La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño incorporada a la Constitución Nacional en 1994 sólo es un texto con “bellas palabras que se alejan de la realidad”, coincidieron diferentes organizaciones sociales del conurbano que se dedican a promover los derechos infanto-juveniles. Señalaron al Estado como el principal responsable por “no garantizar a todos los chicos sus derechos ni los mecanismos necesarios para exigirlos, dejándolos así en una situación de vulnerabilidad”.
“Desde nuestra organización podemos ver que los chicos tienen un 90 por ciento de sus derechos vulnerados. Tratamos junto con los chicos de entender qué es lo que sucede, es decir, cómo es que en un país productor de alimentos puede haber chicos que no tengan para comer”, comentó Luis Aranda, miembro de La Vieja del Anden, una organización de la localidad Longchamps, de Almirante Brown, que trabaja todos los sábados con pibes en las estaciones de Burzaco, Temperley y Adrogué.
Tampoco se les cumple el derecho a la educación, “porque a pesar de que concurren a la escuela, la educación que reciben no es a acorde para garantizarles un futuro”, sentenció Aranda.
Según cifras oficiales, hace 5 años atrás morían cien chicos a diario por causas evitables vinculadas a la desnutrición, el hambre y la pobreza en que estaba sumergida la sociedad por el contexto político y económico que generó la falta de trabajo de los jefes de familia y la precarización laborar.
Para muchos, esta situación no cambió. “Hoy, el Gobierno y UNICEF dicen que mueren 25 chicos menores de un año por día. Si bien, se puede interpretar que bajó la tasa de mortalidad infantil, lo que queda entre líneas es que también bajó el límite de edad establecido para realizar los relevamientos”, señaló en diálogo con AUNO Sergio Val, referente de la agrupación “Che Pibe” de la localidad de Fiorito, Lomas de Zamora.
La propuesta de “Che Pibe” plantea su trabajo en dos ejes principales: el primero basado en una actividad pedagógica-educativa para promover en los pibes otra mirada del mundo, y el segundo tiene que ver con informar a los chicos sobre la importancia de la plena aplicación los derechos infanto-juveniles para que luchen por ellos, es trabajar con obras de reivindicación barrial que abarcan a temas sociales “de salud y educación para que los chicos aprendan que organizados y trabajando pueden hacer valer sus derechos y logran cambios positivos en la población”, relató Val.
“Desde la Vieja del Andén tratamos de enseñarles a los chicos cuáles son sus derechos y que ellos tienen voz para reclamarlos, ya que son sujetos de derecho, y por eso está bien reclamarle a la maestra por mayor educación y mejor atención en un hospital”, argumentó Aranda y denunció otra problemática: “La sociedad ejerce una represión con los chicos cuando un patrullero se los lleva detenidos sin motivo, cuando en los hospitales los hacen esperar horas o cuando una maestra en la escuela no escucha sus reclamos”.
De los chicos perdidos en el territorio bonaerense, según se informó en los últimos días, el 61 por ciento tiene entre 13 y 17 años, hay un 8 por ciento que de hasta 6 años y más del 60 por ciento son mujeres. Además, de los 3.294 casos denunciados desde 2000 a la fecha, cerca del 70 por ciento son de la provincia de Buenos Aires y apenas un 9 por ciento del interior del país.
“El Estado tiene que proponer un plan de políticas serias que preserven los derechos de la niñez”, demandaron las organizaciones consultadas y argumentaron que “las secretarías y defensorías relacionadas con la niñez y la juventud que se ocupan del conurbano no brindan fácilmente información a las agrupaciones de la sociedad civil que asisten a familiares de las víctimas y ni siquiera trabajan en red entre ellas”.
El referente de La Vieja del Anden considera que “los derechos de la infancia son los más vulnerados ya que los chicos no tienen los medios materiales para reclamar, no pueden manifestarse, ellos son reprimidos y silenciados. Cuando un adulto siente que sus derechos fueron vulnerados, tiene los medios para reclamarlo. Los chicos no tienen esa posibilidad un niño durmiendo en la calle esta pidiendo a gritos, pero en silencio por sus derechos”.
Según las organizaciones del sur del conurbano, el Estado continúa resolviendo los problemas de los chicos con leyes de minoridad, lo cual implica no salir de la mentalidad propuesta por la ley de Patronato de Menores o “ley de Agote” 10.903 —revocada en 2005 por violar los postulados y principios de la Convención— y las normativas vigentes como las leyes 22.278/22.803 del Régimen Penal de Minoridad.
“Desde el Patronato Liberado Bonaerense trabajamos para coordinar y ejecutar a través de las dependencias del territorio de la provincia de Buenos Aires, las políticas, planes y programas contemplados en la Ley de Ejecución Penal provincial y los aprobados por el Ministerio de Justicia, destinados al control de las obligaciones impuestas judicialmente a los pibes”, comentó Mónica Leis, quien también colabora con el Foro Social y Educativo Pablo Freire, en el que trabaja con chicos en Cañuelas, Ezeiza, Lanús, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Lomas de Zamora.
“Trabajamos con el fin de contribuir a mantener la paz social y evitar la reincidencia en los chicos preservando sus derechos y concienciando a la población para que no los discriminen por haber estado en un instituto de menores, pero es muy difícil”, concluyó Leis.
AAF-YSV-AFD
AUNO-08-08-08
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