Miembras de Madres y Familiares contra la trata de Almirante Brown no logran que el intendente Mariano Cascallares las reciba para garantizar vivienda, trabajo y justicia para las sobrevivientes del sistema prostituyente que viven en el municipio. Tras reunirse con diferentes secretarías que no ofrecieron una solución a largo plazo y luego de realizar una radio abierta, marcharon esta semana con el apoyo de otras organizaciones. Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Almirante Brown solo se comprometieron a comunicarse con la agrupación y con la Comisión Integral de Seguridad y Justicia contra la Impunidad para realizar una reunión con el objetivo de dialogar acerca de los casos por los que se movilizaron.
La marcha hacia la Municipalidad
Cerca de las 11 de la mañana del jueves, una bandera en la que se leía “Busquemos a Ailén López”, “Por una Argentina sin niñas violadas” y “No a la trata, sin prostíbulos no hay clientes” interrumpió la circulación de los autos en la Avenida Espora a la altura de Esteban Adrogué.
Integrantes de Madres y Familiares contra la Trata de Almirante Brown, de la Comisión Integral de Seguridad y Justicia contra la Impunidad y del Polo Obrero Tendencia Guernica formaron una columna de 60 personas. Habían cortado un carril por unos minutos antes de dirigirse por Diagonal Almirante Brown hacia el Palacio Municipal.
Las personas presentes cantaban “No están perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas”. Marcela Pérez*, madre de dos víctimas de trata en Chaco y en Almirante Brown, reafirmaba: “La prostitución no es trabajo, ¡Almirante Brown despierte! Es tortura de mujeres”.
El reclamo principal que esta agrupación dirige a la Municipalidad es una vivienda digna para Marcela, que quedó a cargo de sus nietos, abusados por los proxenetas que explotaban a sus hijas. Además, demandan trabajo para Silvia González, mamá de dos sobrevivientes de explotación sexual con retraso madurativo, y la visibilización del caso de Ailén López, hija de María López.
Según el artículo 6 de la Ley de Trata 26.842, el Estado debe garantizar que las sobrevivientes tengan asistencia psicológica y médica gratuitas, alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente, elementos de higiene personal, capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo, entre otros derechos.
Los peatones y los conductores que pasaban por el lugar miraban de reojo o manifestaban frustración y enojo porque creían que se trataba de un grupo de personas que reclamaba planes sociales. Las mujeres que utilizaban el micrófono para expresar el motivo de la movilización hacían hincapié en que no era ésa su intención.
Al llegar al edificio, nueve mujeres policías impidieron que ingresaran dos madres de víctimas de trata y no fue hasta casi dos horas después que aparecieron los funcionarios para ofrecer una posible reunión la semana próxima. El intendente Mariano Cascallares se encontraba en Capital Federal manteniendo reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
“La Municipalidad no está recibiendo a las víctimas de trata y no está cumpliendo con la Ley de Trata”, manifestó Mónica Baudín, presidenta de la Comisión Integral de Seguridad y Justicia Contra la Impunidad. La acompañaba José María Vázquez, el primer vocal titular de la organización. Ambos habían sido enviados por Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, y desempeñaron un rol de mediadores entre las madres y los funcionarios municipales.
Marcela Pérez
Marcela Pérez es madre de dos mujeres que fueron explotadas sexualmente en Chajarí, Entre Ríos, de donde las rescató en 2017. Ambas, para soportar a los prostituyentes, consumían drogas y eso provocó sus adicciones actuales. Por eso continúan en el sistema prostituyente, pero esta vez sus proxenetas se encuentran en Almirante Brown. Marcela logró quedarse con la tenencia de sus nietos y descubrió que los tres habían sido víctimas de abuso sexual infantil.
“La familia del abusador nos atacó en mi casa y mi hija está en manos de él, si yo muevo la causa por abuso sexual infantil la van a ir a golpear a mi hija”, advirtió Pérez en diálogo con AUNO. Y añadió: “Nadie nos quiere alquilar porque somos ocho personas y por toda la violencia que se desató cuando los familiares del abusador de mi nieto llegaron con machetes y autos y casi nos matan si no fuera por una patrulla que nos asistió”.
Esta madre denunció la violencia que sufren sus hijas por reclutamiento y trata para prostitución a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), del Ministerio Público Fiscal. Además de una vivienda digna, Miriam exige asistencia psiquiátrica para sus hijas, para que no vuelvan a ser explotadas y se mantengan lejos de sus explotadores.
