Piden a la Municipalidad de Lomas que participe en una red por los derechos de la infancia

Son poco más de mil los niños y jóvenes judicializados en Lomas de Zamora. Institutos y centros de atención son los lugares donde se los priva de su libertad por cuestiones penales o asistenciales. Una red conformada por ONGs reclama la participación de la Municipalidad para completar la conformación de un dispositivo institucional previsto por la ley de infancia.

“En los últimos años se han incrementado los casos de adicciones, maltratos y abusos contra niñas y niños”, lamentó el director del Departamento de Protección a la Niñez de la región sur bonaerense, Miguel Fernández. La afirmación del funcionario se enmarcó en una charla que mantuvo con Auno respecto de la conformación del Sistema Local de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que deberá entrar en vigencia en 2007 para dar cumplimiento a la nueva ley de protección a la infancia y así mejorar las condiciones en que se encuentra los 1100 niños y jóvenes de la comuna judicializados.
Para que el objetivo fundamental de la nueva ley de infancia se concrete es indispensable la creación de tres organismos: los servicios de Protección Integral o centros locales; el Consejo de Infancia, integrado por ONGs, universidades, colegios de profesionales, ministerios de Educación, Salud y Deporte, entre otros; y el Observatorio de Políticas Publicas, órgano que funciona a nivel nacional.
Durante 2005, fueron ingresados al distrito judicial de Lomas de Zamora 1119 chicos a hogares de tránsito, de los cuales 320 son niños y niñas de hasta 9 años, 483 son preadolescentes de 10 a 15 años, y 316 adolescentes de 16 a 21 años.
Con la creación de los Centros Locales, se pretende que en lo posible el chico no sea separado de su hogar y su familia, y que sean las instituciones quienes salgan a su encuentro y no transiten por el derrotero de la casa a la escuela, y luego al tribunal de menores para su posterior internación.
El asesor legal del Centro de Participación monseñor Enrique Angelelli, José Luis Calegari, explicó que el eje del conflicto gira en torno de que “todas las políticas sobre infancia locales serán tratadas por el Consejo de Infancia”, lo cual cambiaría totalmente el rol que hasta hoy cumplen los Tribunales de Menores.
“Estamos intentando que la Municipalidad adhiera” a la propuesta y ocupe su vacante vacía desde la creación del espacio en Lomas, afirmó Marcela Val, miembro de la Red por los Derechos de la Infancia local y vicepresidenta de la Fundación Che Pibe.
La mujer afirmó que hace dos meses, los miembros de la red mantuvieron una reunión con el subsecretario de Desarrollo Social lomense, Gonzalo Calvo, quien les habría comunicado que “la decisión de no adherirse (a ese espacio) se debía a la ‘falta de recursos del gobierno provincial’”.
Sin embargo, “la adhesión de las municipalidades a la conformación de los Consejos Locales es una decisión política, no presupuestaria”, dejó en claro Miguel Fernández.
Según el funcionario provincial, desde el año pasado los distritos bonaerenses reciben 4 mil pesos para hacer viable la conformación de las redes locales que garantizan la efectividad de la ley, a la vez que explicó que esa nueva norma pretende “cambiar la forma de intervención del Estado con respecto al destino de los niños derivados”.
En caso de que los funcionarios municipales no participen de la conformación de los consejos, legalmente sería la Provincia la encargada de cumplir el rol del gobierno local y así sostener los centros locales y formar el Servicio de Protección Integral en el distrito.
Calegari explicó que con la “ley de patronato” los menores de 18 años en situación de víctima o victimarios eran derivados a un juzgado de menores. Y que sin distinguir entre causas penales (en las que el niño está involucrado en algún delito o es victima de uno) o asistenciales (en las que sufre de alguna situación de desprotección), podían ser enviados a un instituto de menores con privación de su libertad.
Sin embargo, la nueva ley contempla una distinción entre el “niño que comete un delito” y el “niño víctima de un delito”. El primer caso derivaría en una cusa penal, continuaría bajo la jurisdicción de los juzgados de menores pero con una diferencia fundamental en comparación con la vieja ley: el niño tiene derecho a defensa, como en un juicio de adultos.
El niño víctima de delitos o de lo que se conoce “como cusas asistenciales” será derivado a los servicios de protección integral donde las instituciones de la zona que conforman la red serán las encargadas de garantizar que goce de todos sus derechos sin ser separado de su hogar.
En Lomas de Zamora la Red está integrada por un colectivo de treinta organizaciones sociales dedicado al trabajo con niñez y adolescencia que hace un mes comenzó un trabajo de formación de los futuros actores sociales que intervendrán en el Sistema Local de Promoción y Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En diálogo con Auno, el subsecretario de Desarrollo Social de la comuna lomense, Calvo, confirmó que el municipio “no adhirió” a la propuesta de las ONGs, pero se negó a dar mayores explicaciones.

JC-AFD

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