Lomas de Zamora, abril 22 (AUNO).- Nieves Kanje se dirigía al aula a dar su clase cuando un grupo de hombres armados se la llevó detenida. Silvia Saladino dormía en su casa con su familia cuando le deparó la misma suerte. Ambas fueron a El Vesubio, el centro de detención clandestina donde estuvieron secuestrados militantes como los escritores Hector Ohesterheld y Haroldo Conti. Luego de casi cuatro décadas de lucha, ambas se encontraron el día en que ese lugar fue señalizado como ex centro de tortura.
El 19 de marzo, la Comisión de ex Detenidos y Familiares de El Vesubio y Puente 12 marchó junto con sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones de derechos humanos y barriales hasta el primer centro de torturas recuperado de La Matanza. Funcionó desde el golpe de marzo de 1976 hasta 1978, cuando la dictadura lo hizo demoler para no dejar huellas de su existencia ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, que finalmente llegó en 1979.
La señalización de hace más de un mes, enmarcada en el 40 aniversario del último golpe cívico-militar, incluyó una marcha hasta el predio ubicado en Camino de Cintura y Autopista Riccheri, seguido de una jornada cultural a la que asistió la intendenta matancera, Verónica Magario. Allí se inauguraron tres columnas, cada una con las palabras Memoria, Verdad y Justicia, y acompañadas por una base horizontal con la leyenda: “Aquí funcionó el Centro Clandestino de Detención ‘El Vesubio’”.
Para Nieves Kanje, el acto significó un “gran logro y una emoción terrible” ya que, además de “recordar a los desaparecidos”, para la comisión resultaba “muy importante” dar cuenta de que ahí funcionó un centro de detenciones clandestinas. Fue importante “tanto para los habitantes de La Matanza como para los extranjeros que llegaban al Aeropuerto de Ezeiza (y pasan por allí), teniendo en cuenta que se encuentra a muy poca distancia” entre uno y otro lugar.
Resulta curioso que un ex centro de detención tan emblemático como lo fue El Vesubio haya demorado tanto tiempo en ser reconocido como tal. Ante esta cuestión, la sobreviviente Silvia Saladino opinó que para que esto ocurriera se dio “una sumatoria de cosas”, como “la decisión del juez (Daniel) Rafecas de no tocar el terreno” mientras se hacían investigaciones por las causas de lesa humanidad. También “el hecho de que esté en una zona periférica” como La Matanza y, “por supuesto, el factor del ‘Intruso’”.
TENEMOS UN INTRUSO
Una vez que se demolieron las edificaciones donde funcionó El Vesubio, se instaló en ese predio un hombre que crió vacas, caballos y construyó una choza. Lo apodaron el “Intruso”, ya que tomó el terreno sin autorización y nunca se lo pudo sacar. Los familiares y ex victimas sospechan que esa persona fue puesta en su momento por los militares.
Entonces desde la comisión resaltaron que sería “muy importante” que la Municipalidad lo desalojara para “facilitar que se siga avanzando en el reconocimiento de El Vesubio como sitio de memoria”.
“Varias veces fuimos con un juez y se tomó nota de que había un intruso pero nunca se lo intimó a que se fuera, y ahora se le está haciendo el juicio de la usucapión”, que es el trámite que se inicia para apropiarse un terreno. “No queremos que la lucha de los compañeros y su compromiso social esté pisoteada por vacas y caballos”, reclamaron.
EL VESUBIO Y PUENTE 12, NO TAN DISTINTOS
Frente a El Vesubio se ubicó otro de los primeros centros de detención del país, Puente 12, que empezó a funcionar en 1974 según el testimonio de los organismos de derechos humanos y de militantes que estuvieron secuestrados allí.
Cristina Comandé, sobreviviente de Puente 12, explicó a AUNO que, “al principio, para los que trabajaban en la recopilación de datos de la investigación, era el mismo campo” hasta que se dieron cuenta de que “eran dos lugares distintos y se separó todo”. “Evidentemente, los dos centros estaban muy vinculados porque hubo compañeros que fueron vistos en ambos lugares, y a otros que los llevaban de un lugar al otro para hacerles interrogatorios”, agregó.
