La despenalización viene en píldoras*

No es el momento, resolvieron. Tenían veinte años y una pila de proyectos en camino. Querían organizar mejor sus vidas, estudiar, trabajar, tener un hogar propio: la oportunidad de elegir cómo y cuándo traer hijos al mundo. El aborto era la principal causa de muertes por gestación, una práctica ilegal y culturalmente negada. Pero la decisión estaba tomada, así que con mucho esfuerzo y sin contar nada a sus padres juntaron el monto que les pedían en la clínica privada, y la novia de Alfredo, hoy su esposa y la madre de sus hijos, interrumpió el embarazo.

Pasaron unos treinta años. Alfredo Fernández es secretario de Salud de Lomas de Zamora, el aborto dejó de ser mala palabra y el Estado ha encarado la educación sexual como política pública. La planificación familiar, sin embargo, es realidad de pocos, y el aborto clandestino todavía constituye la mayor causa de muertes maternas en el país.

En Argentina, se estima que el 60 por ciento de los embarazos no son buscados y que el 40 por ciento del total de las gestaciones son interrumpidas de forma voluntaria. Las clases medias y altas acceden a procedimientos relativamente seguros en clínicas privadas que cobran unos 5 mil pesos por la práctica, mientras que son las pobres las que caen en métodos más peligrosos ejecutados por curanderos, enfermeras o vecinos. Evidencias de esa exclusión hay muchas.

En octubre de este año, por ejemplo, una chica terminó sus 20 años en el porteño Hospital Pirovano como consecuencia de una interrupción del embarazo realizado en condiciones precarias que derivó en una infección generalizada. En tanto, el jefe de gobierno Mauricio Macri anunciaba el veto a la ley de regulación del aborto no punible en la Ciudad de Buenos Aires, donde decenas de acomodados consultorios atienden a las acomodadas señoras y señoritas de los acomodados vecindarios porteños.

Hay un elemento que en ese contexto rompe con esa regla que divide la suerte de las mujeres pobres de las que pertenecen a la clase media. Se trata de la utilización, por parte de las clases populares, de un medicamento que, autoadministrado hasta las doce semanas de gestación, constituye un método abortivo seguro y reduce radicalmente los riesgos de infección. Se trata de la droga conocida bajo el nombre genérico de misoprostol. En Argentina, su venta es legal a un costo promedio de 360 pesos, y cada vez más mujeres lo adoptan como método abortivo.

Especialistas consultados por El Cruce coinciden en que el aborto farmacológico tiene numerosas ventajas con respecto a otras técnicas cuando la práctica se realiza en situación de clandestinidad, pero advierten que debe ser utilizado con suficiente información. Las experiencias de otros países demuestran que, sostenida en políticas públicas eficaces, el método ayuda a reducir las complicaciones post aborto, incluso en los Estados donde el aborto es ilegal.

Por eso, mientras los sectores conservadores dilatan el tratamiento de una ley nacional de despenalización del aborto, un colectivo heterogéneo de militantes feministas, funcionarios como el secretario de Salud de Lomas, trabajadoras sociales y médicos juegan la pulseada en otro terreno. Entienden que el aborto es un problema de salud pública y que la solución definitiva tiene que ser la legalización de la práctica, pero entretanto brindan información para que las mujeres de sectores populares tomen conciencia, dispongan de información sobre métodos anticonceptivos y, en último caso, accedan a abortos seguros mediante la técnica farmacológica.

El aborto en Argentina
Históricamente el debate se dirime entre abortistas y no abortistas: cuándo empieza la vida, para qué casos es justificable y para cuáles no, una lucha tan apasionada como improductiva. Porque, mientras se perfeccionan los argumentos a favor y en contra, las mujeres siguen reafirmando el derecho a la autonomía sobre su cuerpo.

El Ministerio de Salud estima que en Argentina se producen anualmente medio millón de abortos clandestinos, mientras que se registran alrededor de 700 mil nacidos vivos. La relación es de un aborto por cada 1,4 nacimientos. Es decir que, en promedio, una mujer que tiene dos hijos ha tenido al menos una interrupción del embarazo.

