Lomas de Zamora, abril 20. (AUNO) Hogares convivenciales y centros de día del sur del Conurbano bonaerense denuncian que, desde hace seis meses, no reciben el dinero de las becas del Estado provincial con las que sustentan sus gastos, lo cual les ha generado una situación de “desabastecimiento”. Esa situación los lleva a lanzar manotazos de ahogado para continuar albergando a niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. “Hay una sordera política detrás de todo esto que nos preocupa sobremanera”, manifestó la directora de Casa Manu, Silvia Casas.
Las organizaciones realizan cada miércoles un abrazo a la gobernación, en La Plata, para intentar ser oídos, en tanto que bloques legislativos presentaron pedidos de informes para que el Ejecutivo bonaerense explique el por qué de los retrasos. La Secretaría de Niñez y Adolescencia provincial alegó “cuestiones administrativas” que demoraron los pagos, pero confirmó que lo harían a partir de la semana próxima.
Ya sea por padecer una enfermedad incurable, por razones de pobreza o porque sus padres no tienen la posibilidad de criarlos, los chicos son cobijados por organizaciones que hacen de pulmón en una sociedad que los relega.
La historia allí es bien conocida por referentes y directores de hogares: “Cada año nos empiezan a pagar a partir de marzo”, lamentó Estela Rojas, del centro de día Chicos del Sur, de Villa Fiorito. Ellos hace cinco años que reciben el subsidio.
La deuda es el primer síntoma de una política que, según coincidieron en denunciar las organizaciones a AUNO, va a contramano de la ley 13.298 de promoción y protección integral de los derechos de los niños.
De Avellaneda a Lomas de Zamora son 15 los hogares y centros afectados, con casi 200 chicos. En Esteban Echeverría y Ezeiza habría unas 4 organizaciones. En total, son 200 en toda la provincia que hace seis meses esperan el pago del dinero adeudado. Mientras, otros 600 no cobraron el primer bimestre del año. Los afectados son unos 12 mil chicos.
La situación es una madeja a desenredar que tiene varios hilos. La actualización y adecuación de los montos percibidos por chico —que va de los 700 a los 930 pesos, dependiendo de si es convivencial o no—, la falta de políticas de seguimiento y de garantías sobre la inserción social luego de cumplida la mayoría de edad, son algunos de los temas que señalaron como falencias del sistema.
“Si esto se cristaliza seguimos estando en la lógica del patronato”, advirtió en diálogo con AUNO, la diputada provincial por el bloque de Nuevo Encuentro, Natalia Gradaschi. Inclusive la situación a veces es peor que cuando regía la vetusta ley, ya que en algunos casos la respuesta del Estado es judicializar. El niño queda a la deriva.
Gradaschi, quien integra la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Legislatura, entiende, en primer lugar, que “el Estado provincial es el que tiene la responsabilidad de discutir qué pasa en los hogares”. En segundo término, sostiene que se debe realizar “un cambio cultural, porque la situación no cambia sólo con la letra”.
Esta reflexión resuena entre las paredes que albergan a los niños. Para retratar el contexto y contar porqué denuncian “desabastecimiento” este medio acudió a algunas de las organizaciones con más trayectoria en la zona.
“Si no tuviéramos el apoyo de la comunidad estaríamos en alerta roja, es dramática la situación”, reconoció la coordinadora de Manu, Alejandra Fratini Casas, a modo de advertencia a las autoridades, desde el hogar que alberga a 19 chicos con VIH —único en la provincia—, ubicado en Monte Grande, Esteban Echeverría.
“Hay una sordera política detrás de todo esto que nos preocupa sobremanera, porque desde la gobernación no nos responden”, cuestionó.
Por su parte, Rojas comprendió que la cuestión no se acota a la niñez, sino a una clase: los pobres. “Tiene que ver con la desprotección de una clase, y que queda más evidente en la infancia, porque es un cliente más asiduo del Estado, por ejemplo, porque tienen que cumplir con la escolaridad”.
Marcela Val, en tanto referente de la Red de Hogares y Centros de Día de la provincia (Redba) y de la Casa del Joven, también de Fiorito, apuntó que no se lleva a cabo la articulación entre los gobiernos municipales con el provincial.
Respecto de las instituciones que dependen del Ejecutivo bonaerense, Val explicó que la situación llega a ser más dramática, dado que no les corresponde “salir a pedir donaciones si dependen del Estado”, como lo hacen las ONG.
“Denunciamos el vaciamiento total porque no nos dan las necesidades básicas. No existe una caja chica para el alimento y la medicación. No se está nutriendo de recursos. No hay un seguimiento de los chicos”, reclamó.
Mientras tanto, el gobierno parece querer otorgarle mayor importancia al área, al convertir la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia en una Secretaría. Sin embargo, la medida queda trunca cuando no se perciben cambios en la práctica, más aún, cuando arguyen que los atrasos en los subsidios respondem a una cuestión burocrática que está “camino a solucionarse”. Al respecto, anunciando a través de una nota el aumento a 1300 pesos por chico, y sin responder sobre la deuda que tienen.
Mientras tanto, las organizaciones recortan por donde menos puede llegar a afectar a los niños, solicitan ayuda a la comunidad y hasta se endeudan, como estrategia para permanecer sobre la línea de flotación.
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