A dos años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en varios de los “Juicios por la Verdad” realizados entre 1999 y 2006, una ex compañera de militancia y testigo del caso, Nilda Eloy, junto a la abogada querellante, Guadalupe Godoy, coincidieron al denunciar que el Gobierno “hace rato dejó de tomar cartas en el asunto” y consideraron que “la causa está bajo condiciones de inoperancia”. Esta crítica fue contundente pese a que ambas reconocieron el logro de haber separado a la Policía bonaerense de la causa, en abril de este año, y el cambio de carátula a la figura de “desaparición forzada de persona”.
López fue un testigo clave que aportó información contundente a la causa para que se condenara a prisión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz, el 19 de septiembre de 2006. Sin embargo, no pudo ver el resultado de su colaboración, dado que desde el día de los alegatos del procesamiento –18 de septiembre- que no se sabe nada sobre su paradero.
A partir de entonces, distintas organizaciones sociales pusieron en marcha su búsqueda bajo la consigna “aparición con vida” y exigieron a la Justicia que la causa fuese caratulada con la figura de “desaparición forzada de persona”.
Esto lo lograron a los 22 meses de abierta la causa, en abril de 2008, cuando el tribunal a cargo del juez federal Arnaldo Coraza dictaminó que la Policía bonaerense debía ser desafectada de la investigación de López por “inoperancia manifiesta”.
Este episodio se produjo luego de la presentación ante la Justicia de acciones legales y petitorios por parte de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), agrupaciones como Justicia Ya! y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
También quedaron excluidos de la causa la jueza Alicia Di Donato por haber formado parte de la bonaerense entre 1978 y 1990 y el juez Alberto Duran -a quien se lo vincula con el mismo organismo de seguridad durante los años más oscuros de la Argentina.
No obstante, Nilda Eloy, detenida-desaparecida entre 1976-1978 y otra de las testigos clave junto a López, declaró a AUNO que las resoluciones judiciales dadas a conocer en abril fueron “lo único y más importante hasta el momento, porque no se está investigando nada”.
Asimismo, acusó a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) de “no tener predisposición” a la hora de encontrar el paradero de López, razón por la cual “la causa se encuentra bajo condiciones de inoperancia”.
Eloy concluyó que “hace rato que el Estado dejó de tomar cartas en el asunto”, al considerar que sólo se hizo “una gran campaña al principio como si se tratara de un perrito perdido”.
La ex militante basó su fundamento en el “muy bien visto” discurso oficialista, que “se basa en los sucesos de hace treinta años” pero no cuestiona lo que sucede en la actualidad: “Criaturas que mueren por causas previsibles también es una violación a los derechos humanos”.
Eloy afirmó que “vuelven sobre lo ya hecho” y explicó que “no sólo se tardó en conformar un grupo de fuerzas federales”, sino que además se “desvirtuaron” los hechos, ya que “hay una causa que incluye a los familiares y al entorno con el que se manejó López desde 1999”, cuando comenzó con sus testimonios en los juicios contra los represores.
También, Eloy calificó el rol de los medios en la sociedad como “funcional” dependiendo de su postura política y aseguró que “por más de que se haya intentado tapar (esta desaparición)” en La Plata cada 18 de septiembre, sin convocatoria previa, se hace una marcha que pone en evidencia que a la sociedad “le duele y le cuesta asumirlo”.
CP-MFV
AUNO-17-09-08
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