Ley de Identidad de Género: 11 de años después de la sanción, activistas llaman a “fortalecer las políticas sociales y de reparación”

Se trata de la primera legislación del mundo en no patologizar las identidades trans. “Es un hito histórico”, destacaron organizaciones por la diversidad que dialogaron con AUNO. La reparación histórica a las víctimas y la necesidad de impulsar políticas que garanticen el ejercicio del derecho, entre las deudas pendientes.

A 11 años de la sanción de la Ley 26.743, que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptos en su documento acorde con su identidad de género, activistas en derechos humanos y diversidad de la región destacaron el “hito histórico” que significó la sanción de la normativa al reconocer “la autodeterminación y la autopercepción del género”.

La Ley de Identidad de Género, sancionada el 9 de mayo de 2012, se convirtió en la primera legislación del mundo en no patologizar las identidades trans y permitir el acceso al cambio registral a través de un trámite sin tener que acceder a pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales, al reconocer el derecho a la salud integral. 

La Ley es “el reconocimiento de que el mundo no es binario”, expresó la co-fundadora de Grow: identidad y género, Carolina Villanueva, y consideró que se trata “de un hecho histórico”. “Es un paso fundamental en el reconocimiento de la identidad”, resaltó.

Además, la iniciativa regula el acceso a la atención sanitaria integral de las personas al indicar que podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, a tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa, los cuales deben ser incluidos en el Programa Médico Obligatorio, para garantizar cobertura tanto pública como privada.

Por su parte, el director de Políticas y Prácticas contra la Discriminación del INADI y miembro de la organización Conurbanes por la Diversidad, Dario Arias, expresó que la ley “marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos de todas las personas”, ya que “el Estado reconoció por primera vez la autodeterminación y la autopercepción del género como cada quien la siente y la desea vivir”.

“Hay que fortalecer las políticas sociales y de reparación para esta comunidad”, agregó y citando a Diana Sacayán, lideresa travesti y militante de la provincia de Buenos Aires, expresó que “la igualdad de género debe ir de la mano de la igualdad social y de proyectos políticos emancipadores”.

Arias destacó que el siguiente paso -además de profundizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas vigentes- es una “reparación para las víctimas de la violencia institucional y una actualización de la ley de actos discriminatorios incorporando a la identidad de género”.

La coordinadora honoraria del Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Gabriela Sosa, se refirió a la ley como “la cristalización de un proceso de lucha” por parte del colectivo LGBTIQ+ “en esta búsqueda del ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación por su condición de genero”.

Sin embargo, advirtió que el reconocimiento de estos derechos “aún en la Argentina está muy lejos de concretarse”, y remarcó que hay “situaciones de abandono por parte del Estado” que lleva a la comunidad LGBITQ+ a “una situación de pobreza, de indigencia, de marginación de tal nivel que afecta su salud y en mucho casos la lleva a la muerte”.

“Es muy importante el salto dado respecto al reconocimiento formal de estos derechos, pero que aún en lo concreto hay una escasez o muy limitada presencia de políticas públicas que tiendan a una efectiva igualdad de derechos”, afirmó.

Tras la sanción de la Ley, el colectivo trans/travesti conquistó otros derechos como la Ley 27.636 Diana Sacayán-Lohana Berkins que garantiza el acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros y el DNI para las personas no binarias.

Al respecto, Villanueva explicó que “hay un déficit inmenso en relación a las políticas que las empresas tienen que hacer para poder incorporar personas de este colectivo” y que hay un “muy bajo nivel de sensibilización en relación al tema”. 

AUNO-10-5-23
FM-SAM

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