El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de La Plata dictó prisión perpetua para 10 represores mientras que condenó a 25 años de cárcel a uno y absolvió a otro en el Juicio Brigadas por considerar que los hechos ocurridos en los ex Centros Clandestinos de Tortura y Exterminio (CCDTyE) Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, el Inferno de Avellaneda y la Brigada de San Justo “además de ser crímenes de lesa humanidad, lo fueron en el marco de un genocidio”.
Teresa Laborde Calvo, hija de Adriana Calvo, la primera sobreviviente en declarar en el Juicio a las Juntas de 1985, consideró “muy lindo encontrarse con los familiares que estaban recibiendo justicia por primera vez”, en alusión a la sentencia que puso fin a la causa que unificó los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico eclesiástico y militar.
“Es un juicio que hace mucho tiempo estábamos esperando, se estaban juzgando crímenes terribles como la Noche de los Lápices, y la apropiación de bebés. También desde que empezó el juicio estábamos buscando a Daniel Santucho, hijo de Cristina Navajas y estaba ahí. Había aparecido”, comentó Calvo a AUNO.
Teresa nació en cautiverio en el patrullero que trasladó a su madre desde la Brigada de Investigaciones y la Comisaría 5° de La Plata hacia el Pozo de Banfield, por lo que consideró que “fue muy emocionante” que la sentencia haya sido luego de una nueva marcha por el 24 de marzo “que fue multitudinario, que había muchas familias, mucha gente suelta que está diciendo ‘con esto no, con este tema no'”.
“Estaba el Tribunal lleno de gente: adentro de la sala, fuera de la sala, en la calle con pantalla gigante. Las condenas fueron contundentes, salvo uno que es quien lo defendió (Mariano) Cúneo Libarona, nuestro flamante ministro de Justicia”, precisó a esta agencia.
Por otra parte, Teresa destacó que “fueron muy valientes” las mujeres del colectivo trans/travesti que durante el proceso describieron las torturas y abusos sexuales que vivieron en el Pozo de Banfield. “Que se animen a hablar las cosas por las que hayan pasado, y todo el tiempo que pasó para poder contarlo, fue muy importante. Se condenaron los delitos sexuales, contra ellas y contra todos los demás”, remarcó.
Los represores Jaime Lamont Smart, Horacio Luis Castillo, Federico Antonio Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale, Guillermo Dominguez Matheu, Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Juan Miguel Wolk, Jorge Antonio Bergés y Carlos Gustavo Fontana, fueron condenados a perpetua, mientras que Alberto Julio Canditi fue condenado a 25 años de cárcel y Enrique Augusto Barre fue absuelto.
Las Brigadas
El juicio comenzó el 27 de octubre de 2020 y durante más de 100 audiencias hubo alrededor de 500 testimonios, entre ellos 486 testigos que dieron cuenta de los crímenes cometidos contra más de 605 víctimas.
Entre los delitos, la Justicia determinó que se cometió la desaparición forzada de personas que aún se buscan; la situación, retención y ocultamiento de menores que nacieron en cautiverio, cuyas madres aún no son localizadas; el asesinato de mujeres embarazadas y menores de 18 años, entre los que se encuentran los estudiantes víctimas de lo que se conoció como La Noche de los Lápices.
También se condenó los delitos de violencia sexual y el abuso con acceso carnal, la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tortura y tormentos calificados, reducción a la servidumbre y el aborto forzado en lo que fue un centro clandestino de maternidad que operó en el Pozo de Banfield.
Gracias al proceso judicial, las Abuelas de Plaza de Mayo restituyeron la identidad del nieto 133, Daniel Santucho, hijo de Cristina Navajas, desaparecida en julio de 1976, y de Julio César de Jesús Santucho, quien militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Además, por primera vez se juzgaron los crímenes vinculados a la persecución, secuestro y tortura que sufrieron ocho mujeres del colectivo trans/travesti en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1983, por lo que se ampliaron las imputaciones.
De los condenados, solo uno de ellos estaba detenido en cárcel común, mientras que el resto contaba con prisión domiciliaria, por lo que el Tribunal dispuso la realización con carácter “muy urgente” de peritajes de salud por parte del Cuerpo Médico Forense de los represores para determinar el impactó que implicaría el traslado a cárcel.
Foto de portada: Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires
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