Vecinos de Lomas de Zamora y Lanús realizaron nuevos cortes de calles y accesos para exigir políticas habitacionales inclusivas en la zona. El Cruce de Lomas y las puertas de la Municipalidad que conduce Darío Díaz Pérez fueron los lugares donde se produjeron las movilizaciones. Cerca de 70 familias lanusenses dejaron siete de sus integrantes en hospitales, producto de una represión policial resistida por los vecinos. Por otra parte, en el distrito gestionado por Jorge Rossi, representantes de unos 4 mil “sin techo” se manifestaron durante dos jornadas. Ambos cortes fueron levantados hoy a partir de la apertura de una “vía de negociación” que tiene un plazo de diez días para encontrar una respuesta.
Ambos reclamos, a pesar de ser independientes, evidenciaron que las dos comunas sufren una crisis habitacional severa. La “apertura al diálogo” y un “intervalo hasta las próximas reuniones”, son las respuestas que recibieron y aceptaron, no sin dejar en claro que se mantienen en “asamblea permanente”.
UN ALTO EN EL CRUCE DE LOMAS
Los vecinos de Santa Catalina que mantuvieron cortado el Cruce de Lomas, en reclamo por la cesión de un terreno para construir un barrio en un sitio destinado para el emplazamiento de un basural a cielo abierto, decidieron interrumpir la medida de fuerza “durante los próximos 10 días” para “tratar de instalar una vía de negociación con el gobierno provincial”.
La suspensión del corte –-que hoy sólo incluyó un carril de ida del puente de Juan XXIII desde hasta Camino de Cintura— se acordó entre los vecinos luego de mantener una reunión por la mañana con autoridades provinciales y representantes de la empresa Covelia S.A., propietaria de los terrenos, en la que acordaron dar respuestas luego de ese período.
De esta menera, hasta el 18 de este mes, los habitantes del lugar realizarán “un empadronamiento para saber exactamente cuántos son y así poder presentar todos los datos en la próxima reunión”, sostuvo a AUNO el representante jurídico del grupo de vecinos organizados, Eduardo Gómez, que estimó en 4 mil el número de personas sin viviendas propias.
Gómez que resaltó que “el problema habitacional exige respuestas urgentes”, dejó en claro que durante el plazo acordado los vecinos estarán en “asamblea permanente” y advirtió que “pueden llegar a retomar los cortes si no hay respuestas”.
Si bien el abogado infirió que “el gobierno intentará demorar una solución todo lo posible”, insistió en que “los vecinos necesitan una respuesta urgente al problema de la vivienda”…
Por su parte, Carlos Vázquez, gerente comercial de Covelia, negó que en el lugar la firma “haya instalado un basural” y aseguró que los terrenos serán destinados a “fines comerciales”.
En declaraciones a un canal de noticias, el empresario sostuvo que “los intrusos van a tener que salir porque están ocupando un terreno de forma ilegal”, y aseguró que “la empresa no puede hacerse cargo de un problema habitacional”.
Entre las voces de los habitantes de la zona que piden una solución se hizo oír la de Claudia, una de las manifestantes, que valoró que “ya que hay une emergencia habitacional, que se haga un barrio para los vecinos”.
EL CORTE SOBRE PAVÓN, EN LANÚS
Luego de una protesta frente a la Municipalidad de Lanús que fue reprimida por la Policía Bonaerense y dejó un saldo de siete heridos de bala internados, autoridades ese distrito y de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) accedieron a reunirse el próximo lunes con un grupo de vecinos que comenzó a construir sus viviendas en un predio en el cual se los pretende desalojar, con el propósito de establecer una planta de residuos.
El referente del grupo de vecinos, Marcelo Rodríguez, declaró a este medio que fueron “reprimidos con balas de verdad”, que sólo habían ido a pedir una ayuda en forma “pacífica”, pero que “la Policía respondió con violencia”.
Como consecuencia de esta dura represión, siete de los manifestantes fueron internados en del Hospital Evita de Lanús, y tres de ellos debieron ser operados.
Entre ellos, Víctor Manuel Barreira, a quien los médicos le extrajeron una bala de plomo del estomago, “que afectó también al intestino delgado y grueso”, aseguró a AUNO Natalia Silvero.
El conflicto se inició el viernes pasado, cuando el magistrado Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, ordenó el allanamiento del parque industrial de la Asociación de Curtidores de la provincia de Buenos Aires (ACUBA), en un predio aledaño al Riachuelo donde residían cerca de 70 familias en casillas.
Al respecto, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Lanús, Roberto Crespo Armengol, le manifesó a AUNO que “las tierras no están a cargo del municipio y los ocupantes llegaron a las puertas de la Municipalidad porque es la institución que les quedaba más cerca”.
“El viernes pasado, el personal de Gendarmería que custodiaba el asentamiento nos prometió traernos agua, colchones y medicamentos, pero nadie se acercó a darnos una respuesta y decidimos marchar hasta la Municipalidad”, contó Silvero.
Por su parte, Rodríguez consideró que sólo Acumar “puede solucionar el conflicto” si entrega las tierras para que se construya en el lugar un barrio que cumpla con todas las condiciones habitacionales y sanitarias necesarias.
El predio cuenta con 45 hectáreas, había sido cedido por las autoridades provinciales a la asociación ACUBA por un plazo de 50 años con la condición de que se radicara allí un polo destinado a la industria del cuero, que debía contemplar la colección, el tratamiento y la evacuación de efluentes y desagües cloacales, obras que nunca se realizaron.
Los vecinos levantaron el reclamo a las 17, después de casi diez horas de concentración frente al Palacio Municipal, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, con el argumento de que buscarían una solución legal ante la problemática que los aqueja.
“La instancia de negociación se iniciará el lunes a las 10, con autoridades de Acumar, del municipio de Lanús, la Secretaría de Desarrollo Humano y el gobierno bonaerense”, anunció el coordinador de la Cuenca, Jorge Ramírez.
PER-AAF-AFD
AUNO-08-05-09
locales@auno.org.ar
