Lomas de Zamora, diciembre 28 (AUNO).- La vulneración de derechos de los más chicos se agravó durante el último año. Según se desprende de datos publicados por el INDEC a fines de septiembre, la mitad de los chicos y chicas de hasta 14 años es pobre, mientras que para Unicef el 30 por ciento es “multidimensionalmente pobre”. La Correpi denunció que desde la llegada del macrismo a la Casa Rosada se intensificó el “brazo represivo de las fuerzas de seguridad”: aumentaron siete veces las denuncias en ese organismo y en 2016 se registró una muerte cada 25 horas a manos de las fuerzas de seguridad.
Varios referentes de organizaciones sociales que trabajan con la niñez dialogaron con AUNO y coincidieron en que, en su primer año de gestión, el gobierno de Mauricio Macri tomó una serie de medidas que “profundizaron la situación (de vulnerabilidad) de niños y niñas en todo el país”.
Estas decisiones van desde la política económica (devaluación y aumento de tarifas de transporte y servicios públicos), empleo (despidos en el sector público con correlato en el privado) y seguridad (más policías en barrios marginados y aumento de la violencia institucional, en gran medida ejercida sobre los más chicos).
Una de las cuestiones que afectan desde el Estado a la situación de la infancia es el vaciamiento de programas y puestos de trabajo con los que se implementaban políticas orientadas a la niñez. Según explicó Omar Giuliani, miembro de la organización de Ruca Hueney y referente del colectivo Niñez y Territorio, la pérdida de empleo “afecta directamente a las políticas orientadas a los chicos”, porque recorta los ingresos a una familia.
Si bien Giuliani reconoció que los controles sobre los convenios que el Estado tiene con organizaciones sociales de infancia se volvieron más estrictos, aclaró que los acuerdos firmados en 2014 aún están vigentes y que por el momento no fueron afectados, ya que tienen una vigencia de dos años y deberán ser renovados en los próximos meses.
DIMENSIONES DE LA POBREZA
La organización internacional Unicef publicó en mayo de este año un relevamiento sobre la “pobreza multidimensional” en Argentina. El estudio reveló que el 30 por ciento de los chicos y chicas de hasta 17 años se encontraba bajo el índice de pobreza mientras que un 8,4 por ciento era considerado “extremadamente pobre”.
La totalidad de variables que contempla el estudio se divide en diez dimensiones: Nutrición, Salud, Educación, Información, Saneamiento, Vivienda, Ambiente, Violencia, Trabajo, Juego e Interacción.
La diferencia de este estudio con, por ejemplo, el índice publicado por el INDEC es que no se basa exclusivamente en el nivel de ingresos que percibe un hogar, sino que analiza 28 indicadores de privación que detectan carencias materiales y emocionales que impiden el “desarrollo integral” de los chicos.
Según este relevamiento, 4 millones de niños y niñas sufren “pobreza multidimensional”(sufren en promedio 5,7 de las 28 privaciones que analiza el estudio) mientras que la situación más delicada abarca a poco más de un millón de chicos que se encuentran bajo la línea de “extrema pobreza” al estar privados de 8 indicadores.
VIVIENDA DIGNA
Un grupo de chicos de entre 4 y 10 años juega en uno de los pasillos de la villa Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Corren de acá para allá en una cancha improvisada sobre las vías del tren. De repente, un grito de aviso suspende el partido. Cada uno se refugia donde puede: la entrada de una de las casas, un pasillo angosto o algún recoveco de una obra en construcción. Después de unos bocinazos de advertencia pasa un tren carguero por donde hace instantes se estaba jugando el partido y que encastra perfecto en el hueco que hay entre las casas que dan a las vías.
A pocas cuadras de ahí, del otro lado de la avenida Iriarte, otros cazan pajaritos con sus gomeras en el predio donde funcionan dos plantas de la empresa estatal Ceamse: una se dedica a la clasificación y la otra al tratamiento de residuos.
Según el último censo realizado por el INDEC en 2010, en la Ciudad de Buenos Aires había 163 mil personas viviendo en asentamientos y villas de emergencia, mientras que en 2013 la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI) del gobierno porteño publicó una estimación oficial de 275 mil personas.
