La entidad aseguró que “coincide” con el pedido de informes sobre la actuación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos en la inspección de la feria La Salada, que habían solicitado los senadores provinciales del radicalismo Jesús Porrúa y Diego Rodrigo.
Los senadores bonaerenses de la UCR le solicitaron a la Subsecretaría de Ingresos Públicos que “informe si ha realizado operativos en ferias de venta de ropa en la provincia y que indique especialmente sí relevó la feria La Salada”, que se ubica en la localidad de Ingeniero Budge.
“Esa gigantesca feria donde se comercializa fuera de las normas legales mercadería de dudosa procedencia constituye una competencia desleal y perjudica al comercio legalmente establecido. Por ello, así como lo hace con este sector, el mencionado organismo debería llevar a cabo operativos de inspección en La Salada y aplicar las medidas correspondientes”, advirtió la Cámara de Comercio en un comunicado.
Los legisladores radicales en el pedido de informes se preguntan “sí en los operativos se solicitó documentación respaldatoria de la compra de la mercadería, y el motivo por el cual dichas ferias o paseos de compra nunca fueron incluidos en los operativos que se anuncian desde el organismo a cargo de Santiago Montoya”.
Además, quieren saber “si ha tomado conocimiento del ingreso de mercadería robada por bandas de piratas del asfalto en el circuito comercial legal” y que de ser así quieren saber “si ha conformado algún cuerpo de inspectores especiales para atender esta problemática; si está trabajando de manera conjunta con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y los resultados de los eventuales operativos”.
Porrúa y Rodrigo justificaron su solicitud de informes “en la necesidad de obtener información precisa acerca de los controles impositivos que se llevan adelante en las ferias o paseos de compra de la provincia”.
Agregan que en rigor “se han venido anunciando, por todos los medios de prensa, diferentes operativos diseñados por la Subsecretaria de Ingresos Públicos informes sobre compradores de plasmas por el campeonato mundial de fútbol o por el Día del Padre, entre otros pero observamos que dichos mega- operativos no involucran justamente a este sector de la economía que tiene una marcada tendencia al informalismo y a la evasión impositiva”.
La feria La Salada es conocida como el mercado mayorista más grande de la Argentina, el cual mueve más de 1.200 millones de pesos por año y convoca cerca de 50 mil personas cada vez que abre (miércoles y domingos), de acuerdo con las estimaciones que manejan entidades de la industria y el comercio.
Los administradores de las ferias calculan que en “un buen día pueden llegar a recaudar unos 50 millones de pesos”, aunque las cámaras empresariales reducen el número a unos 12 millones.
Estas cifras se consiguen por el alquiler de los 7.000 puestos que conforman este megacomplejo (distribuidos en tres ferias llamadas “Ocean”, “Punta Mogotes” y “Urkupiña”) y los 3.000 puestos que se encuentran sobre la ribera del Riachuelo.
Los alquileres varían de acuerdo con su ubicación. Los que se encuentran al lado del Riachuelo, oscilan entre los 5 y 40 pesos, mientras que los que están bien situados, porque se concentra la mayor cantidad de gente, pueden llegar a los 1000 pesos.
Incluso, se estima que el complejo y sus alrededores recaudan, sólo en alquiler, cerca de 250 mil pesos por día, según datos aportados por medios de comunicación y entidades del sector.
Entre los que visitan esta feria se encuentran jóvenes que buscan ropa de imitación a muy bajo costo, pequeños comerciantes que compran por docena y luego revenden, y comerciantes de clase media que provienen de todo el país y llegan en micros especialmente para hacerse de los productos que, comprados en negro y a bajo precio, ingresarán al mercado legal a costo de mercado.
En el 2004, se llevó a cabo un operativo a cargo de la Municipalidad de Lomas en el que se derribaron tres mil estructuras metálicas que formaban una parte de la feria. Este sector es conocido como “la ribera”, donde se encuentra el eslabón más débil, es decir, los vendedores que no pueden pagar para ingresar a los complejos “habilitados”.
En este sector, de tres kilómetros de largo, funcionan miles de puestos que compiten con los considerados “legales por el municipio y la policía”, aunque unos y otros vendan la misma mercadería.
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