En el campo judicial, las causas por delitos de lesa humanidad en esos dos lugares están separadas y tienen tiempos muy distintos. Por El Vesubio se realizaron dos juicios orales y públicos en 2010 y 2014, y hay un tercero que está en la etapa de instrucción, mientras que por Puente 12 apenas se terminó la primera instrucción y aún no se realizó ningún juicio oral.
EL VESUBIO POR DENTRO
“Estaba compuesto por tres casas. En una se encontraban los prisioneros, en otra se realizaban las torturas y la casa (restante era) donde vivían los guardias y el resto de empleados.” Nieves Kanje describió al lugar como “lúgubre, oscuro y frío”, con paredes “deterioradas y cubiertas de humedad”. “Era muy oscuro y tenebroso, obviamente las ventanas estaban cerradas y no entraba la luz del sol”, rememoró.
Nieves tenía 20 años cuando fue secuestrada, había terminado el profesorado en el Normal 1 y vivía en el barrio porteño de Flores. Tenía “todas las expectativas de una maestra recién recibida, con todas las ganas de hacer muchas cosas por mis alumnos”.
En la secundaria era una militante estudiantil de un frente anti imperialista y en el profesorado había estado en la coordinadora de alumnos y docentes. Tuvo un breve paso por Vanguardia Comunista hasta que se desligó, aunque esto no impidió que su nombre apareciera en una lista negra.
“Un día estaba en el aula cuando me llamó la directora y avisó que me habían ido a buscar. Me dijeron que tenía que acompañarlos, me resistí hasta que me pusieron un revólver en la cabeza y me amenazaron con matarme frente a mis alumnos. Eso me aflojó, así que me subí al auto y me llevaron”, relató.
Estando allí dentro, Silvia Saladino sabía que pasaban aviones. “Antes de liberarnos nos sacaban a tomar sol y cada tanto teníamos que acostarnos y taparnos con sábanas”, comentó a AUNO. “A la distancia escuchábamos un tren. Unos compañeros habían espiado por la ventana y habían visto la parada del 86. Eso era todo lo que sabíamos”.
A Silvia la secuestraron el 18 de julio de 1978. Hacía meses que se había recibido de maestra y vivía en Flores, igual que Nieves. Cuando muchos tomaron la decisión de dejar de militar, Silvia sintió la necesidad de estar en alguna estructura partidaria. Tuvo una intensa actividad en Vanguardia Comunista, donde se formó y participó de actividades para denunciar el golpe.
“Una madrugada vinieron a buscarme a mi casa. Estaban mis padres y mis hermanos. Mi hermano abrió la puerta y cuando me desperté estaban apuntándome con un arma. Me dejaron cambiarme y me llevaron a El Vesubio”, recordó.
LO QUE VIENE Y LO QUE FALTA
Se viene una nueva etapa para la política argentina en la que el desafío será que los derechos humanos sigan siendo una política de Estado para todos los gobiernos, sean del signo partidario que fueren. Desde los organismos tienen planeado ir por más.
Silvia Saladino consideró que “se debe continuar enjuiciando a militares con celeridad, para que no mueran impunes”. Además reparó en que aún “hay muy pocos civiles cómplices condenados, y eso es una asignatura pendiente”.
Por su parte, Cristina Comandé sostuvo que falta “meter presos a los policías que fueron cómplices”, ya que “muchas veces” las comisarías eran usadas como “lugar de tránsito y de tortura”, y de eso “sí hay” un registro.
Por otro lado, solicitó que la causa judicial de Puente 12 “se mueva” porque hace tres años que “el juicio oral está frenado”. Además, pidió que se reconozca “con una placa o una distinción mínima” el sitió donde funcionó ese campo de concentración, que actualmente funciona como una brigada policial.
GM-AFD
AUNO-22-04-16
Norma dice:
Excelente descripción muy interesante. Bien Sebas!