Las complicaciones post aborto, producto de las condiciones de riesgo, constituyen hace más de tres décadas alrededor del 30 por ciento de las muertes maternas el país. De las 500 mil que abortan, unas 80 mil son hospitalizadas y al menos cien mueren, aunque las organizaciones sociales calculan que se produce el triple de fallecimientos. Otras sufren infecciones graves y quedan infértiles. Las tasas de mortalidad materna por abortos tienen una alta incidencia en la Argentina.

Grageas
Existen dos tipos de métodos abortivos: los quirúrgicos, que para que sean seguros requieren que esté a cargo de un profesional de salud capacitado y de condiciones de asepsia adecuados, y los farmacológicos, que pueden ser realizados sin intervención médica aunque se recomienda que se haga con control profesional previo y posterior.

La Guía Técnica nacional para la Atención de los Abortos No Punibles, publicada en 2007 en base a los protocolos mundiales, deja en manos de los médicos la decisión de qué método utilizar, pero recomienda ambas formas hasta el primer trimestre de embarazo.

En el caso de los métodos farmacológicos, para abortos a Guía Técnica y de Políticas para el Aborto sin riesgo de la OMS (versión 2012) propone a los profesionales la utilización de mifepristona seguida de misoprostol o de misoprostol solo. La mifepristona es un medicamento complejo, cuya producción es costosa y que fue creado específicamente como abortivo. Por lo tanto, se produce sólo en los países que han legalizado la práctica.

El misoprostol, en cambio, fue descubierto como abortivo seguro y económico por las mujeres latinoamericanas hace varias décadas y su comercialización está aprobada en la mayoría de los países del continente para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas y duodenales, y para algunas aplicaciones obstétricas. La OMS, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog), la organización Ipas y el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai) lo recomiendan para interrumpir gestaciones.

“Utilizado de forma correcta, hasta la semana doce, es un método seguro y de alta efectividad”, explica a El Cruce Verónica Marzano, trabajadora social especialista en el tema. “A diferencia de un procedimiento quirúrgico, que empieza y termina, el misoprostol produce un aborto en curso durante varios días. La media (siempre en las primeras doce semanas) es de entre 5 y 7 días, en los que se produce un sangrado similar al de la menstruación. Sobre todo hasta la semana nueve, es tan parecido que la guía de la OMS no habla de aborto en esos primeros dos meses de gestación, sino de ‘manejo de la menstruación’.”

La Penicilina del Siglo XXI
La OMS establece que el aborto con misoprostol es uno de los métodos más seguros para los países en que la práctica es legal, pero también recomienda que se dé información sobre su uso en los países que mantienen la penalización para evitar los riesgos que producen otros métodos. Es que el aborto con estas pastillas “no es una práctica invasiva, no necesita anestesia, las mujeres pueden manejarlo solas si quieren, es más natural porque se asemeja más a una menstruación y tiene bajísimos riesgos”, detalla Marzano. “El medicamento además evita el uso de elementos infectados y la rotura de útero, que se produce cuando se pincha ese órgano con una cureta (método quirúrgico obsoleto que la OMS no recomienda para la práctica) o con una aguja de tejer u otro objeto punzante , mecanismos que todavía usan las mujeres más pobres en la desesperación de abortar.”

Las complicaciones que puede tener el misoprostol son menores, según la trabajadora social. “Como abortivo, la Federación de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (Flasog) establece que es efectivo en nueve de cada diez mujeres. Entonces, el peor cuadro es que no funcione, porque las semanas seguirán pasando y las mujeres tendrán que buscar sí o sí otro método. Porque si el aborto está incompleto, la mujer corre peligro de una infección y es necesario que acuda a un hospital para una aspiración o legrado. Sólo una de cada mil mujeres tiene una hemorragia y en cuanto al dolor, es el propio de un aborto espontáneo. Lo habitual es que la mujer vaya al médico sólo porque se asustó por la pérdida de sangre o porque quiere una ecografía para cerciorarse de la efectividad del método”.

