La puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue recibida por diversas agrupaciones sociales con una mezcla de beneplácito y desconfianza. Señalaron que es un paso importante pero advirtieron que el riesgo con estas iniciativas es el manejo discrecional que podrían hacer los aparatos políticos comunales.
Agrupaciones como la Red por los Derechos de la Infancia y la Juventud de Lomas de Zamora y la Federación Organizaciones de Base remarcaron además que el plan deja afuera a muchas familias que carecen de documentos de identidad y atención sanitaria. Ambas cosas son requisitos que deben cumplir los padres o tutores de los chicos para ser beneficiarios de la asignación.
El decreto anunciado por la Presidenta establece una asignación de 180 pesos por hijo menor de 18 años de familias de hasta cinco chicos. Ese dinero mensual saldrá de la ANSeS y estará destinado a grupos familiares desocupados, que trabajen en negro o bien que perciban un salario inferior al mínimo vital y móvil de 1440 pesos.
En diálogo con AUNO, Marcela Val, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia y la Juventud lomense, calificó el anuncio como “muy importante”, pero sostuvo que “hay que ver cómo se pone en marcha”. Según explicó, las políticas sociales aplicadas en los últimos años son “focalizadas” y eso “deja afuera a mucha gente, sobre todo a los que no son cercanos a la política”.
“No todos los desocupados accedieron al plan de cooperativas de trabajo porque algunos punteros cobran como un peaje para ingresar”, ejemplificó.
Si bien el 20 por ciento del dinero será depositado en una caja
de ahorro a nombre del beneficiario en el Banco Nación y percibido
través de tarjetas magnéticas emitidas por esa entidad, el 80 por ciento restante se abonará “a través del sistema de pagos” de la ANSeS. El decreto no da más especificaciones que esa. El desconocimiento de este último mecanismo de pago sembró dudas en las agrupaciones.
La directora de la fundación Nadina, Silvia Lopepe, coincidió con el espacio lomense y consideró que el manejo discrecional “es un riesgo que se corre” porque “siempre están los punteros políticos en los barrios”. Por su parte, Clara, integrante de la agrupación La Vieja del Andén, de Longchamps, también advirtió que el manejo de la distribución de los planes por parte de aparatos políticos “es un riesgo”.
En la misma línea se manifestó el integrante de la Federación Organizaciones de Base Aníbal Espíndola, quien destacó el anuncio de la jefa de Estado como “muy positivo”, pero reparó que “no está claro” cómo se van a distribuir las asignaciones. “Los planes sociales y el plan de cooperativas están dibujados por los intendentes y los punteros. Se manejan clientelarmente. Esta nueva iniciativa nos genera desconfianza por ese lado”, sostuvo en contacto con AUNO.
MUCHOS “SE QUEDAN AFUERA”
El beneficiario del plan –-que podrá ser sólo uno de los padres o tutor— deberá acreditar su documento de identidad; los controles sanitarios y de vacunación, en el caso de los menores de 5 años; y el certificado de escolaridad para los chicos de entre 6 y 18. Para las organizaciones sociales, estos requisitos excluyen a muchos.
“En Lomas venimos anunciando que en las unidades sanitarias no hay pediatras”, explicó Val, y sostuvo que por eso habrá personas que no podrán presentar los controles de salud. También resaltó que “en las familias más desprotegidas no tienen documentos ni los chicos ni los padres”, por lo que “se quedarían afuera” del plan.
“Para ser universal debería tener en cuenta esas cuestiones y complementarse con nuevas políticas universales de salud y de documentación”, estimó la dirigente de la agrupación lomense en diálogo con AUNO. En esta línea, evaluó que “está muy bueno que se empiece por algo, pero que no se agote ahí”.
En coincidencia con la Red Infantil de Lomas, la agrupación La Vieja del Andén, de Longchamps, consignó a esta agencia que el plan lanzado por el Gobierno “está bueno, pero no alcanza”. Clara adhirió a la idea de que “hay gente que está muy al margen de un montón de cosas y por eso la iniciativa dejaría de tener carácter universal”.
Por su parte, Espíndola consignó que otro “punto débil” del decreto es que para ser beneficiario de las asignaciones “no se puede estar persiguiendo otros subsidios”. Según él, “hay tarjetas alimentarias de 60 pesos. Este programa está planteando que la gente que cobra esos subsidios no puede acceder a este plan y se quedarían afuera”.
POR LA ANSES, NO
Val tampoco se mostró de acuerdo con que los 9.965 millones de pesos anuales que se destinarán al pago de las asignaciones salgan de la ANSeS. “Hay proyectos para realizar un cambio en los impuestos, para que la plata surja de allí”, detalló. En esta línea, sostuvo que “estos son debates políticos muy importantes”, y le apuntó al Ejecutivo nacional: “A lo mejor, el Gobierno no está en las condiciones de abrir este debate. O no lo quiere hacer”.
A su turno, Lopepe coincidió con la Red Infantil de Lomas: “No estoy de acuerdo con que se maneje a través de la ANSeS”, sostuvo a AUNO y recomendó “sacar el dinero de otro lado a través de una modificación impositiva”.
Sin embargo, destacó que “todo lo que se haga en beneficio de los niños, se acepta”, aunque al igual que el resto de las organizaciones remarcó que “se necesitan más planes” que se articulen con el de la Asignación por Hijo, porque “la idea es propiciar fuentes de trabajo”.
PS-AFD
AUNO-30-10-09
