Advierten que la instalación de una planta de residuos podría provocar un “desastre ecológico”

Para ambientalistas de la UNLZ, tras la posible venta de las tierras de Santa Catalina hay “intereses económicos y políticos”. Sostienen que la resistencia al proyecto para construir una planta de tratamiento de residuos es la “última oportunidad para salvar la biodiversidad” de la reserva.

“La reserva de Santa Catalina tiene su última oportunidad para salvar su biodiversidad”, sintetizó el ingeniero agrónomo Alberto De Magistris al iniciar la charla abierta que dio en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) junto al especialista en derecho ambiental Julio César Medina. El epicentro de su advertencia fue la posible venta de las 650 hectáreas de ese predio que pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para instalar una planta de tratamiento de residuos y que podría afectar a las más de 700 especies que conviven en ese ecosistema.

Una de las versiones indicó que sería la Municipalidad de Lomas de Zamora quien a través de una empresa tercerizada instalaría allí un “basural”. En este sentido, el especialista en derecho ambiental, denunció que el Ejecutivo comunal “no realiza estudios de impacto ambiental, no se preocupa por el efecto de las antenas de telefonía celular ni de las actividades privadas y entuba arroyos”, comportamientos que atentan contra el cuidado del medio ambiente y que no contempla la importancia del desarrollo sustentable.

“En el presente, acudimos a recursos naturales para satisfacer a nuestras necesidades, pero debe tenerse un compromiso ético para garantizar su conservación en un futuro”, enunció Medina, y criticó a los “intereses económicos y políticos que convergen en la venta de Santa Catalina, que no poseen ese compromiso sino el interés de articular un programa económico eficiente”.

La reserva fue declarada de “interés histórico” en 1961 pero, según expuso De Magistris, “no hay ninguna ley con su número correspondeinte que reconozca la importancia de preservar el área”.

En la Legislatura provincial se encuentra un proyecto de ley para convertir la reserva en un área protegida a nivel nacional con categoría de reserva natural, de manera que las iniciativas privadas no puedan afectarla. Pero ante la demora de la sanción, el marco legal habilita que el Poder Ejecutivo reconozca esta categoría por decreto.

Los vecinos y los especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ iniciaron la junta de firmas para lograr que esta decisión sea evaluada por Nación, ya que la zona es de propiedad del Estado a partir de un convenio que data de 1905 en que la provincia de Buenos Aires cedió las tierras al Gobierno nacional, y éste su administración a la universidad platense.

Medina, ex docente de la Facultad de Derecho de la UNLZ, puntualizó que la reserva recibe especies de aves migratorias desde el continente africano, dato que podría “por sí sólo incorporar el área dentro de la ley provincial 10907”.

Según esa legislación, un espacio será reconocido como reserva natural cuando “albergue especies migratorias, endémicas, raras o amenazadas; provea de lugares para nidificación, alimentación y cría de especies útiles; o constituyan áreas útiles para la divulgación y educación de la naturaleza”, entre otra características.

El predio de Santa Catalina posee 550 hectáreas de espacios verdes, 25 ocupadas por la laguna –-que conserva un nivel mínimo constante mantenido a través de canales conectados con las napas freáticas de la zona—, 70 de bosque implantado mixto y 4 del bosque originario de talas. Además, dispone de la reserva micológica “Carlos Spegazzini”, que coincide con la extensión de la zona boscosa, pero que no cuenta con un plan de manejo que determine un grado de control suficiente.

En el artículo 41 de la Constitución nacional, se prevé que el Estado debe garantizar la preservación de los recursos humanos y naturales, así como la información ambiental necesaria para la concientización de la población. Según la lectura del caso que realizó Medina, la realidad de la reserva es una muestra del “incumplimiento” de la ley.

La problemática de la contaminación de esas tierras está instalada incluso desde antes de que el proyecto de la UNLP saliera a la luz. Desde julio de 2007, los especialistas denunciaron que camiones sin identificación de ninguna empresa volcaban residuos y barros cloacales e industriales en la zona. Por su lado, “la firma Polisur tenía la intención de convertir el predio en un polo industrial, pedido que fue detenido por la acción de los vecinos y organizaciones no gubernamentales”, denunció.

Además, sobre Ruta 4 se observa un basural calndestino a cielo abierto dentro de los límites de Esteban Echeverría que recibe residuos domiciliarios que deberían dirigirse a la CEAMSE.

MNL-AFD
AUNO-12-06-08
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