Más de un millón y medio de mujeres y personas LGTBI en situación de violencias por motivos de géneros o vulneración de derechos fueron asistidas de manera directa por el Estado, según publicó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades (MMGyD), en el marco del octavo aniversario del Ni unx menos.
Acciones a corto, mediano y largo plazo integran el segundo Plan Nacional de Acción contra la Violencia por motivos de género 2022-2024 (PNA) impulsado por la cartera para profundizar y fortalecer la prevención y reafirmar la perspectiva de abordaje integral de las violencias por motivo de género, que contempla el carácter estructural de las desigualdades y las violencias, y deja atrás los abordajes exclusivamente centrados en la emergencia, se informó en un comunicado.
«Ni Una Menos nos hizo ver en 2015 que la violencia por razones de género es estructural. Desde entonces empezamos a caminar hacia la igualdad, transformando las formas de gobernar. Este Ministerio es parte del compromiso del Gobierno Nacional, que escuchó la demanda social de más y mejores políticas para erradicar las violencias», sostuvo la ministra Ayelén Mazzina.
En este sentido, enfatizó: “Sabemos que falta, porque cuatro años no bastan para desarmar el machismo estructural. Para eso, necesitamos la fuerza de todos los sectores de la sociedad y de todos los poderes del Estado: hay que renovar el pacto social democrático en contra de todos los tipos de violencias y un Poder Judicial que esté a la altura del contexto histórico”.
Prevención y promoción de derechos
Dentro de las acciones del PNA se encuentra la Campaña Nacional de Prevención de las Violencias de Género que invita a repensar prácticas y cuestionar los discursos que reproducen las violencias por motivos de género y contó con la participación de más de 35 mil personas hasta el momento, y además, en cuanto a prevención y a promoción de derechos, hasta mayo de 2023 casi 18 mil funcionarios, funcionarias y personal del Estado fueron formados en la Ley Micaela.
Entre los programas desarrollados por el Ministerio se destaca el Programa Acompañar, que es un apoyo económico que equivale a un salario mínimo para fortalecer la independencia económica de las mujeres y personas LGTBI y alcanzó a casi 300 mil víctimas mediante importantes convenios con los gobiernos locales de todo el territorio.
Por otra parte, en asistencia y protección integral a las víctimas, la Línea 144 se amplió y fortaleció integrando a personas sordas e hipoacúsicas y realizando más de 83 mil intervenciones muchas de ellas articuladas con el 911.
Asimismo el Programa Acercar Derechos (PAD) consolidó cincuenta equipos interdisciplinarios que llegaron a asistir más de 24 mil situaciones de violencia de género en todo el país y además se asistieron a 25 mil personas a través de 5 dispositivos territoriales de la Red de Asistencia Integral de Motivos de Género situados en los municipios de Moreno, La Matanza, Lomas de Zamora, San Martín y Pilar.
Además, como parte de la política de reparación y acceso a la justicia, acompañaron a 502 familiares de víctimas de femicidios, travesticidios y trans feminicidios a través del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género.
Y con el objetivo de fortalecer el abordaje integral de manera federal se articulan acciones entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios que dan como resultado el fortalecimiento de centros y refugios territoriales mediante una inversión que supera los 54 millones como así también la inversión de 400 mil millones para la construcción de treinta centros previstos.
El Ministerio publicó este informe en el marco del octavo aniversario del Ni unx menos que comenzó el 15 de junio de 2015 y que marcó un hito en las luchas colectivas contra las violencias con motivo de género y un nuevo paradigma en cuanto al abordaje de las mismas.
“Si miramos el antes y el después de la creación de este ministerio hay una gran diferencia entre lo que se ha hecho para prevenir y erradicar las violencias”, sostuvo Mazzina y agregó que “en tres años» pudieron «acompañar de manera directa a más de un millón y medio de mujeres y LGTBI de todo el país en situación de violencia de género”.
«Detrás de estos números números hay historias y la salida es colectiva», aseguraron en el informe y destacaron que el desafío es «consolidar y profundizar lo realizado en todo el país para que estas medidas trasciendan los gobiernos y se transformen en políticas de Estado».
El 3 de junio de 2015 la sociedad argentina salió masivamente a las calles en todo el país para visibilizar los femicidios y exigir políticas públicas con presupuesto para hacer frente a la violencia por motivos de género.
Esta demanda social tuvo eco en 2019, cuando el presidente Alberto Fernández elevó las políticas de género y diversidad al máximo nivel institucional al crear el primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
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