Por Lucía Zunino, Manuel Flores y Noelia Ruiz.
Este 24 de mayo se cumple un nuevo aniversario del fusilamiento de 16 personas en un chalet del municipio de Esteban Echeverría, durante la última dictadura militar. Cuarenta y cinco años después, familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos reconstruyen esta historia y hacen hincapié en la importancia de señalizar los lugares del suceso como Sitios de Memoria.
Los hechos
Once hombres y cinco mujeres de entre 21 y 32 años, que habían sido secuestrados entre febrero y mayo, fueron asesinados en la madrugada del 24 de mayo de 1977 en un simulacro de enfrentamiento. Se trataba de Luis Gemetro, Luis Fabbri, Catalina Oviedo, Daniel Ciuffo, Luis De Cristófaro, María Cristina y Julián Bernat, Claudio Giombini, Elisabeth Käsemann, Rodolfo Goldín, Mario Sgroi, Esteban Andreani, Miguel Harasymiw, Nelo Gasparini y dos mujeres, aún sin identificar.
Las víctimas militaban en la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), el Partido de los Trabajadores Revolucionarios (PRT), Montoneros, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y eran, en su mayoría, empleados de fábricas y/o empresas, aunque también había un médico, un veterinario, una trabajadora social y un albañil. Entre ellos se encontraba una ciudadana alemana, Elisabeth Käsemann; dos hermanos, Julián y Cristina Bernat; y dos matrimonios: el de Cristina y Luis Cristófaro, y el de Catalina Oviedo y Daniel Ciuffo.
El operativo fue llevado a cabo por el Comando del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del general Carlos Suárez Mason, junto con la policía bonaerense y se desarrolló en la casa de la calle Boulevard Buenos Aires (Ex Uriburu) 1151, en el límite de las localidades de Monte Grande y Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. Se cree que el inmueble fue elegido como lugar para los asesinatos debido a su accesibilidad desde el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE) “El Vesubio”, en Autopista Ricchieri y Ruta 4, frente al destacamento donde funcionaba el CCDTyE de “Puente 12”, partido de La Matanza.
Las 16 víctimas procedían de El Vesubio, según se pudo reconstruir en base a las declaraciones de sobrevivientes, realizadas en el marco de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Un día antes de la Masacre, los represores les habían avisado que iban a ser trasladados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Les cambiaron la ropa y curaron las heridas, y por la noche los reunieron y llevaron hacia la casa, donde fueron ejecutados.
La mañana del 24 de mayo los bomberos trasladaron sus cuerpos al Cementerio Municipal de Monte Grande y los depositaron en fosas sin identificar. La noticia de la Masacre fue presentada por la prensa como consecuencia de un enfrentamiento entre fuerzas legales y un grupo subversivo. A través de estas noticias distorsionadas, parte de la propaganda política impuesta por el Terrorismo de Estado, fue que algunos familiares reconocieron y reclamaron los cuerpos de sus seres queridos.
Mantener viva la memoria
En los últimos años se llevaron adelante una serie de acciones en pos del ejercicio de la memoria sobre lo ocurrido aquel 24 de mayo. La primera se remonta al 2017 cuando, gracias al accionar del Colectivo de Educación por la Memoria, Verdad y Justicia de Esteban Echeverría, se colocan las primeras baldosas en homenaje a las víctimas de la Masacre en el frente de la casa. Al año siguiente, la iniciativa se replica en la puerta del cementerio municipal.
En 2021, el inmueble de Boulevard Buenos Aires fue puesto a la venta, hecho que desencadenó repudio y protestas para impedir la transacción por parte de organismos de DD.HH y vecinos, quienes cursaron una vez más el pedido de preservación del lugar de los hechos, debido a su importancia en lo que concierne a la memoria histórica y como prueba judicial.
Tras varios años de lucha colectiva, en marzo de 2022, el Cementerio de Monte Grande fue señalado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) como Sitio de la Memoria, acatándose el pedido de señalización presentado ante la Secretaría por el Colectivo de Educación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Esteban Echeverría.
En diálogo con AUNO, la directora nacional de Espacios y Sitios de la Memoria, Lorena Battistiol Colayago, explicó que se procedió con la solicitud como se suele hacer habitualmente, con “un relevamiento de toda la información con la que cuenta la SDH sobre el Sitio de Memoria a señalizar”, pero que en este caso la pandemia los llevó a postergar la realización de los actos.
En ese sentido, el pasado 24 de marzo se dio otro paso trascendental, ya que el chalet donde ocurrió el fusilamiento fue declarado como de “utilidad pública y potencial expropiación” por el intendente del Municipio de Esteban Echeverría, Fernando Gray, lo que significa que el inmueble no podrá venderse.
Consultada por los planes para la casa, Battistiol Colayago confirmó que será denominado como Sitio de la Memoria próximamente: “Con las familias y la Comisión Vesubio y Puente 12 comenzamos a trabajar en la señalización del lugar, siendo este un paso importante para avanzar a la apertura de un Espacio de Memoria”.
La última llamada
Durante el mediodía del 11 de febrero de 1977, Liliana recibió un llamado de su pareja, Luis María Gemetro, quien le comentó que sentía movimientos extraños fuera de la veterinaria donde trabajaba, en Conde y Republiquetas. Lo último que le dijo fue que no se olvide de asistir, junto a su hija de ocho meses, a la cena que tenían pautada con sus amigos en una pizzería en Avenida Corrientes.
