La crisis de las cárceles bonaerenses

La huelga de los detenidos en distintas unidades se mantiene hace una semana. Comenzó por la escasez de alimentos, pero también la motivan otros problemas, como el hacinamiento y la lentitud en los procesos judiciales. Naciones Unidas aún no respondió a un pedido de organismos de derechos humanos de que intervenga en el conflicto.

Lomas de Zamora, diciembre 13 (AUNO).- La huelga de hambre en 28 unidades penales del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) lleva una semana.  La gestión de Axel Kicillof hereda graves problemas como la lentitud de los procesos judiciales, el hacinamiento y la escasez de alimentos. Por eso, 10 mil detenidos en protesta, en colaboración con organizaciones de derechos humanos, elevaron un informe al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, con el objetivo de que el organismo interceda y agilice el cambio en el sistema penal. Aún no obtuvieron respuestas.

El conflicto surgió porque las unidades penales quedaron sin alimentos. Ya faltaban hace un año y la situación se agravó, por eso explotó. Por otro lado, los reclamos judiciales y procesales vienen hace tiempo, son cosas que no se resuelven en su momento y vuelven a aparecer”, explicó a AUNO el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Roberto Cipriano.

Falta comida en las unidades penales 1, 2, 3, 8, 9, 13,15, 17, 23, 24, 25, 26 y 28. También en las 30, 33, 37, 38,39,40 (de Lomas de Zamora),43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 y 52. En el mejor de los casos, lo poco que reciben las personas privadas de su libertad incluye carne vacuna “mal refrigerada o contaminada”, pan y muy poca variedad de legumbres, según detalló un informe de la CPM. El documento además remarcó que los internos dependen de su ingenio para cocinar esos alimentos, junto a los que les brindan sus familiares, aunque no siempre tienen esa posibilidad. La comisión denunció que en La Plata, Olmos, Romero y Gorina faltan carne, pollo, leche, queso y huevo, entre otros.

Además, el organismo detalló que la falta de alimentos impide que existan “dietas gástricas, hepáticas, hipocalóricas, híper calóricos, desdentados, HIV y diabéticas”. Por eso, desde que comenzó la huelga los manifestantes rechazan la comida que les brindan las unidades penales y la arrojan afuera de los pabellones; es su forma de manifestarse ante el destrato que hubo durante la gestión de María Eugenia Vidal. En su discurso de asunción como gobernador bonaerense, Axel Kicillof denunció que la falta de alimentos en las cárceles se debe a una deuda de la Provincia con los proveedores de 400 millones de pesos.

A pesar de que la huelga es pacífica, la CPM denunció que “se han producido situaciones de violencia de parte del personal penitenciario”. Los manifestantes son sacados del pabellón durante “largas requisas” y reciben amenazas de traslados que buscan entorpecer las protestas. También hubo torturas, restricción de tiempo de visita y una falta de cuidado con los que ayunan como forma de protesta. “Es indispensable que el SPB aplique el protocolo establecido para huelgas de hambre”, demandó la CPM.

El hacinamiento, otro gran problema

En los últimos cuatro años hubo un total de 16 mil nuevos detenidos, una cifra inédita que colapsó el sistema penitenciario”, indicó Cipriano. Otro gran problema que denuncian los detenidos es que la sobrepoblación carcelaria es de un 119 por ciento. Por eso en un petitorio que elevaron a la Corte Suprema, los privados de su libertad demandaron medidas “alternativas a la prisión preventiva, como la prisión domiciliaria con GPS y/o cualquier sanción que determine el juez”.

También pidieron la derogación de la “ley Blumberg” –que, entre otras cosas, inhabilita el 2×1– y la “ley Petri” –que prohíbe las salidas anticipadas por ser “inconstitucionales”–. Además, los detenidos solicitaron que no se apruebe la “ley Borinksy”, que fomenta el endurecimiento de las penas y el gatillo fácil por “profundizar las lógicas de venganza y el desprecio por los derechos humanos”.

En las cárceles hay más de 40 mil detenidos, cuando las plazas disponibles son la mitad. Eso hace que proliferen enfermedades como la tuberculosis y el hantavirus, entre otras. Y se registra un “aumento de las muertes que se producen por cuestiones de salud que además no están asistidas”.

Por eso, la CPM y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura elevaron un informe al Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas. Todavía no hubo respuestas. “Hemos presentado requerimientos y recomendado a los distintos poderes del Estado que tomen decisiones de manera urgente para resolver la grave crisis que se atraviesa. Sin perjuicio de lo cual, hasta la fecha no hemos recibido respuestas”, dice, además, el informe de CPM.

“Me imagino que el nuevo gobierno provincial intentará tomar algunas medidas para combatir este problema”, señaló Cipriano. Aunque todavía no haya existido una reunión formal con representantes de la comisión, el flamante mandatario reconoció que existe este problema en su discurso de asunción y mencionó que hay 49.567 detenidos para 24 mil plazas. “Es una cifra jamás registrada en la historia del sistema penitenciario argentino”, aseguró el gobernador.

Por otra parte, representantes de distintos espacios relacionados con el sistema penitenciario realizaron un encuentro en la Unidad 40 de Lomas de Zamora. Uno de los puntos fuertes fue proponer un “censo carcelario para identificar los casos de las personas que estarían en condiciones de acceder a beneficios libertorios”. El establecimiento posee una sobrepoblación del 200 por ciento.

AUNO-13-12-2019
EPB-MDY

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