No condenar a las víctimas de trata por delitos cometidos durante su cautiverio como tampoco argumentar el consentimiento de las maltratadas para que la justicia libere a su proxeneta son algunas de propuestas del nuevo proyecto de ley contra el tráfico de personas que la Organización Internacional de Migraciones (OIM) salió a respaldar. Mercedes Assorati, su representante regional, resaltó la necesidad de que los legisladores debatan con “urgencia” el tema.
Se trata de una propuesta impulsada por la diputada Stella Maris Córdoba que establece la creación de un programa de asistencia para las víctimas de explotación y tipifica el delito con penas de hasta 20 años de prisión. Con éste ya son cuatro los proyectos que aguardan para su tratamiento en el Congreso de la Nación y buscan con diferentes matices legislar sobre el tercer negocio ilícito en el mundo, después del tráfico de drogas y el lavado de dinero.
La demora en el debate es una de las preocupaciones de la OIM, que observa cómo el calendario legislativo empieza la cuenta regresiva. “No queremos que pase lo mismo que con el proyecto de la diputada (María Elena)Barbagelata que, finalmente, no se trató en los plazos correspondientes y pasó a archivo”, advirtió. “Lo importante es que se legisle ya”, sostuvo Assorati, coordinadora del área de fortalecimiento institucional de la organización.
Assorati enumeró los puntos de avances que tiene la iniciativa presentada la semana pasada en comparación con las otras propuestas. “Este proyecto, a diferencia del presentado por (María Cristina) Perceval y (Alicia) Kirchner, deja en claro que no se tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima para que se condene o no el delito”, remarcó. También define que las víctimas no pueden ser condenadas por delitos vinculados a la migración, la prostitución o cualquier infracción a la ley como resultado de su situación de esclavitud.
”Con estos dos artículos, los proxenetas no se ampararían más en el sí viciado de hombres y mujeres que empujados por el hambre se embarcan sin saberlo en una empresa en la que el maltrato será la única paga, ni tampoco se debería pagar multas por las inmigrantes ilegales que son rescatados de las manos de sus explotadores y enviados de regreso a sus países de origen”, explicó.
Además, el proyecto prevé el resguardo de las víctimas en el Programa de Protección de Testigos, que en la actualidad sólo alcanza a causas vinculadas con el tráfico de drogas, y contempla la posibilidad de que los damnificados extranjeros permanezcan en el país si así lo desean.
“Según un estudio elaborado por la OIM el año pasado, de 500 casos de tráfico registrados en el país, el 52 por ciento eran víctimas paraguayas. Pero sabemos que son más. Hay avisos personales en los diarios donde se ofrecen muchas personas extranjeras”, comentó.
La iniciativa crea la Secretaría para la Prevención, Protección y Asistencia del Delito de Trata de Personas, organismo que dependería de Presidencia y tendría la función de implementar diferentes programas en coordinación con los ministerios.
Assorati objetó del proyecto la escasa participación que le otorga a las organizaciones como la que ella representa. “No sólo se tiene que llamar a las ONG sino a las organizaciones intergubernamentales como la OIM que es la única que brinda asistencia directa a las víctimas”, remarcó.
