Juzgan a otro policía acusado de “gatillo fácil”

El crimen ocurrió hace ocho años. Al parecer, Enrique Redondo iba caminando y se encontró con un vecino policía que lo mató luego de una discusión. La madre acusa “gatillo fácil”. Cuando hizo la denuncia, le dijeron que el responsable del crimen había sido un hombre que había muerto un año antes. La familia dice que en estos años le balearon el auto, secuestraron una hija, robaron un auto y amenazaron para que pararan la investigación.

Lomas de Zamora, 16 de mayo (AUNO).- El juicio oral y público por el crimen de Enrique Redondo Martínez, un joven asesinado en 2002 por el ex suboficial de la Comisaría Cuarta de Lanús, Martín Gabriel Venturini, entró en su etapa final. Luego de los testigos que prestaron declaración la semana pasada en el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº1 de Lomas de Zamora y a más de ocho años del hecho, el miércoles serán los alegatos. En el medio hubo denuncias por “irregularidades” en la investigación y las amenazas a la familia y a los vecinos de la víctima.

El 9 de octubre de 2002, Redondo Martínez entrenó en el club deportivo Victoriano Arenas, en el que jugaba como arquero y donde recibió la noticia de que lo querían en la cuarta de Dock Sud. Por la tarde, salió a comprar un paquete de cigarrillos a unas cuadras de su casa tras visitar a un amigo. No llegó al kiosco. En el camino se encontró con su vecino y entonces cabo primero Venturini que, aparentemente tras una discusión, le pegó tres tiros en el abdomen.

“Iba armado y me quería robar”, argumentó a modo de defensa el ex policía acusado de “homicidio simple” que nunca declaró ante la Justicia y cuya versión no pudo corroborarse mediante evidencias ya que tampoco se realizó una reconstrucción de los hechos.

La familia, que denunció el hecho como otro caso de “gatillo fácil”, reclamó desde un primer momento ese proceso de rutina por el que se escenifica el hecho.

“El juzgado” del TOC 1, presidido por Guillermo Rolón e integrado por Fernando Ariel Bueno y Rodolfo Mario Lanza, “no permitió la reconstrucción de los hechos porque consideró que ya ha pasado mucho tiempo y no tendría sentido”, explicó a AUNO el abogado de los Martínez, Miguel Iluco, pero contradijo eso al considerar que “son pocas las pruebas cuando la estrategia de la defensa es no dejarlo hablar”.

“Lo que hemos pasado en estos ocho años y siete meses no se lo deseo a nadie”, aseguró la madre del joven de 19 años, Delia Martínez, y rememoró que tras hacer la denuncia en la misma comisaría en que trabajaba Venturini, los oficiales le “entregaron un papel que decía que el responsable de la muerte era David Ricardo Fichi”, un hombre que se había suicidado hacía un año.

Luego comenzaron las amenazas, cuando la familia comenzó a pegar carteles, buscar apoyo en los vecinos, contactar ONG en busca de asesoramiento legal y a movilizarse en pedido de “justicia” por el barrio.

“Nos dejaban mensajes de voz en el teléfono. Recuerdo que uno decía: ‘Hace cinco años matamos a tu hijo y ahora por haber abierto la boca al pedo, los vamos a matar a vos y a tu marido’”, contó Delia Martínez. “Las amenazas eran también para atemorizar a la gente del barrio”, interpretó.

Según la mujer, su esposo y padre de Enrique, que falleció en diciembre último, recibió un mazazo en la cabeza por parte de un vecino, que “amenazado de muerte por la policía” quería que los Martínez sacaran un afiche que pedía “justicia” para el joven asesinado.

Del tiempo del asesinato a esta parte “me balearon el auto, la secuestraron a mi hija, la amenazaron para que paráramos con la investigación, le pegaron a su novio y le robaron un Fiat 147”, aseguró.

Según la mujer, los testigos que declararon la semana pasada “dijeron todas mentiras”. Por ejemplo, uno de la defensa aseguró que lo había vista a Enrique, su hijo, ese día en la Sociedad de Fomento del barrio jugando al fútbol usando una camiseta de Racing, cuando “él era de Ferro” y, además, “su novia y un amigo que lo vio coincidieron en que estaba vestido con un pullover negro”.

El próximo miércoles se realizará la lectura de los alegatos, en los que probablemente la defensa pida la absolución y la querella reitere el pedido de condena por “homicidio simple”, cuya máxima pena es por 25 años de cárcel.

RM-AFD
AUNO-16-05-11

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