos, sumado a las 100 mil que asisten a las ollas populares.
Además, respecto al programa Merienda Reforzada, de los ocho convenios que LdS mantenía con el ex Ministerio de Desarrollo Social, con los que cubría a 15.905 beneficiarios, actualmente solo uno está “en fase final de ejecución” y solo alcanza a 600 personas, mientras que “el resto está a la espera de ser renovados desde la gestión anterior”, aunque “no hay perspectivas de renovaciones”, indicó Saravia.
En lo referente a programas de Seguridad Social, el plan Mil Días de Anses, destinado a fortalecer los derechos de las personas gestantes durante el embarazo y acompañar el crecimiento de los menores hasta los primeros tres años de vida, tuvo un recorte del 48 por ciento, mientras que las pensiones Universal para el Adulto Mayor, no contributivas y previsionales sufrieron una caída del 56, 45 y 35 por ciento respectivamente.
“Necesitamos una solución rápida. No queremos perder más a nadie”
A su vez, el informe del CEPA indica que el programa de Respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra tuvo un ajuste de un 79 por ciento, en tanto que Abordaje de Curso de Vida del Ministerio de Salud (DiNACuV) registró una caída de 75 por ciento en su presupuesto y la política para el acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica sufrió un recorte del 62 por ciento.
La titular de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, Débora Bosco, consideró “triste” la situación que atraviesan los pacientes de tratamientos oncológicos que “desde diciembre no reciben el tratamiento”, a raíz de la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, de suspender las acciones de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) que otorgaba medicamentos a personas con cáncer y enfermedades crónicas.
“Necesitamos una solución rápida, no queremos perder más a nadie. Sabemos que es una enfermedad que no espera y ya cuatro meses sin tratamiento la enfermedad avanza. Lamentablemente en muchos casos no hay otra oportunidad, o sea, no podés volver para atrás”, puntualizó Bosco a esta Agencia.
La Fundación agrupa a 136 instituciones dedicadas a la ayuda solidaria de tratamientos oncológicos en el país, donde “los pacientes están muy angustiados”, y “tristemente hay varias personas que han perdido la batalla, lamentablemente, por la falta de tratamiento”, indicó Bosco.
Algunos de los pacientes que asiste la Fundación precisan brentuximab, un medicamento conjugado de anticuerpo y fármaco que se usa para tratar el linfoma de Hodgkin, el cual vale 11 millones de pesos y únicamente provee la Dadse, al igual que el pembrolizumab, un anticuerpo que se emplea como agente anticancerígeno y cuesta entre 8 y 9 millones de pesos.
Por su parte, el secretario gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Pacagnini, indicó que desde la CICOP “siempre” se mostraron “a favor de políticas universales, no de programas focales” como los que analizó el CEPA, pero que el recorte de dichos programas “viene a agravar políticas estructurales de la inversión que se hace en salud”.
“Estos recortes repercuten en la Provincia, primero porque tiene un presupuesto ajustado ya de por sí. La curva viene en baja en términos reales desde hace muchos años. Y después porque se depende de estos parches, los programas focales, que siempre han sido complementos al déficit presupuestario”, sostuvo Pacagnini, en diálogo con AUNO.
El secretario gremial explicó que el ajuste “se combina” con una “sobredemanda importante” en el sistema de salud “agravada coyunturalmente por las enfermedades emergentes” como la epidemia de dengue y las enfermedades respiratorias invernales, lo que “colapsa varios de los dispositivos de salud en el sistema público”.
“En la emergencia partimos de reclamar que se mantengan los programas focales, así sean un parche, que no se recorte nada, pero en el marco de reclamar -también- un aumento de presupuesto tanto en la Nación como en la Provincia, y un avance hacia una solución más de fondo que es ir a un sistema único de salud”, completó.
“La Provincia tiene un mandato que es mejorar el sistema educativo”
En materia educativa el informe indicó un ajuste del 99 por ciento en el programa de infraestructura y equipamiento y un recorte del 83 y 46 por ciento del plan Conectar Igualdad y los fondos destinadas a becas estudiantiles, respectivamente.
