Trasladaron a represores al penal de Ezeiza

La medida la tomó el Servicio Penitenciario Federal para garantizar la salud de condenados por delitos de lesa humanidad que estaban alojados en Marcos Paz. La asociación civil Yo No Fui repudió el hecho por considerar que “vulnera logros alcanzados en derechos humanos”. Hubo una huelga de hambre.

Juan Relmucao

Lomas de Zamora, mayo 30 (AUNO).- La asociación civil Yo No Fui (YNF)consideró que el traslado de represores a la Unidad 31 de Ezeiza “vulnera los logros alcanzados en derechos humanos e igualdad de género” en esa unidad penal. Según informó la organización, el Servicio Penitenciario Federal “desalojó a 40 internas” para darles espacio a “condenados por delitos de lesa humanidad” que estaban en Marcos Paz. Voceros del SPF explicaron que la razón fue “garantizar la atención médica de los internos”.

En diálogo con AUNO, la coordinadora de YNF, María Medrano, precisó que “28 mujeres fueron llevadas a la Unidad 4 de Ezeiza y las restantes 12, extranjeras, trasladadas a la Unidad 13, de La Pampa”.

Ante esa decisión y el rumor de un posible traslado de internas que viven con sus hijos en la Unidad, las compañeras de las mujeres reubicadas iniciaron una huelga de hambre seca que duró hasta que el SPF, a través de un asesor del director Emiliano Blanco, garantizó la permanencia de las madres presas en el penal, informó Medrano.

“La Unidad 31 es una cárcel de mínima seguridad que está acondicionada para alojar mujeres y madres con niños”, explicó, al tiempo que subrayó que “por ley, los genocidas condenados tienen que estar en cárceles de máxima seguridad, sobre todo por las fugas ocurridas en los últimos tiempos”.

Entre los hechos mencionados por Medrado sobresalen los escapes de Gustavo Ramón De Marchi, Jorge Antonio Olivera, Alejandro Lawless y Carlos Alberto Arroyo, todos militares procesados por crímenes cometidos durante la última dictadura.

La seguidilla de fugas, la mayoría ocurridas durante traslados a centros de salud castrenses, provocó que el año pasado el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pasara a retiro a militares sospechados de complicidad y prohibiera que procesados o condenados en causas de lesa humanidad se alojen o sean atendidos en hospitales del Ejército.

Por su parte, voceros del SPF explicaron que la razón de los traslados fue “garantizar la atención médica de los internos” y aclararon que el traslado “no es únicamente para condenados por delitos de lesa humanidad”.

“Como el hospital penitenciario de Marcos Paz es de baja complejidad, se va a habilitar un sector en la Unidad 31 para alojar a los presos que necesiten atenderse en el hospital de media complejidad del penal de Ezeiza”, explicaron.

La Procuración Penitenciaria de la Nación emitió un comunicado en el que criticó la medida: “El traslado intempestivo de alrededor de un centenar de personas no es más que un emergente de un sistema carcelario agotado y superpoblado que utiliza al encierro carcelario como medida cautelar predominante, desatendiendo las consecuencias concretas que impone sobre el cuerpo y la vida de las y los detenidos”.

“¿Por qué el Servicio Penitenciario privilegia los derechos de los genocidas por sobre los de presos comunes?”, retrucó Medrano, quien no dudó en definir la decisión como “un caso de distinta vara” y apuntó contra las autoridades penitenciarias “que encontraron más fácil mover a treinta mujeres en vez de a treinta hombres”.

El debate se desencadenó con la resolución emitida por la Dirección Nacional del SPF el 7 de mayo, un documento que ordenaba “readecuar y utilizar de manera transitoria la Unidad 31 como Anexo Residencial para adultos mayores”.

AUNO 30-05-14
JJR-MDY

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