Lomas de Zamora, diciembre 10 (AUNO).- “La crisis habitacional que desde hace décadas afecta” a la ciudad de Buenos Aires, que “se profundizó en los últimos tiempos”, es la “causante principal y originaria del conflicto desatado” en el Parque Indoamericano, sostuvieron hoy a través de un comunicado conjunto la Defensoría del Pueblo porteña, la Auditoria de la Ciudad y la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica.
La explicación difiere de la que brindó ayer y volvió a esgrimir hoy el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, quien atribuyó a la “inmigración descontrolada” el origen de la ocupación de tierras en villa Soldati y los incidentes posteriores que terminaron con un saldo de tres muertos.
El conflicto puso en evidencia la ausencia del Estado en una amplia región del territorio porteño, no sólo por la ausencia de políticas habitacionales sino por la falta de presencia de fuerzas de seguridad para prevenir enfrentamientos entre vecinos, como ocurrió en la víspera.
En medio de peleas y acusaciones cruzadas entre Macri y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, la jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori reclamó hoy a través de un fallo la presencia estatal en el lugar de conflicto mediante la “asistencia humanitaria” a las familias que ocupan el lugar y la convocatoria a una “mesa de diálogo” que involucre a todos los sectores afectados.
En un comunicado firmado por la defensora del Pueblo, Alicia Pierini, la presidenta de la Auditoría, Sandra Bergenfeld, y el titular de la Pastoral Social del arzobispado porteño, Carlos Accaputo, se expresa que “a falta de políticas habitacionales eficientes es el núcleo de dicha crisis, que afecta en particular a los vecinos más vulnerables”.
Si bien aclaran que “las políticas de urbanización en la Ciudad llevan más de un cuarto de siglo en mora” y que “la resolución de dicha problemática no pasa por la ocupación de espacios públicos”, enfatizaron que “en la defensa de la legalidad, en primer lugar colocamos la protección de la vida humana y su dignidad, sin distinciones de ninguna índole”.
Los firmantes, en coincidencia con el dictamen de la jueza Liberatori, exhortaron al Gobierno de la Ciudad a “constituir una Mesa de Diálogo en Emergencia, que encauce el conflicto actual y genere junto a los actores afectados las condiciones de resolución de la crisis planteada”.
El conflicto se inició el sábado, cuando grupos de familias se asentaron en el Parque Indoamericano, un amplio espacio verde con sectores destinados a la recreación, en el barrio de Villa Soldati. El martes último, una jueza ordenó el desalojo que se produjo durante la tarde, aunque derivó en enfrentamientos y represión policial, que dejaron un saldo inicial de dos muertos, además de heridos y detenidos.
A esos episodios se agregaron, el jueves, la refriega entre vecinos y ocupantes, que se atacaron mutuamente con piedras y armas de fuego, ante la inusual ausencia de efectivos de seguridad, lo que habría ocasionado una nueva víctima fatal.
La ocupación masiva de tierras revela la crisis habitacional en la ciudad, pero también el accionar de “grupos mafiosos ligados al tráfico de drogas”, según denunció Sergio Shocklender, apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que construye viviendas sociales en la zona.
Con esa caracterización coincidieron Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y Gustavo Vera, de la Fundación La Alameda, al destacar que la medidas de los jueces Roberto Gallardo y Elena Liberatori apuntan a “lograr una solución pacífica al conflicto, liberando el legítimo reclamo de viviendas de la dirección mafiosa que hoy ejerce su imperio sobre la mayor parte del Parque Indoamericano”.
“El Estado nacional no debe reprimir indiscriminadamente ni escapar negligentemente pues ambas conductas generarán muerte y sufrimiento”, concluyeron.
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