El costo de menstruar: se necesitan hasta cuatro mil pesos por año para productos menstruales

Las toallitas y tampones son un costo económico extra en las personas que menstrúan. Por año, se requieren entre 1.933 y 4.327 pesos para productos de gestión menstrual.

La menstruación para más de 12 millones de personas menstruantes en el país tiene un costo anual de hasta cuatro mil pesos, lo que representa el 44 por ciento de una Canasta Básica Alimentaria o el 87 por ciento del monto de una Asignación Universal por Hijo (AUH). La gestión de la menstruación y el costo de menstruar genera un “alto impacto” en hogares de menores ingresos, lo que provoca “mayores desigualdades”.

Las personas menstruantes del país gastan anualmente entre 1.933 y 4.327 pesos para gestionar su menstruación (toallitas y tampones), aunque estos valores varían según los productos o si acceden o no al programa nacional de Precios Cuidados (PC), de acuerdo a los datos del informe Justicia Menstrual Igualdad de género y gestión menstrual sostenible elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía.

Los datos toman las marcas más vendidas en supermercados de presencia nacional (como Always, Siempre Libre, Kotex, OB), relevados por el programa nacional Precios Claros, y los productos que están en la canasta de PC, relevados por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. A su vez, se utilizó como supuesto el uso promedio de 22 unidades por ciclo y de 13 ciclos por año.

Los productos como las toallitas cuestan anualmente 1.933 pesos dentro de PC pero las marcas más vendidas 3.228 pesos (una diferencia del 40 por ciento) . Sin embargo, el precio se eleva al comparar estos costos con el de las toallitas más caras, cuya diferencia asciende al 75 por ciento y con un valor de 7.873 pesos anuales. El informe advierte que el programa de PC tiene un “impacto sustancial” a la hora de disminuir el costo de menstruar.

En el caso de los tampones, el costo promedio anual de PC es de 2.158 pesos mientras que el promedio anual de los más vendidos asciende a 4.327 pesos (una diferencia del 50 por ciento). En cuanto a las marcas más caras, la diferencia es del 62 por ciento ante PC y promedia el valor de 5.739 pesos por año.

En diálogo para AUNO, la economista y coordinadora de Menstruacción en Ecofeminita, Lucía Espiñeira, señaló que la canasta menstrual para una persona que menstrúa impacta en su economía, sobre todo en las capas de menor ingreso, y por tal motivo destacó la importancia de las políticas de precios como las de Precios Cuidados y Precios Claros para “alivianar un poco la carga económica sobre los cuerpos menstruantes”. 

En cuanto a los ingresos, las mujeres ganaron 28.937 pesos mensuales en el cuarto trimestre de 2020, pero aquellas que se encuentran en el decil más bajo de ingresos recibieron 4.021 pesos por mes. Para ellas, el costo de menstruar anual equivale a la mitad de un ingreso mensual si se considera los productos dentro de PC. Es decir, para un hogar pobre, con dos mujeres que menstrúan y un único ingreso, el gasto anual equivale a un mes y medio de ingresos.

En relación a lo anterior, Espiñeira alertó que faltan políticas públicas para paliar la desigualdad que sufren las mujeres en el mercado laboral argentino. El Estado, consideró, debe inyectar dinero e impulsar a que los sectores donde trabajan las mujeres sean mejores pagos como, por ejemplo, el servicio doméstico que presenta una “altísima” tasa de informalidad con casi el 80 por ciento.

Iniciativas legislativas

El año pasado se presentaron 13 proyectos en el Congreso de la Nación y sólo uno en 2021 para suprimir los problemas de acceso a toallitas, tampones y copas menstruales que incluyen alternativas como la quita del impuesto al valor agregado (IVA) en dichos productos, entregas gratuitas en centros de salud, establecimientos educativos y otras instituciones, y/o incorporarlos al Plan Médico Obligatorio para que sean cubiertos por obras sociales y prepagas. También avanzaron iniciativas a nivel provincial y municipal, que van desde los descuentos para la compra de productos de gestión menstrual a la distribución gratuita. 

Fuente: Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía

Sin embargo, de los 14 proyectos, 13 perderán su estado parlamentario si no son aprobados por al menos una de las Cámaras antes del 30 de noviembre de 2021.

La diputada nacional por el Frente de Todos, Daniela Vilar, admitió a AUNO que todavía “falta mucha información para poder hacer políticas públicas adecuadas”, aunque se viene recolectado “mucha información” desde organizaciones de la sociedad civil, la Dirección de Economía y Género, y también desde la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires para abordar la problemática. De todas maneras, reflexionó que “el tema de la gestión menstrual dejó de ser tabú y empieza a contar con más visibilización y consenso sobre la necesidad de discutirlo y ponerlo sobre la mesa”.

Vilar presentó uno de los proyectos que promueve la creación de un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable y un Observatorio de Gestión Menstrual que esté bajo la órbita del Ministerio de Economía. “El proyecto presentado propone suplir la falta de datos e información que existen sobre este tema y generar evidencia sobre el impacto económico, ambiental y en la salud”, explicó. 

Por último, comentó que junto a las diputadas Gabriela Estévez, Mónica Macha y Jimena López trabajan a diario para que sus propuestas se complementen en “una visión muy integral”, ya que es un tema que comprende varias aristas. 

El informe fue realizado en el marco del Foro de Justicia Menstrual  con los aportes de investigaciones de equipos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Administración Federal de Ingresos Público(AFIP), Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete de Ministros, la Subsecretaría de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, entre otros.

AUNO-15-6-21
DL-SAM

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