Primer episodio: más de 2.500 personas llegan a la localidad bonaerense de Monte Grande con la intención de instalarse en un predio fiscal que, al momento de su ocupación, pasa a denominarse “asentamiento Nuestras Malvinas”. Segundo episodio: una tarde cualquiera llega al barrio de Transradio –también en Esteban Echeverría- una orden de desalojo del asentamiento “El Gaucho”; la resolución es clara, la Justicia intima a desocupar el predio en un plazo de 48 horas. Tercer episodio: casi 300 familias que viven en el asentamiento “Villa Inflamable”, en Dock Sud, serán relocalizadas dentro de dos años en viviendas que se construirán en un predio en Sarandí, partido de Avellaneda, cerca de la autopista Buenos Aires-La Plata.
Las cifras son elocuentes. Según un informe realizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires en los últimos cinco años se triplicaron las villas en 24 distritos del conurbano. De 385 asentamientos registrados durante el censo 2001 se pasó a más de 1.000. Y la cifra de 638.657 habitantes registrados, casi se duplicó y son 1.144.500 los que actualmente residen en asentamientos.
Los dos argumentos en los que se fundaron los vecinos de Nuestras Malvinas que criticaron el asentamiento ubicado frente a su barrio giraron en torno de lo que el vecino Daniel Campoamor resumió: “Pedimos la posibilidad de reubicar a esta gente en otro lugar. No son carenciados los que ocupan esos terrenos, sino aprovechadores que cobran para ingresar al lugar. Seguramente habrá gente de escasos recursos, pero hay cosas turbias ahí”. Además, agregó, “no queremos que este humilde barrio se convierta en un aguantadero de ladrones o centro de drogas”. Lo dicho por Campoamor es parte de las disputas desatadas entre antiguos residentes y los nuevos habitantes, un hecho frecuente durante las tomas de tierras.
Según la arquitecta Daniela Szajnberg, investigadora sobre planificación urbana y regional, “hay muy poca solidaridad de los vecinos que en general. Sectores de clase media, e incluso medio-baja, casi siempre se oponen a la instalación de asentamientos en sus barrios, presumiendo que los potenciales pobladores serán grupos delictivos o de costumbres muy contrapuestas a las de su vecindario. Y en esto el Gobierno está muy lejos de contribuir porque no ha realizado campaña alguna para la solidaridad interterritorial y vecinal”.
Luego de la ocupación del asentamiento, en muchos casos llega la orden de desalojo. Una denuncia de algún vecino o el reclamo de las autoridades municipales ante la Justicia provoca que una orden de desalojo llegue a las puertas de los asentamientos en cuestión de días. Esto desencadena el paso posterior: la movilización de los ocupantes que, por lo general, eligen como vía de protesta los cortes de ruta.
Esa fue la decisión que tomaron los más cien habitantes que habían ocupado el predio “El Guacho” en la localidad de Trasnradio, de Esteban Echeverría. Siete horas fueron las que duró el bloqueo de Camino de Cintura, una ruta que comunica la Capital Federal con la provincia.
“Hicimos un corte (de ruta) por indignación y desesperación. Desde hace un mes estamos alojados en un predio ubicado que estaba abandonado, repleto de basura y que nadie reclamaba; resulta que ahora, por una orden de la jueza Marisa Salvo, nos piden que desalojemos lo que construimos en un mes.” El que explica esta situación es Omar Caceres, uno de los vecinos del asentamiento El Gaucho, que exigió el pasado 29 de agosto por la intervención del subsecretario de Tierras y Hábitat Social, Luis D`Elía.
D`Elía estuvo con esos vecinos. Su intervención siguió una lógica frecuente: la inserción de los habitantes de predios en los planes habitacionales que se articulan desde la Secretaría de Tierras y Viviendas de la Provincia de Buenos Aires con cada municipio.
En el partido de Esteban Echeverría, epicentro del conflicto por los asentamientos “Nuestras Malvinas” y “El Gaucho”, se están construyendo unos 1990 hogares, mediante el Plan Federal de Viviendas.
Este programa es el que han impulsado – actos políticos mediante- en varios municipios del conurbano el presidente Néstor Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.
Las asociaciones dedicadas al problema habitacional aseguran que los mismos planes oficiales de vivienda han incluido las claves de su deficiencia.
Otro de los problemas que surgen es la desproporción entre los ambiciosos planes estatales y las reales posibilidades de su ejecución. Señala Ojeda que “los mega planes anunciados para la construcción de viviendas en el Conurbano contrastan con una realidad irresuelta. Por ejemplo, de las 43 mil viviendas anunciadas para construir en el plazo de dos años, solamente 214 han finalizado sus obras y 19.231 están proyectadas”.
Las explicaciones de los ocupantes de los asentamientos también contrastan con las versiones oficiales. “El Gobierno nacional nos ofreció tierras en otro lugar, pero el problema es que la gente se siente discriminada porque en el barrio Nuestras Malvinas van a hacer viviendas pero no son para nosotros, que somos hijos de Echeverría”, contó una vecina, madre de cinco hijos y sin hogar.
El último episodio de esa secuencia repetida culmina con la reubicaciòn de los ocupantes en un predio fiscal, también en el sur del Conurbano. Algo similar ocurrió con los habitantes del Villa Inflamable, que no sólo tuvieron que convivir durante mucho tiempo con contaminación que produce el Polo Petroquímico de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, sino también padecer la falta de todo tipo de servicios básicos, como gas, luz, agua, cloacas.
Las denuncias presentadas por los vecinos, que se organizaron mediante asambleas y foros para unificar sus demandas provocaron que se declarara la zona en “estado de emergencia” y que, en consecuencia, se garantizara que en dos años se trasladaría a las 800 familias damnificadas a un terreno que el Estado bonaerense compró en las adyacencias de la autopista Buenos Aires-La Plata, en Sarandí.
La activa participación y unificación de los vecinos fue el factor esencial para que esta situación llegara a buen puerto. Para Szajnberg, “lo mejor es apoyarse en las ONG de los barrios y no desarraigar a la gente. La inversión estatal en viviendas populares resultaría más efectiva si incluyera la participación activa de los beneficiarios”.
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