Sin embargo, y a pesar de que la cantidad casi se duplicó, en los últimos nueve años el presupuesto de la gestión del PRO destinado a la urbanización de villas fue menos del 1 por ciento del total.
El movimiento popular La Dignidad, que integra la Corriente Villera Independiente, mantiene hace varios años la lucha por conseguir la “urbanización con radicación” de las familias que viven en las villas de la Capital Federal.
Nahiara Gaspes, miembro de esa corriente y educadora del jardín comunitario Teresa Rodríguez, opinó que “la cuestión habitacional y la vivienda está muy afectada” por el crecimiento de las villas y el “empeoramiento de las condiciones de vida que afectan directamente el aprendizaje y desarrollo de los pibes”.
Los jardines comunitarios, además de acompañar la trayectoria pedagógica de los chicos, brindan contención a las familias.
“No es casualidad. Para nosotros es un indicador, una consecuencia de voluntades y decisiones políticas que se toman para favorecer a un sector determinado y empeorar la calidad de vida del resto”, consideró la referente del jardín que forma parte del movimiento popular La Dignidad.
PUÑO DE HIERRO
A partir del 10 de diciembre de 2015 se presentó una situación que no ocurría desde el menemismo: la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y el gobierno nacional en manos de una misma alianza política. Para la abogada y referente de la Correpi, María del Carmen Verdú, esto representa “un puño de hierro dirigiendo todo el aparato represivo”.
El año pasado, cuando se confirmó la victoria de Mauricio Macri en el balotage del 22 de noviembre, la organización había anticipado que Argentina se iba a convertir en un “país militarizado” por las políticas de seguridad que había adoptado desde 2007 el gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.
En el relevamiento anual de la Correpi se revela que cada 25 horas hubo una muerte causada por las fuerzas de seguridad, y que en su mayoría las víctimas fueron jóvenes de entre 15 y 25 años. El año pasado era de una cada 28 horas.
Además del aumento en el promedio de muertes, también se incrementaron las denuncias a la coordinadora: mientras que el año pasado el organismo recibía 2 o 3 consultas por semana, en 2016 se alcanzó el mismo número de denuncias pero por día. Siete veces más.
“Indudablemente hay un agravamiento del conjunto de políticas represivas del Estado en todos los niveles y particularmente en los casos que terminan en muertes, ya sea por gatillo fácil, torturas o desapariciones”, consideró Verdú a AUNO.
La violencia institucional se mantiene en aumento desde la recuperación de la democracia en 1983, con los puntos más altos en números de muertos en los momentos en que se profundizó la crisis social y económica (la hiperinflación de 1989 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y el estallido social de diciembre de 2001, con el de Fernando de la Rúa).
Un segmento social afectado directamente por esta problemática son los adolescentes de barrios marginados.
SIN DEFENSA
En 2005 se sancionó la ley de protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (26.061), pero todavía, a ocho años, el Congreso nacional no designó al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes.
Distintas organizaciones y colectivos que trabajan con la niñez expresaron la “urgente necesidad” de contar con la figura del Defensor y de que su designación esté enmarcada en “un proceso trasparente” para que el cargo sea ejercido “por una persona idónea en el tema, con trayectoria en la defensa de derechos de los chicos y chicas”.
Además, en una solicitada a la que adhirieron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Nora Pulido, exigieron que el futuro Defensor ofrezca “garantía de un actuar autónomo e independiente con respecto a los organismos públicos”.
DEJA VU
Luego de la hiperinflación de 1989 y durante el auge del modelo neoliberal en los ‘90 surgieron los comedores comunitarios que trataron de dar respuesta a la cada vez más delicada situación social que atravesaba el país.
El panorama actual mantiene algunas similitudes con lo que ocurría en ese entonces. Escuelas y centros de aprendizaje volvieron a atender distintas problemáticas que los chicos llevan desde sus casas.
“Empezamos a atender un montón de necesidades relacionadas con los chicos y sus familias como la falta de trabajo y las condiciones en las que viven”, explicó Nahiara Gaspes y lamentó que los centros educativos populares funcionen, además, como comedores y merenderos. Igual que en la década del noventa.
JIL-AFD
AUNO-27-12-16