Un caso interesante es el de Uruguay, que acaba de sancionar el aborto legal, seguro y gratuito (ver recuadro). A partir de 2008 –cuando todavía el aborto era ilegal—, ese país desarrolló una fuerte política pública para combatir los abortos inseguros a través de garantizar a las mujeres el acceso a información sobre el uso correcto del misoprostol. Se dispusieron consejerías pre y post aborto en todo el país, y sólo eso logró bajar los niveles de mortalidad materna por abortos inseguros en 2009 a cero. Fue tal el impacto, que especialistas uruguayos definieron al misoprostol como “la penicilina del siglo XXI”.

En México, sólo el Distrito Federal despenalizó, en 2007, la interrupción voluntaria de la gestación y, por lo tanto, recibe a mujeres de todo el país que viajan a la capital para la práctica. “Al principio, por cada aborto se hacía una internación, lo que para el Estado fue muy difícil porque no siempre se conseguía la cama para realizar la interrupción antes de las doce semanas que están permitidas por ley”, describe Marzano. Entonces, “el misoprostol se convirtió en la gran alternativa, porque como el medicamento puede ser administrado, las mujeres van al centro de salud de la ciudad mexicana, se les da información y el medicamento, se van a sus casas, lo utilizan y vuelven a los 15 días para un monitoreo. Y, por supuesto, si tienen una emergencia son atendidas con urgencia”, detalla la trabajadora social.

*Acceso al medicamento *
En Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) establece que la venta de misoprostol, bajo el nombre comercial de Oxaprost, es legal en cualquier farmacia bajo receta simple, aunque organizaciones feministas denuncian que algunos locales piden requisitos extra, aplican sobreprecios, dan información confusa sobre su uso como abortivo o se niegan a venderlo.

Un informe del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos al que accedió El Cruce detalla que “en 2009, se vendieron unos 100 mil envases de 16 comprimidos de Misoprostol y en 2011, 115 mil envases (1.840.000 comprimidos)”. El sindicato destaca que su uso es exclusivamente como abortivo porque el costo del misoprostol ronda los 360 pesos, y para controlar la gastritis “existen alternativas más efectivas como Ranitidina, Famotidina u Omeprazol a 50 pesos”.

Según Marzano, “alrededor del 85 por ciento de las mujeres que abortan en Argentina lo hacen con misoprostol”. La receta puede realizarla cualquier médico “porque existe libertad de recetar y así como el profesional puede prescribir otros medicamentos para usos que no son recomendados por la Anmat, como es el caso de las aspirinetas para prevenir infartos, pueden recetar el misoprostol sin aclarar cuál será su uso”, agrega. Buena parte de las ventas, sin embargo, se manejan en el mercado clandestino, donde no es necesaria la receta, y los precios aumentan. Por ejemplo, en ferias, a través de Internet o por profesionales que las comercializan sueltas.

Consejerías en Buenos Aires
A pesar de que no están visibilizadas, en Argentina también hay consejerías pre y post aborto que funcionan de modo similar al modelo uruguayo. No aconsejan, pero brindan la información sobre los riesgos que conllevan algunas formas de abortar y sobre el modo en que el misoprostol debe ser empleado para que sea seguro. La mayoría son iniciativas distritales que funcionan en unidades sanitarias a cargo de profesionales de salud y trabajadores sociales. Funcionan, con mayor o menor alcance, en la Ciudad de Buenos Aires, el municipio de Morón y en el de Lomas de Zamora.

Sólo en este último partido, se estima que se producen entre 8 y 12 mil abortos por año, cifra que surge de la cantidad de mujeres en edad fértil del municipio en comparación a las estimaciones de aborto a nivel nacional. “Los centros de salud y el Estado deben estar a la altura de las circunstancias, no pueden permanecer ajenos”, resalta el secretario de Salud comunal Alfredo Fernández. “Porque la realidad es que en los barrios la pastilla se usa cada vez más y los servicios de salud deben tener una actitud preventiva y brindar asesoramiento para prevenir daños.”