Pero esa noche Luis María nunca llegó y Liliana tuvo que entrar en la clandestinidad. Lo que siguió fue una serie de allanamientos a la casa de distintos familiares, incluso el hogar familiar: “Al cuarto día del secuestro entraron y se llevaron absolutamente todos los muebles, arrancaron todos los artefactos, creemos que en busca de algo”, contó Liliana.
A pocos días de la Masacre, los diarios de época viralizaron la noticia con los nombres de las víctimas y fue allí donde los familiares leyeron el nombre de Luis María y supieron de su muerte. Como el comunicado estaba firmado por el Primer Cuerpo del Ejército, fueron a reclamar el cuerpo porque pensaban que “si hubo enfrentamiento y estaba blanqueado” había chances de recuperarlo.
Luego de un paseo burocrático la familia pudo identificar a Gemetro a partir de una marca que tenía en el dedo. El relato de Liliana reconstruye la escena: “Un médico amigo dio vuelta el cuerpo y vio las marcas de ametrallamiento en la espalda”. Así entendieron que había sido uno de los acribillados en el chalet. Aún reconocido por sus allegados y seres queridos, Luis debió ser enterrado como NN porque los militares no permitieron inhumarlo bajo su nombre verdadero, solo con la llegada de la democracia pudieron enterrarlo en un nicho común de Chacarita.
Buscar la verdad más allá de las fronteras
Dorothee Weitbrecht es la sobrina de Elisabeth Käsemann, otra de las víctimas del fusilamiento clandestino cometido en Boulevard Buenos Aires. Su caso es distinto a los demás, no sólo por ser la única víctima extranjera de la Masacre, sino porque condujo a la cooperación bilateral entre Alemania y Argentina.
“La noticia del asesinato fue un shock para la familia, ya que en las últimas semanas habíamos recuperado la esperanza de que pudiera salvarse”, contó Dorothee a AUNO. Una vez que el cuerpo de Käsemann arribó a su país natal, su padre insistió en identificarla. Según el relato “la reconoció claramente”, a pesar de que estaba demacrada. Elisabeth todavía tenía una cinta azul alrededor de la muñeca, que presumiblemente sus compañeros de prisión habían anudado.
Para ellos estaba claro lo que le había ocurrido a su hija, aún así el paso decisivo para esclarecer su destino fue el testimonio que brindó Elena Alfaro, una de sus compañeras de cautiverio, en los Juicios a las Juntas. Junto a Diana Houston-Austin, la última amiga de Elisabeth que la vio con vida, declararon en Núremberg, Alemania en el año 2001, gracias a las gestiones de la Coalición contra la Impunidad en Argentina. Sus testimonios fueron fundamentales para que la fiscalía alemana emitiera órdenes de extradición contra Jorge Rafael Videla y otros militares de alto rango para ser juzgados por el caso Elisabeth.
Para Dorothee, quien además preside la Fundación Elisabeth Käsemann, este suceso tiene una importancia significativa para la sociedad argentina y alemana: “Nunca antes los abogados, jueces y fiscales habían trabajado juntos de esta manera”, remarcó y añadió que el caso “ha demostrado el éxito que puede tener la lucha de la sociedad civil y jurídica por la verdad y la justicia más allá de las fronteras nacionales”.
La esperanza por un mundo más justo
“Tengo el recuerdo de tener el temor de que mi tía no estuviera, de tener nuevamente ausencia”, rememoró Silvia Harasymiw, criada por su tía materna tras el secuestro de su papá, Miguel Harasymiw, y su mamá, Iris Cabral Balmaceda, el 15 de mayo de 1977, cuando ella tenía pocos meses de vida.
Silvia creció sin la presencia de sus padres, sin recuerdos ni imágenes de sus rostros. Todo lo que supo de ellos fue a partir de relatos ajenos que le permitieron reconstruir, de alguna manera, quiénes eran, de qué trabajaban, cómo vivían. Recién a sus nueve años conoció la verdad: “que estaban secuestrados y que estaban desaparecidos”, aunque remarcó que nunca dejó de tener “la esperanza de verlos, de que puedan volver”.
A medida que se desarrollaron las investigaciones sobre la causa del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio El Vesubio, a través de diversos testimonios Silvia se enteró lo sucedido con su papá: fue asesinado en la Masacre de Monte Grande. “Le tocó sufrir diez días, pero el sufrimiento acabó, en cambio lo que realmente si es feo es el caso de mi mamá, nunca supimos nada”, destacó. Durante los juicios, se pudo saber que en el cementerio municipal fueron enterradas e inhumadas dos mujeres NN que nunca pudieron ser reconocidas.
Silvia tiene tres hijos y ellos saben que sus abuelos son desaparecidos y, a pesar de las adversidades y de las incógnitas de su historia, ella les cuenta lo poco que sabe. Pero, sobre todo, que “ambos soñaban, como muchas personas, por un mundo más justo”.
Las historias de las víctimas de la Masacre de Monte Grande son solo algunas de las miles que hasta ahora buscan reconstruirse en la Memoria, la Verdad y la Justicia. La dictadura cívico militar clerical cortó hilos, pero obligó al ejercicio colectivo de la memoria histórica como base fundamental para la construcción de un presente más justo y comprometido.
Desde la Agencia AUNO queremos agradecer la colaboración de cada una de las familias, amigos y allegados de las víctimas, y especialmente destacar el apoyo brindado por la Comisión Vesubio y Puente 12 y el Colectivo de Educación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Monte Grande en la elaboración de este informe.
AUNO-23-5-2022
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