“El recorte presupuestario se nota desde lo cotidiano y más banal hasta lo más sofisticado. No hay lavandina para limpiar los baños y desinfectar las aulas, y en la universidad estamos en cierta medida compelidos a participar de las redes internacionales del conocimiento y en estas condiciones estamos prácticamente en el espacio nacional. No podemos salir al espacio internacional porque no hay presupuesto para eso, salvo que el presupuesto venga de un financiamiento externo”, explicó a esta agencia el secretario general de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios línea Histórica (ConaduH), Oscar Vallejos.
Vallejos puntualizó a AUNO que el salario de docentes y no docentes de trabajadores universitarios “ha perdido desde diciembre a esta parte entre el 50 y el 60 por ciento de poder adquisitivo”, y que el refuerzo del 70 por ciento para gastos de las casas de altos estudios anunciado por el Gobierno nacional “es tramposo”.
“Es tramposo el porcentaje porque es el 70 por ciento sobre enero de 2023. Y este Gobierno solamente se quedó con la indicación presupuestaria gruesa, pero todos los otros rubros que iban destinados a la universidad los cortó. Eso implica un presupuesto muy menor respecto de lo que la universidad necesita”, precisó el referente gremial.
“Como provincia, nos proponemos mostrarle a la sociedad que hay otro modelo de mirar y cuidar a los otros y otras, aunque todas estas medidas de eliminación, desfinanciamiento, deserción e indolencia del Gobierno nacional impactan muy negativamente“, indicó a esta agencia el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni.
El funcionario explicó a AUNO que la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) repercutió “en el bolsillo de las y los educadores”, y que para el territorio bonaerense significó más de 14 millones de pesos mensuales que la cartera de Educación pudo “sostener solo en enero”, con aumentos salariales del 25 por ciento para enero, 20 en febrero y 13,5 en marzo, y actualmente los gremios docentes discuten “en la mesa paritaria la mejora del salario”.
A su vez, Sileoni comentó que el gobierno bonaerense continuó con las Becas Progresar “por respeto” a los estudiantes “sabiendo que es una estafa del Gobierno nacional” debido a que se congeló el monto, y que en caso del programa Conectar Igualdad se readaptó para focalizar la entrega de computadoras “en determinadas escuelas”.
“La Provincia tiene un mandato que es mejorar el sistema educativo. En todos los distritos que vamos nos piden más escuelas y seguimos inaugurando en todo el territorio. Vamos a continuar en esta línea, pero por supuesto que con dificultades, ya que también eliminaron el Fondo de Fortalecimiento Fiscal destinado a la alimentación”, concluyó.
La motosierra también pasó por la obra pública
En tanto, los programas de obra pública sufrieron un recorte del 85 por ciento en el caso de construcción de autopistas y autovías, un 87 por ciento para rutas y obras de pavimentación, mientras que el apoyo a la infraestructura urbana en municipio fue desfinanciado completamente.
La secretaría general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleña, indicó a Auno que el desfinanciamiento de la obra pública implica “problemas importantes”, que dejará a las rutas del país “intransitables” por falta de mantenimiento. “Si no lo mantenemos el camino se deteriora”, precisó.
“Impide el traslado de mercadería, de personas, de urgencias y todo lo que esto trae aparejado”, aseguró la secretaria gremial, a lo que sumó la “delicada situación” y “falta de seguridad” en la que quedan las rutas, como los baches que “son un riesgo importante” para los usuarios que transitan dichos caminos.
“La realidad es que al Estado le va a salir mucho más caro esta demora en no hacer el mantenimiento o no terminar las obras pendientes. A algunas le falta cuatro o cinco kilómetros para concluir. En definitiva, ha sido una inversión en vano”, subrayó Aleña a esta agencia.
Finalmente, las transferencias discrecionales del Tesoro Nacional para la asistencia financiera de las provincias y municipios se ajustaron en un 99 por ciento, para la energía en un 65 por ciento, mientras que en el caso del programa de cooperación, asistencia técnica y capacitación a municipios hubo un recorte del 97 por ciento y se eliminó por completo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
AUNO-16-4-24
FM-SAM
