Mientras que las y los rectores celebraron la media sanción que dio Diputados al proyecto de ley de financiamiento a las universidades nacionales, las y los trabajadores docentes y no docentes rechazaron la iniciativa también aprobada en la Cámara Baja que “cercena el derecho a huelga” de los gremios.
El 15 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó dos proyectos vinculados a la educación pública: por un lado, elevó al Senado la iniciativa que busca actualizar los gastos de funcionamiento y salarios de las casas de altos estudios del país, y por otro, la norma que establece la esencialidad educativa en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó su “satisfacción” por la media sanción del proyecto que, entre otros puntos, compromete al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a actualizar los gastos de funcionamiento, de investigación, extensión, becas estudiantiles y salarios docentes de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En un comunicado, el CIN destacó el trabajo de los legisladores al considerar que “es un enorme reconocimiento” a las universidades nacionales y que “da cuenta” de “la necesidad de un sistema universitario fuerte al servicio de la Nación, un presupuesto para funcionar, salarios dignos para una universidad de excelencia y becas dignas” para las y los estudiantes.
“Agradecemos a las y los diferentes diputados y diputadas, que trabajaron responsablemente para aprobar este proyecto, por su apoyo constante al sistema universitario público que da esperanzas en un año muy complejo, por poder otorgar, finalmente, a la universidad pública la jerarquía y centralidad que la Nación requiere y que la sociedad argentina reclamó en la conmovedora manifestación de apoyo en abril de este año”, indicaron.
Además, el Consejo de rectores se puso a disposición de la Cámara de Senadores y solicitó “el tratamiento urgente” del proyecto para que “se convierta en ley rápidamente”, y poder “revertir con celeridad la angustiante situación salarial que atraviesan docentes y no docentes de las universidades”, y “recuperar la normalidad” en el desarrollo de las actividades académicas.
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios línea Histórica (ConaduH), Francisca Staiti, consideró “auspicioso” y “una noticia bien recibida por la docencia en su conjunto”, la media sanción del proyecto.
“Creo que es el reconocimiento de lo que venimos expresando y comunicando, desde que ocurrió la devaluación en el mes de diciembre, que dejó nuestros salarios muy golpeados y que a lo largo de estos meses lejos hemos estado de poder recuperarlo con los porcentajes impuestos por el por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias”, opinó Staiti en diálogo con AUNO.
Durante el debate, que duró más de 20 horas, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado de la Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, se manifestó en contra del proyecto al sostener que el país no pude permitirse “una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero”, en sintonía con la advertencia del presidente Javier Milei, quien en el cierre del Latam Economic Forum 2024 aseguró: “Cada vez que los degenerados de la política quieran romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo”.
Al respecto, la secretaria general de ConaduH sostuvo que “mientras se ajustan los salarios” y “se impone nuevamente el mal llamado Impuesto a las Ganancias, se reducen los impuestos a los bienes personales”, por lo que consideró que “hay un contra sentido muy grande” entre quienes pagan la crisis y sostienen el déficit cero y “quiénes se siguen beneficiando, ordenando los bolsillos, a costa de las y los trabajadores y trabajadoras”.
“Si realmente el Presidente la veta, no es un argumento el déficit cero contra la universidad pública. La ley contiene un financiamiento para las universidades que hoy es escasísimo porque garantiza solo el pago de servicios de luz, gas y agua, pero hay una infinidad de otras funciones que cumple la universidad que se están viendo afectados por este déficit cero”, puntualizó.
Dos proyectos, entre avances y retrocesos
El segundo proyecto aprobado en Diputados busca garantizar los 180 días de clases a través de un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias, el cual establece un 30 por ciento de presencialidad docente y no docente durante jornadas de paro o huelga entre 24 y 48 horas y un 50 por ciento cuando las medidas superen las 72 horas.
Si bien no alcanza al sistema universitario, Staiti expresó su “preocupación” los argumentos del proyecto que declara a la educación como Servicio Esencial Estratégico, ya que “para cualquier Estado la educación es estratégica”, y consideró que “eso se demuestra a través del presupuesto que necesita la educación para desarrollarse”.
“Presupuesto que hoy, de la misma manera que es el caso en la universidad, es escasísimo en las provincias porque la Nación ha dejado de enviar las partidas que durante años se han hecho: los envíos para infraestructura, para bibliotecas e incluso para salarios como el FONID”, indicó a esta agencia.
En este sentido, la secretaria gremial consideró que la ley “está orientada a cercenar el derecho de huelga, limitarlo con el argumento de la cantidad de días de clases”, y agregó que la guardia docente “lo que garantizaría es que las y los estudiantes estén dentro de la escuela”, pero “no puede garantizar el aprendizaje”.
En tanto, la secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Silvia Almazán, coincidió en que “el objetivo” de la ley es “establecer un cercenamiento del derecho a protesta de los trabajadores y trabajadoras de la educación”.
“Además, traslada un modelo a la educación que si hay que garantizar el 30 por ciento nada más de la presencialidad con toda la población -por ejemplo- en una escuela que tenga 2.500 alumnos o 1.500 como puede tener una secundaria o una primaria, entonces es inaplicable. Esto es solamente para seguir descalificando la escuela pública, para seguir desprestigiando a los trabajadores y trabajadoras de la educación”, apuntó la referente gremial a esta agencia.
Almazán consideró el proyecto se trata de una regulación “sin decir cuáles son las condiciones para garantizar que todos los días haya clases”, y que se avance en “una educación pública de calidad”, y criticó que el Gobierno “está recortando el presupuesto educativo nacional”.
“No está enviando los fondos a las provincias, no envía los fondos para comedores, no está pagando el FONID, y esto representa una reducción del salario de un 20 por ciento; no se han enviado libros, provisión de dispositivos, provisión de computadoras No están enviando. No hay programas de formación para los docentes”, indicó en diálogo con AUNO.
Asimismo, subrayó que «la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación es el Estado nacional y de los estados provinciales”, y si bien “los estados provinciales están cumpliendo”, apuntó que hay una “ausencia” del Estado nacional”.
Para el secretario general de SUTEBA de Esteban Echeverría, Dante Boeri, “nada de este proyecto tiene que ver con mejorar la calidad educativa”, y consideró “no hay ninguna propuesta” por parte del Gobierno de LLA “que tenga que ver con mejorar la calidad educativa”.
“La característica que tuvo hasta ahora el Gobierno fue un ajuste brutal en el tema educación. Nos recortó el 10 por ciento del salario, recortó las becas para los pibes, no mandó presupuesto para las obras de infraestructura, o sea no mandó presupuesto para construir escuelas”, comentó Boeri a AUNO.
Boeri sostuvo que “en el fondo” el proyecto busca “cercenar el derecho a huelga que tienen los sindicatos para impedir que los sindicatos denuncien las políticas del Gobierno”, y recriminó que el Legislativo “toma una decisión que al oído puede sonar como algo correcto”, pero que “en la realidad termina efectivizando un ajuste brutal” como el que atraviesa la educación “con recortes de salario, de presupuesto, de copa de leche, inversión en infraestructura, dejar escuelas por la mitad sin finalizar”.
Los gremios docentes y no docentes universitarios (ConaduH, Conadu, Fedun, Ctera, Fagdut, UDA y Fatun) intensificaron su plan de lucha con 48 horas de protesta y visibilización de las diferentes problemáticas salariales y presupuestarias los días 20 y 21 de agosto sin asistencia a los lugares de trabajo.
AUNO-20-8-24
FM-SAM
