Por Sergio Cabezas
El anuncio de la creación de un Registro Único de Solicitantes de lotes (RUS) por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, reflotó el debate sobre el rol del Estado en la problemática habitacional. Quienes conocen el tema de primera mano -por haberlo padecido o por haberlo estudiado- consideraron que hay un “déficit” de políticas para abordar el tema, y que el drama es producto de “una estructura de desigualdad en función de la especulación de capital” inmobiliario.
Lo que propone el RUS, según precisó Massa durante el último debate presidencial, es crear “2 millones de lotes con servicios, agua, cloacas, pavimento y alumbrado, con inversión pública.
La clave es enfrentar el problema de las tomas antes de que ocurran y ofrecer una alternativa. Este paso previo a la toma de tierras sería identificar un terreno fiscal en desuso, acondicionarlo con servicios básicos y dividirlo en lotes para asignarlos a los inscriptos en ese registro.
La trabajadora social, militante y escritora Yamila Rodríguez consideró que la iniciativa del gobierno es una “buena herramienta” para tener “un parámetro de cuántas personas se encuentran en vulnerabilidad habitacional”. No obstante, reparó: “Creo que hay un déficit de políticas públicas que puedan abordar ese tipo de situaciones”.
Para Rodríguez, “lo que sucede es que las personas por medio de recuperaciones, de tomas de tierras, terminan solucionando su situación habitacional justamente porque se encuentra más agravada”. Ella junto a la especialista Paula Delfino es autora del libro “Recuperación de tierras de Guernica. Experiencia y perspectiva desde el trabajo social”.
LUCHAR POR UN HOGAR PROPIO
¿Qué es lo que sucede luego de una toma de tierras? Aurelia Britez tiene 54 años y vive en el barrio La Victoria, Monte Grande, que comenzó como una toma de tierras en 2005 y que luego, junto al movimiento Corriente Pueblo Unido, lucharon para mejorar el terreno y tener servicios como agua potable y luz.
“Vivíamos con el miedo de que algún día iba a haber desalojo, decían que de un día para otro iban a tirar las casillas que teníamos”, recordó a AUNO sobre los primeros años del barrio.
Tampoco olvidó la “respuesta” que les dieron a los vecinos cuando fueron a pedir servicios básicos a la Municipalidad de Esteban Echeverría: “Un encargado nos echó cuando fuimos a pedir agua, me dijo que ‘no rompa las pelotas acá, le voy a pedir que se vaya porque no tenemos nada que hacer con ustedes’”.
Aurelia afirmó que con la ayuda del movimiento en el que ella militaba lograron rebajar el valor de los terrenos a un “precio que la gente podía pagar”. Indicó que la compra se inició hace ocho años y celebró que hoy, “a base de la ayuda y esfuerzo de los vecinos”, mejoraron las condiciones de vida en el barrio La Victoria.
Sobre el lanzamiento de Massa del RUS, consideró que “como todo político hace promesas y se olvida de cumplir”. No obstante reconoció que “si (lo que prometió) es cierto, le viene bien a la gente que está alquilando. Ojalá sea así y mucha gente tenga su terrenito”.
“CUÁNDO UNO NO TIENE CASA, NO TIENE SUEÑOS”
Por afuera de la experiencia personal y comunitaria de Aurelia, hay quienes teorizaron la problemática habitacional de manera más amplia. Myriam Britez y Sebastián Rivero son militantes sociales con más de 40 años de experiencia en el tema y también autores del libro Asentamientos… su historia y sus luchas. Ambos coincidieron en que “se estigmatiza a las familias que necesitan un lote para vivir”.
“Cuando uno no tiene casa, no tiene sueños, no tiene esperanza”, expresó Myriam. En su opinión, cuando se debate sobre el déficit habitacional no se habla de “las familias que perdieron sus viviendas por la construcción de autopistas” ni por “la erradicación de las villas de Capital Federal”.
Según contó a esta agencia, “los primeros asentamientos” en el conurbano bonaerense fueron en los partidos de Quilmes y San Francisco Solano, donde “la misma realidad” llevó a la gente que quedó sin hogar.
Sebastian señaló a AUNO que la problemática es producto de “una estructura de desigualdad en función de la especulación del capital” (inmobiliarias) y sostuvo que “el negocio inmobiliario” se desarrolló “sin control” en Argentina y en el mundo. En este contexto, en el país hay “más viviendas desocupadas que familias sin hogar”.
En sintonía con esa mirada, Myriam evocó las palabras del obispo Ambrosio en el año 300: “Ricos, ¿hasta dónde pretenden llevar su insensata codicia? ¿Es que acaso son los únicos habitantes de la tierra? ¿Por qué expulsan de sus posesiones a quienes tienen su misma condición humana y reclaman para ustedes solo la posesión de toda la tierra? La tierra ha sido creada en común para todos, ¿por qué se adjudican el monopolio exclusivo de su propiedad?”.
Por otra parte, ambos aseguraron que con el libro Asentamientos… su historia y sus luchas “no están promoviendo las tomas”, sino que pretenden dar cuenta de la histórica problemática habitacional en el país y el mundo. Además, sostuvieron que su objetivo es “instalar el tema” para que “se (lo) trabaje entre las organizaciones en colaboración con el Estado”.
UNA ASIGNATURA PENDIENTE
Según datos del año 2021 de la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, el déficit habitacional en la provincia de Buenos Aires alcanzó a 2.284.136 de hogares. Esto se calculó en base a estimaciones que brindó la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), junto con proyecciones basadas en los censos nacionales anteriores a ese año.
En las últimas décadas hubo programas estatales que demostraron un avance y esfuerzo para atender la problemática habitacional, se implementaron políticas como los créditos Procrear, el Plan Nacional del Suelo, las líneas Mi Pieza y Mi Baño, entre otras. (Ver: Algunas respuestas a la crisis habitacional)
Yamila Rodriguez, la trabajadora social, mencionó que el año pasado la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) lanzó el proyecto ARCA (Acción para el Repoblamiento Comunitario de la Argentina), que consistió en la organización de pequeñas comunidades urbanas en territorios rurales cercanos a las ciudades. Tienen un máximo de 15 hectáreas por Arca para asentar un máximo de 250 familias sin tierra propia en lotes de aproximadamente 500 metros cuadrados.
El proyecto se puso en marcha en las provincias, mientras que en Buenos Aires no logró tanto éxito. “Tuvo mucho revuelo pero no tuvo implementación, porque los municipios por medio de sus ordenanzas lo frenaban”, contó.
Como integrante del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), “el año pasado habíamos comenzado la tramitación de un Arca en el municipio Almirante Brown”, comentó. Sin embargo, “por medio de una ordenanza a favor de los countries, los barrios cerrados, no nos lo permitieron”. La SISU les dijo que “no otorgó el subsidio por una cuestión de zonificación”.
Yamila participó y se desempeñó laboralmente en la toma de tierras en Guernica de 2020. Estuvo al lado de las familias que padecen la falta de vivienda propia. “Son el sector más estructuralmente golpeado” por una política que aún no encuentra una respuesta integral, concluyó.
SSC-AFD
AUNO-13-10-2023
