(AUNO-Tercer Sector*) Si bien la correspondiente normativa que contempla los derechos laborales de los discapacitados existe (como por ejemplo la que establece el cupo de 4% en los empleos estatales de la Nación y el 5% en los de la Ciudad de
Buenos Aires), es sabido que en la realidad no se cumplen. Por esto, un grupo
de asociaciones civiles sin fines de lucro –entre ellas Fundación Steps, FENDIM,
Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC), Fundación FALDAD, y La Usina- presentaron un documento al Ministerio de Trabajo, a la Jefatura de Gabinete, a la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con
Discapacidad), al Ministerio de Desarrollo Social, y a la Organización
Internacional de Trabajo (OIT). La primera tanda de documentos se envió a
mediados de diciembre y luego se repitió en febrero. De todas formas, hasta
el momento, no han obtenido respuesta alguna.
El reclamo hace hincapié en las falencias en materia de políticas de estado
que contribuyan a la incorporación de las personas con discapacidad al
ámbito laboral. Pone de manifiesto la necesidad de crear políticas claras
que permitan brindar una información concreta sobre los estímulos y la
rentabilidad que pueden obtener las empresas al tomar a trabajadores con
discapacidad. “La falta de articulación entre los organismos generan
obstáculos que provocan un sentimiento de desmotivación y falta de interés
por parte de los posibles empleadores” resalta el documento que también
desnuda una de las contradicciones del sistema: a los discapacitados el Estado les brinda
talleres, los capacita y los ayuda en la rehabilitación pero
después no continúa con las políticas pertinentes para que obtengan un
trabajo asalariado y devuelva, en condición de contribuyente, lo que el
Estado les aportó.
En referencia a esto, las organizaciones firmantes
consideran que “sustituir pensiones no contributivas por fuentes de trabajo
genuinas, debería ser la primera meta de un gobierno preocupado por las
necesidades de las personas con discapacidad ya que estas deben percibir su
jubilación, por su desempeño laboral, y no por invalidez”.
La abogada Florencia Tagliaferri que se dedica a brindar asesoramiento a
personas discapacitadas en la Red de Asistencia Legal y Social (RALS)
considera que si bien el actual gobierno “está mirando un poco más la
temática de la discapacidad, no significa que se estén generando políticas
públicas uniformes”. “Por el momento solo hay normas aisladas que pretenden
subsanar algunos de los impedimentos que diariamente tienen los
discapacitados pero no existe una política clara que apunte a resolver los
problemas de fondo”, opinó Tagliaferri en diálogo con AUNO.
Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los
discapacitados se encargan de hacer saber que no comparten las estadísticas
que maneja el INDEC, como por ejemplo la que establece que solamente el 15
por ciento de la población discapacitada se encuentra desocupada. “Utilizan
variables que no son las reales. Nosotros por nuestro trabajo diario en la
RALS sabemos que el porcentaje de desempleados es muy superior a ese
índice”, objetó Tagliaferri.
A pesar de que alguna vez alguien dijo que “las comparaciones son odiosas”,
en este caso comparar permite tener un panorama de cómo se encuentra
Argentina en materia de políticas destinadas a la discapacidad. En este
aspecto, el documento sostiene que “estamos atrasados 20 años” respecto de
los países desarrollados y Tagliaferri destaca que lo hoy se discute acá, en
Europa “ya ni se trata”.
”Tanto la inserción laboral como la integración educativa y la provisión de
medicamentos son cuestiones que en otros países ya están totalmente
superadas –reconoce-. Mientras que aquí todavía hay que pelear por estos
derechos básicos que les permitan integrarse a una sociedad que hoy en día
no le da casi ninguna posibilidad”, admite la abogada.
En España ya se está hablando a nivel de calidad de vida de los
discapacitados. Por ejemplo, actualmente existe una iniciativa para que las
personas con discapacidad mental se independicen y dejen la casa de sus
padres. Así, conviven grupos de tres o cuatro discapacitados en una casa con
la asistencia de otra persona que se encarga de facilitarles determinadas
situaciones de la vida cotidiana. De esta manera pueden mejorar y ampliar su
vida social que de otra manera hubiera quedado reducida al núcleo familiar.
”En la ciudad de Barcelona se están ocupando de que los chicos con
discapacidades motoras puedan meterse en el mar cuando van a la playa . Lo
hacen con la ayuda de sillas especiales (anfibios de plástico) y de
voluntarios de la Cruz Roja”, explica. En Argentina, un niño discapacitado está
condenado a no tener contacto con el agua salada.
