(AUNO-TERCER SECTOR*) El acceso a la información de carácter público es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y convenios internacionales. Por lo tanto, hacer pública la información en manos del Estado no es una concesión de un gobierno sino una obligación de todo sistema que obedece un mandato constitucional.
Sin embargo, en la Argentina no hay una legislación que puntualice la aplicación de ese derecho, por lo cual cuando un ciudadano quiere acceder a él debe dirigirse a la justicia. Los motivos por los que una norma al respecto debe aprobarse se entroncan con varios derechos fundamentales y, en diálogo con AUNO-Tercer Sector, expertos en el tema explicaron algunos de ellos.
El presidente de Poder Ciudadano, Mario Rejtman Farah, fue elocuente a la hora de dar algunas razones que hablan de la necesidad de la ley: “La primera, es que el derecho a la información está comprendido dentro del derecho a la libre expresión de las ideas. Y en un sistema democrático la ciudadanía se autogobierna a través de sus representantes a fin de poder tomar decisiones. Entonces, la comunidad política debe contar con la mayor cantidad de información que sea posible brindarles, lo cual resulta asegurado por medio de la protección de la expresión”.
Para Rejtman Farah, una sociedad informada de los actos de gobierno es indispensable: “Hay necesidad de una ciudadanía informada como precondición para el funcionamiento del régimen democrático. No hay libertad de expresión si no hay libertad de información”, insistió.
En segundo lugar, el titular de Poder Ciudadano justificó su existencia “porque garantiza y permite la participación. ¿Qué sentido tiene invitar a la ciudadanía a participar en el debate de cuestiones públicas si no se la da la posibilidad de contar con información?”, cuestionó.
Otro argumento válido para Rejtman sostiene que “es un elemento del sistema republicano de gobierno. Mucho se habla del problema de la corrupción y lo que garantiza el derecho a la información es el control de los actos de gobierno”.
Además, según Rejtman, la ley es necesaria “porque el Estado produce, clasifica y almacena información con los impuestos que pagan los ciudadanos, de manera que lo que el Estado posee es propiedad de todos los que forman parte de la comunidad política. Y también tiene el valor de garantizar el acceso de peticionar a las autoridades públicas”, precisó.
Por su parte, Eugenia Braguinski, coordinadora de Acceso a la Información en el Cippec, estuvo presente en varias reuniones realizadas entre legisladores y miembros de ONGs para su diseño y tratamiento. Con esa experiencia argumentó: “El proyecto aprobado por Diputados dice todo lo que tiene que decir y cumple con todos los estándares contemplados en pactos y convenios internacionales. Apoyamos lo que se votó (en la Cámara baja), aunque entendemos que es perfectible sólo en cuestiones mínimas, por ejemplo, en terminologías. Obviamente, como toda propuesta, cuanto más se la analice se puede mejorar. Y si no es ésta la que se vote, que sea otra que cumpla con mismos los estándares y que fueron puntualizados en el documento de requisitos mínimos elaborado por las organizaciones.
Por su parte, el titular de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción y encargado de la construcción de la propuesta, Nicolás Raigorodsky evaluó dos aspectos: “Por un lado está el beneficio del proceso participativo que se mantuvo a través del tiempo, porque el proyecto aún cuenta con el apoyo de los sectores involucrados en su elaboración. Es un tema que a nivel mundial ya forma parte de las agendas de Estado y (tiene raíz) en los derechos humanos más básicos. Suponemos que, en la ciudadanía, va a producir cambios participativos en lo inmediato y muchos otros más cambios en el mediano y largo plazo.”
El rol de las organizaciones sociales fue de tal relevancia que en momentos en que la propuesta corre el riesgo de perder estado parlamentario logró dinamizarla. A tal punto que altas autoridades nacionales comprometieran su apoyo. Pero la responsabilidad del sector social no termina allí. “La tarea que queda a la sociedad civil –afirmó Rejtman- es que la ley se sancione y que la ciudadanía se apropie de ella, del mecanismo, de la herramienta y que la utilice; con lo cual expandir su uso va a ser todo un desafío”.
El proyecto de ley de Acceso a la Información fue elaborado entre otros, por Fundación Ambiente y recursos Naturales (Farn), Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
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*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector
