Familiares y vecinos de los tres jóvenes asesinados por policías de la Bonaerense en la denominada “Masacre de Budge” se movilizaron hacia la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Lomas de Zamora y exigieron el revocamiento de la resolución que habilitó al ex suboficial y principal responsable del triple crímen, Juan Ramón Balmaceda, a cumplir su condena de 11 años bajo arresto domiciliario. “No queremos que esté en su casa, (sino) que cumpla su condena como merecen los asesinos; que se pudra en la cárcel”, reclamó Antonio Olivera, padre de Agustín, que fue asesinado junto a Oscar Aredes y Roberto Argañaraz, en mayo de 1987.
Luego de la movilización, en la que se escucharon cantos de repudio a los asesinos, el abogado de las familias, Alejandro Zimerman, resaltó que “no es justo que Balmaceda cumpla esta condena en su casa” y aclaró que si la Justicia rechaza el pedido, exigirán que se realice “un férreo control de los días que sale, a qué hora vuelve y quién lo acompaña” para evitar que el asesino “pasee por algún shopping”.
El pedido de los familiares de que Balmaceda cumpla su condena en una cárcel común se basó, fundamentalmente, en tres aspectos: que el ex suboficial estuvo prófugo de la Justicia durante nueve años; que si bien es insulinodependiente, no se trata de un enfermo terminal; y en la falta de arrepentimiento que mostró en las pruebas psicológicas a las que se sometió durante el proceso judicial.
Por eso, Zimerman aseguró a AUNO que “no es venganza” lo que buscan sino que es “un pedido de justicia”, que deberá ser respondido por los tribunales lomenses en menos de dos semanas, según estimaron los allegados a las víctimas.
En el mismo sentido, uno de los representantes de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP) Sergio Smietniansky evaluó que “si se tratara de presos comunes (y no de un policía como Balmaceda), seguro que estarían en la cárcel”, y resumió en una frase la “campaña de impunidad” que permitió “irregularidades” en torno a este caso: “La impunidad no se puede premiar con más impunidad”.
Las alteraciones en la investigación no fueron pocas, ya que el primer juicio para esclarecer los asesinatos finalizó en 1990 pero fue anulado por la Suprema Corte bonaerense por “errores técnicos”. Y finalmente, luego de reabrir el proceso judicial, en 1994 fueron condenados Argañaraz y los cabos Isidoro Romero y Juan Alberto Miño –a 11 años de prisión cada uno por homicidio simple— por haber fusilado a Olivera, Aredes y Argañaraz, el 8 de mayo de 1987, en el barrio de Budge.
Sobre el final de la movilización y con el canto de los manifestantes de fondo, Smietniansky reflexionó sobre las causas que convirtieron a la Masacre de Budge en “un caso emblemático de violación de los derechos humanos desde 1983 en adelante” ya que si bien no fue el “primer caso de gatillo fácil”, sí fue “el primero donde todo un barrio se organiza para dar una lucha contra esta nueva política represiva del Estado”, consideró.
“La enseñanza que nos dejó el barrio de Budge es que ante la impunidad hay que organizarse y dar la pelea”, concluyó el referente de CADeP en una jornada llena de expectativas, pedidos de justicia y reivindicaciones.
RCI-PER-AFD
AUNO-29-10-09
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