Fueron muy pocos días luego de haber recuperado la democracia. No se había cumplido la primera semana del efímero gobierno democrático consagrado en las elecciones de octubre de 1983 cuando el presidente Raúl Alfonsín ordenaba mediante dos decretos el enjuiciamiento de las Juntas Militares que habían asolado a la Argentina desde el golpe de Estado de 1976.
Desde el extremo del cono sur Argentina se convertía en un faro democrático para la región. Luego de la caída del régimen asesino, tras la derrota de Malvinas, el resto de las naciones sudamericanas también comenzarían a andar su camino institucional. Poco después los militares uruguayos tuvieron que irse del poder, como así también en Brasil, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia.
Pero a diferencia de esos procesos políticos, la Argentina fue el único caso de América Latina, y uno de los pocos casos a nivel mundial donde los militares que usurparon el poder contra un gobierno constitucional, terminan luego juzgados por un gobierno civil. España, por ejemplo, recientemente decidió impedir al juez Baltasar Garzón juzgar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco.
Cabe recordar que sobre el inicio del proceso democrático que todavía vivimos, estaban intactas las fuerzas represivas, el poder de los militares y de las corporaciones que habían pretendido guiar la vida de los argentinos durante la dictadura. Incluso, los dirigentes del justicialismo, por entonces, pretendían convalidar la autoamnistía que se habían dictado los militares antes de dejar el poder.
La decisión de enjuiciar a los militares, como así también, a las dirigencias de las organizaciones guerrilleras que habían actuado durante la década del 70 se constituyó así en el pilar y nuevo contrato social. Desde ese momento, la mayoría de los sectores que décadas atrás alentaban salidas por fuera del marco de la república y el imperio de la ley iniciaron un paulatino proceso de pérdida de predicamento sobre el Pueblo. Sin el Juicio a las Juntas, hoy no sería posible llevar a proceso a los militares que no fueron enjuiciados en ese momento.
Evidentemente, los posteriores levantamientos de los grupos “carapintadas”, primero conducidos por el ex coronel Aldo Rico, y luego por el Mohamed Alí Seineldín, lograron poner límites al proceso de juzgamiento a través de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y luego los Indultos del ex presidente Carlos Menem. Pero para entonces la semilla democrática ya había prendido. Hoy los militares están presos luego de la anulación de las leyes de impunidad impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner.
AUNO 9.12.2010
CGL