“Mi hija está en manos de proxenetas, ella dice que está libre, pero hace seis días que no la veo, que no sé dónde está y encima tiene una pareja violenta que la golpea, a la que ya denuncié y me dijeron que si ella no reconoce la violencia, no pueden hacer nada”, explicó Pérez.
Respuestas de la Municipalidad
La Municipalidad sólo ofrece a las Madres soluciones temporales: mercadería, 50 mil pesos por única vez, cobrar el Plan AcompañAR para víctimas de violencia por motivos de género o la construcción de una casa en un terreno prestado por algún vecino. Pasan de una secretaría a otra, pero ninguna garantiza el cumplimiento de la Ley de Trata.
“Es una vergüenza que el otro día me llamaran de la Municipalidad para preguntarme cuál era la Ley y los tratados internacionales para que ellos se agarren de ahí para pelearle al mismo Estado lo que estamos pidiendo”, sentenció Silvia González en diálogo con AUNO.
Antes de la marcha del jueves, realizaron una radio abierta el 2 de junio en la puerta del Palacio Municipal para pedir una audiencia con el intendente Mariano Cascallares y la respuesta del gobierno municipal fue la recepción del petitorio de audiencia, el ofrecimiento de una reunión con la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos y la presencia de ocho policías bloqueando la puerta del edificio.
González obtuvo una vivienda a través de una gestión de la excoordinadora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, Cecilia Merchán. “Llamaron por teléfono delante mío a Almirante Brown y en dos patadas la consiguieron”, recordó González.
González, Pérez y María López, mamá de Ailén, se conocieron a través de la organización abolicionista de la prostitución Madres de Víctimas de Trata (MVT). Por diferencias de intereses, decidieron comenzar con acciones territoriales en el Conurbano Sur y participar en instancias de organización regional. El 3 de junio estuvieron en la asamblea abierta organizada por quienes confluyen en el Encuentro Regional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Trans, Asexuales, Intersex y No Binaries de la zona, a seis años del primer Ni Una Menos.
Con la agrupación Madres y Familiares contra la Trata de Almirante Brown apuestan por una militancia abolicionista local y por “tratar de unificar a todas las víctimas de todo zona sur y no dejarlas solas para que el municipio las boludee”, apuntó González.
María López
La madre de Ailén López, desaparecida para ser prostituida por su novio el 14 de febrero de 2013 en Longchamps, exige que se vuelva a distribuir la foto de su hija en las instituciones y las comisarías para que no la dejen de buscar.
“Tenía 17 años cuando el novio se la llevó, la reclutó él y hasta el pibe está desaparecido, no sabemos si la mató, ya no sabemos si pedir presunción de muerte para que se empiece a buscar en los cementerios”, sostuvo González.
El 15 de febrero de 2013, la Dirección Departamental de Investigación (DDI) de Esteban Echeverría llamó a María para informarle que su hija estaba en la casa de su novio y que le habían pedido que volviera a casa con su madre. Desde ese momento que no sabe nada más sobre ella.
En 2020 una joven con características similares a Ailén apareció en un hospital de González Catán. La Justicia no permitió que ella se acercara a esta joven ni realizara pruebas de ADN y recién en febrero de este año el Juzgado de La Matanza la identificó y le confirmó que no se trataba de Ailén. Así que la búsqueda continua.
Silvia González
Los funcionarios del Municipio de Almirante Brown conocieron a la madre de Milagros y Ludmila en marzo en una situación particular. Durante la inauguración de la obra del edificio del Instituto Superior de Formación Docente Nº41 (ISFD Nº41), en el Barrio Vattuone, ella se subió al techo de su casa para llamar la atención de los presentes: el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente Cascallares.
“Todos aplaudían y yo estaba reclamando ‘¿Dónde está Ailén López? ¿Qué pasó con las desaparecidas de Almirante Brown?’”, describió González.
Tanto Milagros como Ludmila tienen retraso madurativo. Fueron secuestradas para ser prostituidas en 2013 y en 2016, respectivamente. El proxeneta de Milagros está preso desde 2015 por piratería del asfalto y recién el año pasado lo imputaron por trata de menores con fines de explotación sexual. Según la Ley de Trata, podría ser sentenciado de 10 a 15 años de prisión.
“Yo voy a pedir una sentencia de 25 años, mínimo; él es joven, va a salir, en algún momento va a salir porque más de 24 años no tiene, pero a mí me arruinaron toda la vida, nos cambió toda una vida”, recalcó González.
* Para preservar su anonimato, no se usó su nombre real.
AUNO-18-06-2021
MLH-MDY
