Por Damián Carvallo Britez
Con el Registro Único de Solicitantes de lotes (RUS) lanzado por el ministro de Economía, Sergio Massa, creció el abanico de leyes y programas que ofrece el Estado argentino para dar respuestas a la crisis habitacional.
La legislación argentina tiene en su haber varias normas que buscan respuestas a la problemática de la falta de acceso a viviendas, que se agiganta sobre todo en la población concentrada en los centros urbanos.
Según la Universidad Católica Argentina (UCA), en el país existen alrededor de 3,8 millones de personas sin hogar propio y que no encuentran maneras de afrontar la situación que atraviesan, a pesar de que el Estado garantiza el derecho a la vivienda digna desde su Constitución en el Artículo 14 bis.
Ese artículo de la Carta Magna establece “el acceso a una vivienda digna” como una garantía más que debe facilitar el Estado, como uno de los diversos “beneficios” en materia de seguridad social para el trabajador.
¿CUÁLES SON LAS LEYES VIGENTES?
La Ley de Usucapión fue sancionada en 1994 y establece que una persona que durante 10 años seguidos ocupa un terreno cuyo no lo reclamó, puede solicitarlo como propio. Lo que debe hacer es encargarse del pago de los impuestos y servicios correspondientes, con la existencia de un título. En el caso de no cumplir este requisito, deberá esperar 20 años.
En la provincia de Buenos Aires, la Ley de Acceso Justo al Hábitat promueve el derecho a la vivienda que “sea digna y sustentable, según establece la Constitución Provincial”. A su vez, tiene como objetivo tres puntos esenciales. Uno es facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales.
El segundo es atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional, y por último generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo.
También está vigente la Ley Simple, que desde 2017 regulariza el estado de los barrios populares, declara “de interés público el régimen de integración socio-urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en proceso de integración urbana”.
Esta ley, según dice el texto, engloba un conjunto de acciones que están orientadas a la mejora de infraestructura y los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, y el acceso a los servicios y la conectividad. También a los servicios de saneamiento y la mitigación ambiental.
Luego existe la Ley del Sistema Federal de Viviendas, que establece la creación de un programa de administración de fondos que está destinado a la construcción de casas para personas que no posean los recursos necesarios que le permita acceder al inmueble a través de créditos otorgados por el Estado de manera fácil y rápida.
¿QUÉ PROGRAMAS DE VIVIENDAS ESTÁN EN MARCHA?
Otro dispositivo que busca dar respuesta a la crisis habitacional son los programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, creado durante el último gobierno para darle impulso a los planes de construcción que habían quedado congelados durante la administración de Mauricio Macri.
Una de esas iniciativas es Casa Propia, que se encarga de la creación y reparación de viviendas para la planificación de ciudades con una duración preestablecida y un objetivo: construir un total de 264 mil inmuebles.
Así también, Procrear que ofrece a las familias que aplican al beneficio una casa que se financia a 30 años y el tipo de hogar depende del ingreso total que tiene todo el grupo familiar que lo compone. Este programa tiene vigencia hasta diciembre de 2023, con lo cual corre riesgo de continuidad en caso de un cambio de gobierno.
Para quienes ya tienen un terreno, el ministerio ofrece el plan Mi Pieza, un incentivo económico para mujeres mayores de 18 años que acrediten un mínimo de dos años de residencia permanente y estén inscriptas en el sistema de Renabap.
WDCB-AFD
AUNO-13-10-2023
