“El gobierno de (Mauricio) Macri afectó económica y simbólicamente a las casas de estudio. Es fundamental “orientar la labor de las universidades y del sistema científico y tecnológico para lograr una sociedad más igualitaria”, aseguró a AUNO Mauro Benente, investigador y docente de las Universidades de Buenos Aires (UBA) y de José C. Paz (UNPAZ).
La historia de la gratuidad en las universidades públicas, el papel de diputados radicales y de los gobiernos peronistas, el ingreso a la educación superior vista como un “derecho humano”, el impacto negativo de las políticas macristas y el discurso opositor del Frente de Todos, son algunos de los temas abordados por Mauro Benente.
¿Cuáles son los antecedentes de gratuidad o supresión de aranceles en el mundo y en particular en la Argentina?
A nivel mundial no tengo tan clara la existencia de sistemas de educación superior desarancelados con anterioridad a 1949, cuando mediante el decreto 29.337, el presidente Perón estableció la supresión de aranceles en Argentina. A nivel nacional, en el marco de la Reforma de 1918, la gratuidad fue debatida, pero no estuvo en el centro de las demandas estudiantiles. De hecho, en el Congreso de la Federación Universitaria Argentina de julio de 1918 se discutió la gratuidad, pero no fue aprobada como un postulado constitutivo de la Federación.
¿Antes del peronismo se habían presentado proyectos sobre gratuidad?
Cuarenta y cinco días después del emblemático 15 de junio de 1918, Yrigoyen presentó un proyecto de Ley de Instrucción Pública, de todos los niveles, que contemplaba el cobro de aranceles universitarios. Ese proyecto no se aprobó. Si se revisan los diez proyectos de ley que se presentaron entre la Reforma y el ascenso de Perón a la Presidencia, observamos que cinco mantienen el arancelamiento, cuatro condicionan la gratuidad a la posibilidad de contar con recursos presupuestarios suficientes y/o sólo dirigida a estudiantes carentes de recursos, y sólo el proyecto presentado por Julio V. González, el 30 de septiembre de 1941, contiene la gratuidad universal. La primera ley de educación superior que el peronismo sancionó, en setiembre de 1947, no contemplaba la gratuidad, sino un sistema de becas.
Finalmente, llega la gratuidad
Por ese entonces, los diputados radicales Nicolás Rubino Sidney y Gabriel del Mazo tenían presentados proyectos legislativos que contemplaban la gratuidad, y al momento de discutirse aquella primera ley universitaria del peronismo (la N° 13.031), en Diputados, la UCR presentó un dictamen de minoría consagrando la gratuidad. Ésta no fue un invento del peronismo, pero en las cuatro oportunidades en las que se estableció legislativamente la gratuidad, el gobierno era peronista: 1949, 1953, 1974 y 2015.
¿Crees que en el mundo está mal visto por las oligarquías la gratuidad en los estudios superiores?
A nivel mundial, la educación superior está en disputa. Por una parte, en abril de 1994, los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) acordaron que la liberalización de los intercambios internacionales, que hasta entonces sólo se contemplaba para mercancías, también se aplicaría a los servicios, aprobándose así el Acuerdo General sobre Comercialización de Servicios (GATS, en inglés). El Acuerdo incluía a la educación como un servicio a liberalizar, y cuatro años más tarde, en 1998, la Secretaría de la OMC formó un grupo de trabajo para avanzar en la liberalización de la educación. Al año siguiente, la Secretaría incluyó a la educación superior entre los servicios reglamentados por el GATS, y en el 2000 se iniciaron las negociaciones para la comercialización de los servicios educacionales.
Del otro lado, en 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) estableció, en su declaración final, que la educación superior es “un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado”, que fue ratificado en la declaración final de la CRES de 2018. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona la implementación progresiva de la gratuidad de la educación superior (art. 13, inc. c), que es reafirmada en la Observación General N° 13, párrafo 14, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. El conocimiento, inevitablemente, se construye en común y se reproduce en común.
Toda invención, todo adelanto, toda nueva perspectiva, supone un logro individual pero también una sedimentación de saberes y errores, previos y contemporáneos. La disputa, entonces, es si aquello que se construye en común puede ser susceptible de apropiación individual, privada y privativa, o debe permanecer en comunidad. Un dispositivo que permite que se mantenga en común es no arancelar la educación superior, no concebirla como servicio transable sino como un derecho.
En la Argentina, se observa en algunos medios ataques a la gratuidad y se habla del sistema como “ineficiente”. ¿Cuál es la mejor defensa de las universidades públicas?
