“Las prácticas represivas de los setenta siguen existiendo”, sostuvo la abogada Guadalupe Godoy, querellante en el juicio al ex represor y director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz, en el que Jorge Julio López era uno de los principales testigos. Con su desaparición, se volvió a instalar “la práctica de secuestros de personas por motivos políticos” en democracia, que impidió que la sociedad terminara de elaborar el significado de los años de plomo que Argentina atravesó entre 1976 y 1983.
El 18 de septiembre de 2006 fue el último día que se vio en La Plata al ex militante de la agrupación Montoneros. Desde entonces, los organismos de derechos humanos volcaron la responsabilidad de su desaparición en sectores de la Policía provincial vinculados al militar que estaba siendo investigado.
En diálogo con AUNO, la integrante de la organización Justicia ya! y del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos insistió en la presencia de un Estado nacional y provincial “inactivos” y un aparato policial “responsable del secuestro” de López.
-Durante los dos años que pasaron se dieron a conocer diversas hipótesis sobre lo que pudo ocurrir ese día. ¿Sigue firme su postura de que un sector de la Policía bonaerense estuvo involucrada en el secuestro?
-Sí. Consideramos a la (Policía) Bonaerense como uno de los sectores que pudo haber intervenido. Si no, no se explica por qué aplastó la investigación durante un año y medio.
-¿Esta responsabilidad se relaciona con la permanencia en la Policía de agentes que cumplieron funciones durante la dictadura?
-Por un lado sí, tiene que ver con esos sectores. Pero también hay que observar que López desapareció en un momento en que la Policía estaba siendo cuestionada. Acá hay intereses concretos, no sólo ideológicos, sino también económicos, y esto tiene mucho que ver con el negocio de la inseguridad que podía comenzar a ser desbaratado si se continuaba esa línea de investigación a genocidas. Por ejemplo, el caso de agencias de seguridad privadas que son manejadas por represores.
-¿Las purgas que se llevaron a cabo al tiempo de iniciado el juicio sirvieron para desbaratar estos cuadros cuestionados en la Policía de la provincia?
-Las purgas no se llevaron a cabo para ralear a sectores que seguían trabajando desde la dictadura. Cuando nos entrevistamos con (el ex ministro de Seguridad bonaerense León) Arslanián, nos dijo que no podía dejar fuera de función a policías que en los setenta eran muy jóvenes. Pero ellos también se desempeñaron en centros clandestinos de detención. Entonces, es claro que lo que no se puede poner en juego es la gobernabilidad de la fuerza.
-¿Entonces, el mismo Gobierno está subordinado a estos sectores, porque no puede llevar a cabo esta clase de decisiones?
-Este Gobierno tiene un tramo largo entre el discurso y la práctica, le falta la decisión de ir a fondo en temas como éste que la sociedad necesita elaborar. Debería meterse en serio con el aparato represivo, porque sigue funcionando. En los setenta, perseguía a militantes políticos que buscaban un nuevo modelo de país. Ahora el blanco son los chicos pobres y morochos del Conurbano, por medio del maltrato en las comisarías y el gatillo fácil. Las prácticas represivas de los setenta siguen existiendo.
-Así como en los setenta se manipulaba la información y el mensaje de la realidad que llegaba a la sociedad, ¿usted cree que la desaparición de López es un indicio de que estos mecanismos siguen presentes también desde lo simbólico?
-Sí, la desaparición es un mensaje no sólo para los testigos (del juicio al ex represor Miguel Etchecolatz), sino también para los demás actores que intervienen en situaciones de este estilo. Es un mensaje para los organismos de derechos humanos y para el Poder Judicial y político, que en ese momento no actuaron. Todavía, desde lo social, estamos dimensionando los efectos de las situaciones de desaparición, de esa práctica atroz de la dictadura que es la desaparición de personas. Recién cuando la sociedad estaba comenzando a elaborar el significado de ello, desaparece López y se vuelve a instalar esa práctica. Y la reacción fue la misma que en los setenta, porque no bien desapareció se empezó a dudar de la víctima, del hecho, de los organismos de derechos humanos. En fin, se buscaron excusas para evitar aceptar que en democracia había desaparecido una persona por motivos políticos.
-A dos años de la desaparición, ¿qué sostiene acerca de cómo y dónde esta Jorge Julio López?
-El cómo y el dónde no lo tenemos que responder los organismos, más allá de nuestras posibles elaboraciones subjetivas; lo tiene que explicar el Estado. Nosotros pedimos su aparición con vida. Durante el juicio exigimos que se apunten a sectores de poder, pero esta Justicia no está dispuesta. Las explicaciones las tendrá que dar el poder nacional y provincial, que no asumieron en ese momento su responsabilidad política.
MNL-MFV
AUNO-17-09-08
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