La pobreza alcanza en el país a 2,5 millones de personas, mientras que los indigentes totalizan 3,5 millones, datos que contrastan con los datos oficiales que difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), según un documento elaborado por el diputado Claudio Lozano, un aliado de líder de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas.
Para el diputado, “la indigencia que es el problema más apremiante y que más ha crecido en estos dos últimos años, podría reducirse a la mitad si universalizamos las asignaciones familiares al actual valor de 135 pesos para todos los pibes” e incluso si se otorga una asignación universal por 300 “prácticamente se eliminaría el hambre en la Argentina y la pobreza se reduciría notoriamente”.
El trabajo da cuenta de las diferencias entre los números oficiales de la inflación y de la canasta básica alimentaria, respecto de la estadística elaborada por trabajadores desplazados del Indec.
Según Lozano, la información oficial “cuenta hoy con un grave problema técnico y político, que es la manipulación de las estadísticas públicas” y la imposibilidad de acceso a “precisiones” acerca de los datos publicados en los informes del Indec como resultado de su intervención en el 2007.
La estimación mínima de inflación “resulta ser 3,4 veces superior a la oficial para el nivel general de precios y 7,4 veces superior en alimentos y bebidas” mientras que en la estimación máxima, “el nivel general es 4 veces superior al oficial y 7,8 veces superior en los alimentos y bebidas”, se explica en el documento.
Los datos oficiales “distan de los resultados obtenidos en las mediciones alternativas de pobreza e indigencia”: la tasa de pobreza resultó al primer semestre de 2007 del 10 por ciento inferior a las mediciones alternativas y aumentó al 30 por ciento a lo largo de 2008.
También se señala que “la población pobre que quedó bajo el velo de la ignorancia, para el cálculo oficial rondaba el millón de personas en el primer semestre de 2007, siendo que en el último período analizado, año 2008, la cantidad de población que es pobre y no se considera como tal en las estadísticas públicas ronda entre 2,8 y 3,5 millones de personas”.
La indigencia, principal secuela del actual proceso inflacionario, posee una “tasa oficial de menos que la mitad que la estimada en base a una evolución más coherente de los precios”, se registra en el informe.
En cuanto a la población indigente, “las estadísticas oficiales dejaron fuera de la medición a cerca de 650 mil personas al primer semestre 2007, sin embargo el acelerado deterioro de este grupo poblacional hizo que la subestimación saltara significativamente dejando fuera de la población considerada indigente a cerca de 2,5 millones de personas”.
En el informe se explica que para este año se contarán con 13.100 millones de pesos adicionales a lo previsto que permiten financiar la universalización de las asignaciones familiares a 135 pesos, por lo que con sólo distribuir un poco más del 6 por ciento del producto bruto interno se garantiza eliminar la pobreza.
En esa línea, con los niveles de PBI actuales se podría garantizar que más de 216 millones de personas no sean pobres y, sin embargo, en el país existen más de 13 millones en esa situación.
Además, con distribuir sólo casi el 11 por ciento del consumo privado actual se elimina la pobreza dado que los actuales niveles de consumo equivalen a más de 30 millones de canastas de pobreza que permitirían que más de 122 millones de personas no sean pobres.
AUNO 19-08-09
SAM-HRC
