«Tenerme dos meses y medio en un penal es una señal de que la Justicia es más dura para quienes nos organizamos», aseguró Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que fue liberada hace tres semanas después de quedar detenida durante la manifestación del pasado 12 de junio contra el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. «Estaba presa por protestar y no es un delito«, aseguró su abogado Cristián García.
La mujer de 39 años, que vive en Lanús, había sido arrestada a diez cuadras del Congreso, cuando la gente desconcentraba. Ella contó en diálogo con AUNO que caminaba con un grupo de personas en el cruce de Chile y Lima, y policías motorizados le empezaron a disparar con balas de goma y le tiraron gas lacrimógeno.
“Ahí empieza la cacería. Estaba todo preparado para detener a un montón de gente. No fue casualidad que en dos cuadras hayan hecho todas las detenciones», consideró Calarco.
Ella detalló que la detuvieron policías varones, y estuvo más de media hora esposada y rodeada hasta que llegó el personal femenino. Así la llevaron hasta la puerta de la Comisaría Vecinal 1B, en el microcentro porteño, y luego quedó demorada en otra dependencia ubicada detrás del Centro Monitoreo en el Obelisco.
Calarco rememoró que en ese lugar «juntaron a todos los detenidos», aunque el edificio «no estaba adaptado» para las mujeres, así que las «tuvieron esposadas durante 12 horas en una camioneta» hasta que fueron alojadas en una «pseudo celda» de la Comisaría de Chacarita. «Era un pasillo que armaron para encerrarnos», denunció.
«Lo único que recibimos de comida y de bebida era lo que nos acercaron las y los compañeros y familiares que estaban afuera. Antes que nos lleven a Ezeiza, estuvimos todo el día con esposas en la puerta de Comodoro Py, sin agua ni alimentos. No nos bajaron más que dos veces para ir al baño”, cuestionó.
En el Complejo Penitenciario de Máxima Seguridad I de Ezeiza, Calarco fue entrevistada por “un médico, un psicólogo y las jefas de guardia» que le preguntaban «si estaban organizadas políticamente». «En los primeros días era todo bastante difícil», reconoció.
Para ella, la represión que encabeza Javier Milei, a través del protocolo «antipiquetes» que implementa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las manifestaciones opositoras «tiene un trasfondo político”.
«Este Gobierno se jacta de llevar adelante el ajuste más grande de la historia, pero el pueblo no se va a quedar cruzado de brazos mientras espera morir de hambre. Ellos van a frenar la resistencia con represión, como hicieron con nosotros el 12 de junio y a los jubilados durante la semana pasada«, cuestionó.
Y enfatizó: «Tenerme detenida dos meses y medio en un penal es una señal de que la Justicia es más dura para quienes nos organizamos”.
Como parte de su militancia, Calarco trabaja en merenderos comunitarios, desde donde denuncian -al igual que otros espacios similares a lo largo de todo el país- la falta de entrega de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano. En ese sentido, sostiene que «lo único que hizo Milei fue criminalizar a las organizaciones, armar causas y mentir sobre la inexistencia de los comedores».
«Todas estas acciones hablan de una falta de sensibilidad extrema. Es un Gobierno que se maneja con una crueldad pocas veces vista y se jacta de eso. Es muy difícil que pueda mejorar algo cuando se incentiva tanta bronca y odio», consideró la mujer.
Calarco también cuestionó que las y los diputados avanzaran el 12 de junio con el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos a pesar de la represión en las inmediaciones del Congreso: «Si tienen que militarizar toda la zona para poder aprobar una norma es porque no es nada bueno para la gente».
La liberación de la militante ocurrió el miércoles 28 de agosto después de un nuevo pedido de excarcelación. «Lo logramos por la presión social, el reclamo y la lucha. Eran presos por protestar y no es un delito«, aseguró Cristian García, uno de sus abogados y miembro del Frente de Abogados por los Derechos Humanos y el Socialismo (F.A.D.H.U.S).
García explicó que ella ya no estaba imputada por «intimidación publica, con lo cual la pena es mucho menor, se pidió la excarcelación y se logró acreditar que no es una persona que está en posibilidades de fugarse o entorpecer la investigación».
Sin embargo, Calarco sigue acusada de haber prendido fuego unas bicicletas que pertenecen al Gobierno porteño. «No hay ninguna prueba de que ella iniciara el incendio. La filmaron en las inmediaciones, pero no se la ve provocando el fuego», argumentó el abogado.
Roberto Gómez es el último liberado por las protestas contra de la Ley Bases. También estaba detenido en el Penal de Ezeiza. El hombre de 44 años, que hacía huelga de hambre para exigir su excarcelación, salió el jueves 5 de septiembre, aunque deberá utilizar un dispositivo de rastreo.
AUNO-18-09-2024
ANV-MB
