Once personas estuvieron demoradas al menos ocho horas por tratar de evitar el desalojo de una familia que había comprado su vivienda en Claypole a una inmobiliaria que, según se investiga, no habrá tenido vinculación real con el propietario del terreno. Mientras los vecinos denunciaron que la Policía utilizó balas de goma en el procedimiento, la Jefatura Distrital de Almirante Brown reconoció que entre los “aprehendidos” había una adolescente y una mujer embarazada, pero negó que haya habido alguna forma de represión.
Todo comenzó este jueves, alrededor de las 14, cuando la orden judicial de abandonar la casa llegó acompañada de un comando policial “de aproximadamente 35 efectivos, algunos vestidos de civil y otros armados de forma parecida al grupo GEO”, describió a AUNO Ernesto Hereñú, vecino de los afectados.
Pese a que la familia insistía en que era la propietaria legítima de las tierras, la medida cautelar del Juzgado en lo Civil y Comercial 1 de Lomas de Zamora no lo reconocía y por eso exigía evacuar la zona.
“Intentamos permanecer en el lugar y la Policía avanzó con todo, con balas de goma, disparando. Tomaron posición y lograron desalojar a la familia. Nosotros nos quedamos a 50 metros, y un tiempo después empezaron a agarrar gente por que sí”, describió Hereñú, una de las personas que luego llegaron a la comisaría octava de la manzana D del Barrio Don Orione para exigir que dejaran en libertad a sus conocidos del barrio.
Entre los demorados, se encontraba la joven Jaqueline Cardozo, de 16 años, la madre de la familia desalojada —que está embarazada de cuatro meses— y el periodista Juan José Mansilla, que cubría el operativo.
Según las denuncias, el de la familia es uno de los 25 casos de grupos familiares que pagaron por sus casas a la inmobiliaria “Coquil Soto” de buena fe en el barrio cercano a Don Orione que está ubicado en las inmediaciones de las calles 2 de Abril y Hudson.
La operación comercial se habría efectuado mediante “un boleto de compra-venta casero, pero que los hace dueños del lugar donde viven”, entendió el vecino.
Desde la Jefatura Distrital browniana, el relato de los hechos tuvo matices diferentes: su titular, Mabel Rojas, aclaró que “no se trata de detenidos sino de ‘aprehendidos anoticiados’ de la causa” como consecuencia de su “resistencia a la autoridad”.
Según se desprende de la aclaración, el trabajo periodístico de Mansilla también debería ser entendido en el marco de esa supuesta falta de acatamiento.
Además, la inspectora subrayó que “en absoluto” el personal policial había disparado a los vecinos, sino que, por el contrario, había trabajado en una “mediación desde el mediodía” para evitar el desenlace que finalmente tuvo.
Por alrededor de ocho horas, las once personas permanecieron en la comisaría comandada por Jorge Perelli y fueron liberados alrededor de las 23, cuando el control médico verificó que no habían sido maltratados. Mientras, alrededor de cien personas pedían un cambio de actitud frente a los vecinos hasta que nuevamente reinó la lógica del desalojo: “Nos dijeron que nos fuéramos o nos dejaban a todos adentro”, aseguró Hereñú.
Esta agencia quiso corroborar las acusaciones con personal de la dependencia policial, pero sólo recibió un categórico “no te puedo dar información” antes de que cortaran la comunicación telefónica.
Los vecinos prometieron no abandonar la problemática y pedirle a la UFI 13 que interviene en la causa que no sólo dé lugar al pedido del propietario sino al de las familias que, como la¬¬¬ afectada, se consideran estafadas por la inmobiliaria de la que no tienen muchos más datos que su nombre.
MNL-AFD
AUNO-09-05-09
locales@auno.org.ar
