A cinco meses de haber tomado un terreno de casi 100 hectáreas a la vera del Camino Negro, en Lomas de Zamora, los vecinos de lo que ahora es el barrio 17 de Noviembre concluyeron que viven “en las mismas condiciones que al principio”, es decir con “inexistentes” mejoras en la calidad de vida de las más de 3500 familias que apostaron a construir un futuro en esas tierras de Ingeniero Budge.
Mientras que un proyecto de expropiación de ese predio aguarda que el Senado bonaerense lo convierta en ley, las autoridades nacionales y provinciales aseguraron que “continúan en pie” las negociaciones con la familia Tronconi, propietaria del terreno, para su compra.
La toma convirtió al lugar más conocido como “el campito de Tongui” en una especie de campamento gigante. Pero con el paso del tiempo, algunas de las construcciones están más que avanzadas y hasta asoman estructuras de cemento y ladrillo.
Sin embargo, es sólo eso, porque la situación de los vecinos del 17 de Noviembre —por la fecha de la toma— demuestra ser mucho más complicada y, al mismo tiempo, estar relegada por las autoridades municipales y provinciales que no concretan sus promesas de ayuda y asistencia.
Ante las demandas insatisfechas, Carmen Barrera, delegada de una de las manzanas del barrio, indicó que los funcionarios municipales justifican su falta de respuestas con el argumento de que no pueden tomar ninguna decisión hasta que no termine la negociación, porque los terrenos tienen un dueño. “Y mientras tanto, ¿cómo nos arreglamos?”, es lo que todos se preguntan.
EN BUSCA DE LUZ Y AGUA
La clandestinidad de las conexiones a los servicios de luz y agua es uno de los problemas con que deben lidiar muy a menudo los vecinos, ya que el tendido eléctrico, por ejemplo, es un recurso que deben tomar “prestado” de quienes viven fuera del extenso terreno.
Sin embargo, cada semana deben volver a hacer la conexión eléctrica ya que camionetas de Edesur se presentan junto con Gendarmería y hacen su trabajo: “La empresa viene y nos corta la luz, pero no importa porque nosotros esa misma noche nos volvemos a conectar”, contó Barrrera.
La escasez de agua potable, por un lado, y la abundancia de agua de lluvia, por el otro, son dos aspectos que inquietan a la población: “Como las canillas comunitarias instaladas sobre la calle Canadá no fueron suficientes, la Municipalidad dispuso la distribución de agua potable en sachets de un litro para que los delegados repartiéramos tres por familia; pero la repartija se convirtió en un problema”, explicó Armando Chávez, otro de los delegados. Es más, la gente denunció entonces que el agua no se podía consumir y “tenía un sabor feo”, agregó el vecino Alejo Moreira.
HASTA EL CUELLO
Las lluvias de hace 15 días inundaron el centro del predio y obligaron a los vecinos a trasladarse y ajustar sus recursos al máximo: “Algunos tuvimos que alquilar algo por acá cerca, mientras otros pudieron apretarse en la casa de algún familiar”, graficó Barrera, mientras ojeaba el área que aún continúa descampada, tapada por el barro y agua que desdibujaron las delimitaciones de manzanas y parcelas.
Como si fuera poco, el agua de lluvia “se mezcló con los desechos que rebalsaron de los pozos ciegos”, lo que complica la salud en el barrio.
En enero pasado, luego del último corte de Camino Negro, la Municipalidad envió un trailer sanitario, pero “atendió un mes y desapareció”, criticó Barrera. Tras este episodio, los vecinos quedaron desprovistos de una atención y, ante alguna urgencia, se vieron obligados a trasladarse hasta una unidad sanitaria del barrio lindero: “Cuando llegue el invierno esto va a ser un caos”, avisó la vecina.
Pero los problemas no se agotan: según Chávez, la reventa de terrenos, las internas políticas, los intereses que están fuera del reclamo de una vivienda y la falta de unión entre los vecinos forman parte de “mecanismos perversos” que terminan convirtiendo a los vecinos en “rehenes”.
LAS NEGOCIACIONES
“No hubo nunca intención de vender por parte de la familia (Tronconi). No hubo, hasta ahora, intención de comprar por parte del Estado. En ese punto de confluencia es en el que estamos parados hoy”, definió a AUNO el subsecretario de Tierras bonaerense, Nicolás Terrara, para explicar el estado de la negociación.
Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Tierras, Miriam Denegri, fue más específica al confirmar que el valor de las tierras “es el punto conflictivo” de las negociaciones, y es por eso que aseguró que las autoridades se dispondrán a “analizar otras estrategias para destrabar” el asunto.
Con el inicio de la toma nació una causa judicial por “usurpación” —alojada en el Juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora— que produjo el desalojo de los vecinos dos días después del asentamiento, aunque quedó sin efecto horas más tarde ese mismo día.
Mientras el juez continúa prorrogando la protección a los vecinos contra el desalojo, Terrera expresó que junto con la Comisión Nacional de Tierras y el Ejecutivo municipal solicitará una audiencia para “informar sobre el curso de las negociaciones”, además de presentar un plan de urbanización pensado de manera conjunta con los delegados del barrio, añadió Denegri.
“La construcción de un barrio nunca se dio en tres meses. Estamos hablando de una ocupación inédita. Lo importante es que se está trabajando y que los delegados participan en el proyecto –-opinó—. Son ellos los que aportan la mayor cantidad de datos” para que el barrio no termine siendo un asentamiento”.
La asistencia estatal apunta a mejorar la calidad de vida en términos de “condiciones sanitarias de las familias”, mientras que desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial “se iniciaron los trámites de tarjetas alimentarias para los grupos”, aseguró Denegri. No obstante, las delegadas barriales indicaron que “todavía no aparecieron” las asistentes sociales.
EL PROYECTO DE LEY
“El proyecto de ley modificó totalmente el panorama” de las negociaciones, aseguró el subsecretario Terrera acerca del pedido de expropiación al que los diputados bonaerenses dieron media sanción, pero aún falta el visto bueno del Senado.
De suceder eso, el predio sería declarado “de utilidad pública”, aunque la expropiación sucedería una vez culminado el proceso judicial que deberá iniciarse en caso de que la ley se aprobara, con lo cual la última palabra estaría en la Justicia.
No obstante, la Subsecretaría de Tierras bonaerense tiene el poder de comprar tierras a particulares con destino social sin necesidad de que los ediles provinciales tomen parte. Pero hasta ahora, todo sigue igual.
AMB-RCI-LP-AFD
AUNO-20-03-09
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