El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización mañana a las 10:30 frente al Ministerio de Salud de la Nación para exigir respuestas ante “la crítica situación que atraviesa el sector”.
El reclamo tiene como eje la actualización de los aranceles del Sistema Único de Prestaciones -organismo que regula las prestaciones que las personas con discapacidad reciben- que pone en riesgo la atención de más de 250.000 usuarios.
Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicó que dentro de estos servicios se encuentran “escuelas, centros de día, rehabilitación; estimulación temprana, hogares, residencias, y el apoyo a la inclusión educativa”.
En comunicación con AUNO, Molero afirmó: “Lo que está pasando hoy, y no es de ahora, ya hace bastante tiempo, pero se ha agravado, es que el arancel que se fija y se paga está atrasado con respecto a los costos que tienen las prestaciones”.
“Hoy, y no solo hoy, siempre hubo pelea con esto y con todos los gobiernos. Salvo en algún momento donde la cosa estaba más estable. Con el gobierno pasado había atrasos históricos, pero de alguna manera hasta el último año se venía más o menos pagando, por lo menos respetando la inflación”, continuó el funcionario.
En este sentido, Molero aseguró que “había atrasos, pero que se había llegado a un acuerdo en el que al menos los aranceles permitían funcionar a las instituciones” y resaltó que “en 2023 empezó a no ir de acuerdo con la inflación y, en los últimos meses, se acumuló un atraso que terminó siendo de casi el 40 por ciento”.
“Cuando llega esta nueva gestión, ellos reconocen que hay un atraso, pero dicen que no hay dinero, que el país está mal. Dan un aumento importante en enero y febrero —del 30 y pico por ciento—, pero la inflación en esos meses también fue alta”, profundizó el coordinador del Foro.
La manifestación se dirige específicamente a las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que depende del Ministerio de Salud y que preside el directorio encargado de fijar los valores de las prestaciones. Según denuncian desde el Foro, ni el director ejecutivo de la agencia, Diego Spagnuolo, ni el ministro de Salud, Mario Lugones, respondieron a los reiterados pedidos de convocatoria a una reunión urgente.
Molero aseveró: “El gobierno actual dice que es un problema del gobierno anterior y los aumentos que se fueron dando siempre fueron menores a la inflación, con lo cual hoy estamos en un atraso de, según nuestros números, un 73%. Habría que dar un 73% de aumento para alcanzar los niveles de inflación y poder estar cerca de los costos”.
“La crisis ya es insostenible”, expresaron en un comunicado desde el Foro, y advirtieron que la falta de actualización de los aranceles profundiza el “ahogo financiero” de los prestadores, lo que podría derivar en una interrupción masiva de los servicios que reciben las personas con discapacidad en todo el país.
Desde el Foro aseguraron que se mantendrán “en estado de alerta y movilización” y llamaron a toda la comunidad a sumarse a la lucha: “La discapacidad también es una prioridad”, concluyeron.
Sobre el Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad
Por otra parte, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsó el tratamiento del Proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad como “respuesta estructural al conflicto«. Si bien aún no se confirmó la fecha de debate parlamentario, se comprometieron a difundir la información a través de sus canales oficiales.
Molero, coordinador del Foro, sostuvo que “el proyecto busca que se haga un estudio de cómo evolucionaron los aranceles frente a la inflación” y “si hay diferencia, que se convierta en aumento automáticamente, y que todos los años, hasta el 2027, se haga un estudio de costos para ajustar aranceles en función de la realidad”.
Además, se ocupa de las pensiones, “que últimamente están siendo auditadas con un criterio de inclusión laboral, cuando muchas se dieron por discapacidad y pobreza”. El proyecto establece una pensión por discapacidad, no necesariamente por incapacidad laboral. “Porque una persona con discapacidad puede trabajar, pero conseguir trabajo hoy es muy difícil”, destacó Molero.
Además, junto con la pensión existe el Programa Federal de Salud, “con muchas prestaciones necesarias». En el proyecto de presupuesto 2025, aunque no se votó, “el gobierno incluyó como meta reducir 270 mil pensiones, lo cual ya muestra una actitud clara”.
Sobre el sistema de prestaciones en discapacidad
La Ley 24.901 es la norma que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece las prestaciones básicas que deben garantizarse en todo el país. A partir de esta legislación se creó el Sistema Único de Prestaciones Básicas, quien se “encarga de regular el acceso a los servicios y de establecer los aranceles y criterios de cobertura”.
La gestión del sistema está a cargo de un directorio integrado por la ANDIS, el viceministro de Salud -o un delegado del mismo-, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y el programa Incluir Salud.
También lo integran representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud —que regula obras sociales y prepagas—, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y dos representantes del sector prestador.
AUNO-12-5-25
EB- SAM