La existencia de la píldora abortiva es clave para estos servicios. “Es una tecnología que planteó una ruptura con respecto a los modos de abortar”, destaca Geraldine Ponce, trabajadora social y docente en la UBA que coordinó la iniciativa de la Secretaría de Salud del municipio. “Posibilita que la mujer se practique el aborto en su domicilio, de forma privada, y que el profesional de la salud intervenga, porque el marco jurídico establece que es obligación de los médicos reducir el daño a través de la información y, además, da libertad para recetar.”

Sin embargo, contrapone Ponce, “muchos profesionales se niegan a dar la receta por miedo, cuando de hecho no hay un solo caso que siente jurisprudencia por penalizar a un médico por recetar misoprostol y, en cambio, hoy están siendo procesados dos médicos por negarse a informar a una mujer que murió a consecuencia de la práctica de un aborto inseguro. El tema es que, como dijo Foucault, la verdad jurídica es una guerra de interpretaciones y hay un gran aparato cultural en relación a la hegemonía médica y las mal llamadas organizaciones pro-vida que batallan por negar la receta”. Las consejerías, precisamente, fueron creadas con el objetivo de garantizar que los centros de salud cuenten con al menos un servicio de profesionales amigables.

Para acceder a este servicio, “la mujer tiene que recurrir al centro de salud de su barrio y allí tiene que consultar si ahí hay un servicio de consejería pre y post aborto. Es importante saber que, aunque no lo haya, si pide ser asesorada sobre el uso del misoprostol, puede haber un objetor de conciencia que se niegue a informarla, pero ese profesional tiene la obligación de recomendarla a otro”, agrega.

*La información como bien social *
“El conocimiento es un bien social y las mujeres no somos ‘usuarias’; somos las protagonistas de nuestras propias vidas que es la vida de todas y de cada una”, afirma el colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, que desde 2009 sostiene a pulmón la línea telefónica “Más información, menos riesgos” (011-156-664-7070). A través de esas llamadas brindan información actualizada de fuentes médicas, científicas, estatales y sociales para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas. Y también editaron “Todo lo que querés saber sobre cómo hacer un aborto con pastillas”, un manual fácil de entender que explica qué es un aborto con misoprostol, su proceso, sus síntomas y cuáles son los derechos de las mujeres.

En estos tres años, la línea lleva atendidas más de 115 mil llamadas de todo el país y el libro fue descargado más de 30 mil veces, cuenta a esta revista, Paloma Rodríguez, militante de Lesbianas y Feministas. “Existen distintos modos de conseguir información sobre el misoprostol. Están las organizaciones sociales, las consejerías pre y post aborto y algunos programas de Salud que pueden ser lo suficiente flexibles para que la mujer haga preguntas, pero lo cierto es que no llegan a todas.” La organización recibe donaciones para sostener este proyecto (facebook.com/abortoconpastillas)

De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires, sólo el 10 por ciento de los Centros de Salud brindan el servicio de consejería, pero es obstaculizado por las direcciones y otros colegas, según determinó el colectivo a través de un relevamiento de las llamadas telefónicas que se presentó en 2011. Por otra parte, el trabajo realizado por la organización arrojó que el 62 por ciento de las mujeres adultas y la mitad de las adolescentes prefieren no acudir a los servicios de salud cuando buscan atención por aborto por miedo a la represalia del médico.

“Hoy la mayoría de las mujeres que llama a la línea sabe lo que es el misoprostol, pero quiere sentirse acompañada, sacarse las dudas con mujeres que no la van a discriminar. El 94 por ciento de las mujeres llama antes de la semana doce, y el 54 por ciento antes de la semana seis, es decir con suficiente tiempo”, explica Rodríguez. El principal problema para ellas, agrega, es el acceso al medicamento: “Sólo el 70 por ciento compra las pastillas en

AUNO 21-12-12 RM RV