Por Francisco Moreno y Celeste Pintos
El Gobierno nacional, a través de la secretaría de Educación, suspendió la apertura de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Río Tercero, en Córdoba, la Universidad Nacional de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, creadas por el Congreso Nacional durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
En diálogo con AUNO, la directora de la casa de altos estudios cordobesa, Carolina Goñi, expresó que la medida los tomó “por sorpresa” y aseguró que la institución cumple “punto por punto” con la Ley de Educación Superior para llevar adelante su creación.
“Tiene el informe de factibilidad, está avalado de manera favorable por el CIN- Consejo Interuniversitario Nacional-, tiene el visto bueno de todas las universidades, se respetó las vacancias que hay para el CPRES, la región centro, que es donde se ubica nuestra universidad”, detalló Goñi.
Consideró que la decisión tomada por el nuevo gobierno de La Libertad Avanza estuvo relacionada con una “visión” de la gestión nacional sobre los presupuestos para las universidades. Además, precisó que aún no hay erogación presupuestaria, por lo que la institución “no admite ningún gasto para la Nación”, ya que el rector organizador se encuentra trabajando ad honorem y han conseguido un lugar que ha sido condonado por 10 años para poder funcionar.
“Siempre en este proceso tuvimos que pelearla mucho, desde el plano político y también técnico”, afirmó, y expresó que continuarán “luchando hasta que pueda hacerse efectiva” la apertura. A su vez, aclaró que no se trata de un cierre de la casa de estudios, aunque sí una “revisión y una dilatación del proceso” y agregó que el rector ya había anunciado el comienzo de dos tecnicaturas, por lo que estaban realizando un proceso de selección docente.
“Ha sido como un parate a eso, nos ha tomado todo por sorpresa y, en términos personales, con bastante dolor porque es un proceso de muchos años y que, además, se enmarca en lo que nosotros llamamos la reparación histórica por el atentado de 1995, que por una vez por todas el Estado nacional pudo reconocer la quebradura que provocó ese atentado en nuestra ciudad”, explicó.
Durante los primeros días de marzo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió al intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, acompañado por el rector organizador, el abogado bonaerense Pablo Yanibelli, y diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning con el objetivo de discutir la situación de la universidad.
Durante el encuentro, según trascendió, lograron transmitirle a la titular del ministerio la necesidad de la puesta en marcha de la institución y se dejó abierta la posibilidad de continuar con los trámites de habilitación en tanto se define si finalmente se podrá realizar la apertura.
Las universidades resisten la medida
Por otra parte, el secretario general de la Universidad Nacional «Madres de Plaza de Mayo”, Jacobo Grossman, consideró que, en su caso particular, la medida impulsada por el Gobierno nacional de derogar las resoluciones por las cuales se nombró a los rectores normalizadores de la universidad, fue un tema “abstracto”.
Afirmó que, por ley, la institución ya es considerada una universidad nacional y explicó que el primer paso para ser reconocida legalmente como tal, proviene del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Educación, el cual debe nombrar a un rector o rectora normalizadora.
En primera instancia, para dicho cargo, fue nombrada Cristina Camanio, aunque, luego de la Asamblea Universitaria del pasado 6 de diciembre fue dada de baja y resultó electa, por 32 votos a uno, la licenciada María Elena Paz como la nueva rectora.
“Se nombra al rector normalizador para que se conformen los claustros, que son los órganos de gobierno de una universidad que es autárquica, es autónoma, que tiene su propia organización. Entonces, lo que hicieron fue voltear a todos los rectores normalizadores. En el caso nuestro, ya no lo teníamos, porque la que había sido designada rectora normalizadora pasó a ser rectora honoraria”, detalló Grossman.
En este sentido, remarcó que la gestión nacional logró algo que “puede tener incidencia más directa en las otras cuatro universidades”, ya que, en el caso de su casa de estudios, “los rectores normalizadores ya habían superado esa instancia”.
En el caso de la Universidad Nacional de Pilar, la rectora Elizabeth Diana Wanger presentó un recurso de amparo con el fin de dictaminar la inconstitucionalidad de la decisión adoptada desde la cartera de la ministra Pettovello, argumentando que “vulnera garantías protegidas por la Constitución Nacional que consagra la autonomía universitaria“.
De esta manera, el pasado primero de marzo, el juez Adrián González Charvay dictó una medida cautelar que ordena a la funcionaria libertaria a suspender la revisión de la resolución que frena la apertura de la institución.
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