Lomas de Zamora, julio 2 (AUNO).- El sábado 2 de diciembre de 2006 Martín Castellucci fue golpeado por un patovica del boliche “La Casona”, de Lanús, ante dos policías que no intervinieron. Casi siete años después, con un solo condenado en la causa, ante las “injusticias del sistema judicial” que declararon el sobreseimiento del dueño del boliche, el padre del joven asesinado, Oscar, dice haber “perdido esperanza” en la Justicia. Y, ante la “inacción y falta de avances” en la regulación del control de locales bailables y la normativa para “patovicas”, se manifestó “cansado de este recorrido que estamos haciendo en desigualdad de condiciones. No puedo reemplazar al Estado”.
Tras el asesinato de su hijo a manos del patovica y boxeador José Lienqueo, Oscar Castellucci inició un camino que fue cuesta arriba y que le dio buenos frutos: logró la sanción de la ley nacional 26.370 y su correlato bonaerense, la 13.964, que regula la actividad de los trabajadores de control, admisión y permanencia de los boliches. A ese avance en materia legislativa, le siguió la creación del Registro Nacional de Controladores de Admisión y Permanencia (Rencap) y el Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (Recap) provincial, que tuvo como objetivo cambiar una actividad marcada por la violencia y la informalidad, ya que suelen ser “trabajadores en negro”.
Con respecto al sistema judicial, el padre del joven asesinado no tuvo buenas experiencias desde el principio debido a que la causa fue dividida en tres por la fiscal Marcela Juan, lo que demoró mucho los juicios: la del patovica, la del dueño del boliche y la de los policías que intervinieron en el caso.
El patovica Catalán fue condenado en 2009 a once años y nueve meses de prisión, pero el año que viene ya estará en condiciones de pedir libertad condicional.
En 2011, el dueño de La Casona, Atilio Amado, fue sobreseído en la causa que lo involucraba. Luego de ese revés, la familia Castellucci apeló la decisión y la Suprema Corte provincial aún “ni siquiera contestó si va a aceptar o rechazar el recurso presentado”, lamentó Castellucci ante AUNO.
La situación de los dos policías que no evitaron la golpiza al estudiante de Veterinaria “no hace más que profundizar la desesperanza de la familia” de la víctima, sostuvo el ex director del primer centro de formación profesional para patovicas, ya que Guillermo Guzmán fue condenado a dos años, por lo que no le correspondió prisión, y Cristian Messina no asistió en dos oportunidades a las audiencias establecidas para iniciar el juicio.
En abril, la defensa de Messina solicitó una extensión del plazo para evaluar la posibilidad de llegar a un arreglo, pero jamás volvió a presentarse. La semana pasada tampoco asistió al Juzgado Correccional 8, a cargo de Nora Martini, ya que a través de un fax acusó “gripe y lumbalgia”.
“Uno de los secretarios del juzgado dijo que iban a enviar un médico legista a constatar el malestar del policía, pero ya no sabemos si es cierto o si nos lo dicen para tranquilizarnos”, contó Castellucci a esta agencia.
Todas estas complicaciones en el plano judicial llevaron a que la familia del joven asesinado perdiera “la confianza, porque la Justicia está hecha para los imputados y permite que puedan hacer estas chicanas. Hasta que Messina no se presente en el juzgado la causa va a permanecer inmóvil”, ahondó el docente de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.
“Cuando la Justicia no quiere, podés insistir todo lo que quieras pero va a ser en vano”, amplió el titular de la asociación civil Martín Castellucci que lucha “contra la discriminación, contra la violencia y por los derechos de los jóvenes”.
Los Castelucci no esperan mucho de parte del Poder Judicial. tan sólo siguen adelante para que nadie ose decirles que no hicieron lo posible y “agotar todas las instancias legales”; y en el plano del Ejecutivo, están “preocupados por la falta de acciones en la aplicación de la ley, que está muy lenta”.
“Los ministerios de Educación, Derechos Humanos y Trabajo perdieron la dinámica que venían manejando en el tema. Al ser año electoral deja de avanzarse, pero las políticas públicas no pueden depender de esos aspectos”, reprochó.
Una comisión sectorial compuesta por distintos organismos estatales bonaerenses, el Sindicato Único de Trabajadores de Control Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) y la Asociación Civil Martín Castellucci se reunía mensualmente para planificar los pasos a seguir. Pero esto se dio hasta abril, cuando el padre de Martín realizó un “planteamiento muy duro: ¿Para qué reunirse si no se avanza en nada?” Y desde ese día jamás volvió a darse ese encuentro.
Desde aquel momento “no hay datos, ni estadísticas” sobre el rubro, las denuncias y todo lo relacionado al mundo de los patovicas, lamentó.
“El Recap hace inspecciones, pero las sanciones no se emiten, por lo que los boliches no sufren consecuencias. Toda relación es de dos lados, yo no puedo reemplazar al Estado”, sostuvo Oscar Castellucci, quien a pesar de todos los reveses sigue adelante “con la esperanza y la convicción de que es necesario cambiar”.
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