La palabra ineficiencia tiene una matriz economicista que a menudo me incomoda pero, en general, cuando los medios de comunicación presentan esta ineficiencia lo hacen a la luz de la baja tasa de graduación. Sobre ello, me gustaría plantear dos aspectos: uno sobre el modo de observar esta supuesta insuficiencia, y otro sobre cómo resolverla. Sobre el modo de observarla, diría dos cosas. Por una parte, el éxito de las universidades no se debe medir solamente en función de su tasa de su graduación. Quienes transitan uno, dos o tres años por la universidad, incluso sin graduarse, mejoran su destino. Que una persona curse una materia en la universidad es un éxito (mínimo si se quiere), que por razones obvias no entra en el cálculo del número de graduados y graduadas .Por otro lado, las universidades no tienen por función solamente la emisión de títulos, sino también la de investigar y de vincularse con distintas escalas del territorio donde se insertan. La “eficacia” de la universidad no se puede medir solamente en función del número de títulos que expide.
¿Cómo se resuelve?
Sobre el modo de resolverla, y sin perjuicio de lo anterior, me parece importante descartar que elevar la tasa de graduación no puede hacerse mediante exámenes de ingresos estrictos y/o cobro de aranceles. Eso es transformar el derecho a la educación en un privilegio a la educación (el privilegio de élites culturales y económicas), pero además no es resolver el problema, sino sencillamente evitar afrontarlo. Lo que se plantea, de algún modo, es que si dentro de las universidades tenemos estudiantes con dificultades, lo que debemos hacer es impedir que ingresen a la universidad, así mejoramos los índices de eficiencia. Esto no soluciona el problema, sino que lo evita. Para resolverlo hay que mantener la gratuidad y el acceso abierto, pero hay que dotar a las universidades y a los y las estudiantes de más recursos, para así verdaderamente resolver, e insisto, no evitar, los problemas.
¿Cómo afectaron las políticas del gobierno de Macri en las universidades?
Las políticas del gobierno de Macri afectaron en dos planos, que están relacionados. Por una parte, en comparación con un proceso de crecimiento del sistema universitario desarrollado entre 2003 y 2015, que supuso la creación de veintitrés universidades nacionales e institutos universitarios, la recomposición de salarios de los trabajadores y las trabajadoras docentes y no docentes, y mecanismos de financiamiento para estudiantes, el gobierno actual estancó el sistema universitario, deterioró los salarios y contrajo el financiamiento estudiantil. Pero además de este embate económico, existió una potente y continuada arremetida simbólica: el gobierno puso en duda, relativizó y despreció la importancia del sistema universitario y científico. En muchas oportunidades se ridiculizó el trabajo de investigadores e investigadoras, y en otras tantas se sugirió que las universidades públicas (en especial las del conurbano) carecían de sentido. El gobierno de Macri afectó económica y simbólicamente a las Universidades públicas.
¿Qué debe hacer con respecto a las universidades el próximo gobierno en caso de ganar la fórmula del Frente de Todos?
El Frente de Todos ha enfatizado la importancia los sistemas universitario, y de ciencia, tecnología e innovación. Muchos de sus actos se realizaron en universidades públicas. Esos gestos van recomponiendo todo el daño simbólico que hizo la Alianza Cambiemos. El Frente de Todos, al menos en la campaña, ha girado el discurso del gobierno de Macri: en lugar de sostener que los países subdesarrollados no nos podemos dar el lujo de invertir en universidades, ciencia y tecnología, se ha comprendido que para salir de las condiciones de subdesarrollo es fundamental realizar tal inversión. Si bien el aumento de partidas presupuestarias es imprescindible, es importante precisar algunos aspectos.
¿Qué otras propuestas hacen falta?
Por una parte, creo fundamental continuar con la expansión del sistema, para crear universidades en distintos puntos del país. La cercanía de la universidad permite torcer destinos, transformar la pesadilla de no poder acceder a los estudios superiores en sueños de un futuro mejor, y no sólo medido en clave económica. Por otra parte, y esto supone una articulación con cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, hay que desarrollar políticas de vinculación entre los últimos años de la educación media y los primeros años de la formación universitaria, para que el paso de una institución a otra no sea tan drástico.
Finalmente, es importante orientar la labor de las universidades y del sistema científico y tecnológico en vistas de lograr una sociedad más igualitaria. Para ello es importante invertir en las ciencias vinculadas al desarrollo productivo con inclusión, pero también en las ciencias sociales: en definitiva, la democracia y los derechos humanos son creaciones de las luchas burguesas y populares, acompañadas por las reflexiones de las ciencias sociales. No podemos dejar que el lugar de la enunciación de los discursos relativos a la democracia o los derechos sea el de los grandes medios concentrados. Para evitar que se vacíe el discurso de los derechos y la democracia, las universidades deben tener un rol patagónico.
Benente es abogado y doctor en Derecho (UBA), profesor de Teoría del Estado (Facultad de Derecho-UBA) y de Filosofía del Derecho (UNPAZ), y director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales (UNPAZ).
AUNO-2-10-19
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