A un año de la desaparición de Jorge Julio López, las principales organizaciones defensoras de los derechos humanos del país coincidieron en que el accionar del Gobierno fue “insuficiente, lamentable, encubridor y cómplice” respecto de la búsqueda del testigo clave durante el juicio que se llevó a cabo en 2006 contra el ex comisario de la Policía provincial Miguel Etchecolatz. En diálogo con AUNO, la abogada de López y miembro de Justicia Ya!, Guadalupe Godoy; titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas; y la integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) Adriana Calvo analizaron el rol de las organizaciones durante este primer año sin “Tito”.
López está desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, día en que debió presentarse para escuchar el alegato acusatorio contra el represor Etchecolatz. Desde ese mismo momento, la AEDD junto a abogados de otras organizaciones como Justicia Ya y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre comenzaron acciones legales para pedir por su aparición.
Además de presentar un Hábeas Corpus, pedir por la recaratulización de la causa como “desaparición forzada” y de exigir la separación de la fuerza policial de la investigación, el conjunto de abogados querellantes mantuvo una entrevista con el gobernador bonaerense, Felipe Solá, y el ministro de Seguridad provincial, León Arslanián. “Esa fue la única vez que nos recibieron y admitieron que era muy probable que López estuviese secuestrado y que la Policía estuviera involucrada, pero nunca lo dijeron públicamente para no hacerse cargo”, reveló Godoy.
Desde los primeros días, la consigna “Busquemos a López” resonó en los medios de comunicación y tuvo eco en varios organismos. Sin embargo, para Adriana Calvo no es tarea de las organizaciones sociales buscar a Julio, ya que “de eso y de poner presos a los responsables debe encargarse el Gobierno”; en cambio, a pesar de que “esa es su obligación, el Estado demostró no estar dispuesto a hacer nada” al respecto, agregó. Godoy compartió esa idea y la amplió al explicar que la función de esas organizaciones es “exigir que el Gobierno dé respuestas porque es el responsable de la seguridad de todos” los habitantes del país.
Además, la abogada se refirió a la “cierta inmovilidad” con que se comportaron algunas de las organizaciones respecto del caso, y lo atribuyó a la “hipótesis que impuso el Gobierno de que López estaba perdido”. En su opinión, un hecho de esas características produjo “las mismas sensaciones que en los años 70 en una sociedad como la argentina, que todavía no se asumió como víctima y que no pudo sanar lo que pasó hace 30 años”.
Muchas hipótesis y versiones aparecieron durante este tiempo acerca de dónde está López. En relación con aquella vertida por el ministro del Interior, Aníbal Fernández cuando se refirió a la posibilidad de que el albañil se hallara “en la casa de una tía”, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, subrayó que esa versión fue “lo más hipócrita” que pudo haber escuchado, y consideró que el funcionario “tendría que haber renunciado porque es un hecho muy grave que en un gobierno constitucional desaparezca una persona que, por su condición de testigo, tendría que haber sido cuidado”.
Desde el primer día en que el testigo desapareció, su búsqueda quedó en manos de la Policía Bonaerense. Cortiñas definió como una “contradicción” el hecho de que el Gobierno le encargara la investigación a esa fuerza, a la que caracterizó como “la misma de aquel terrorismo de Estado (de la última dictadura militar) y del gatillo fácil”.
Para Calvo, Policía “no está buscando nada porque fue ella quien secuestró a Julio y se encargó de ocultar pruebas y arruinar pistas”. Similar fue la opinión de la abogada Godoy que argumentó su postura a partir del principio que supone que “es muy difícil que las fuerzas policiales puedan investigarse a sí mismas” en un caso como el de López, que “no pudo haberse llevado a cabo sin su complicidad”.
Desde ya que las posturas dentro de las organizaciones no son uniformes. Para Taty Almeida, miembro de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora la totalidad de la responsabilidad por la desaparición del albañil no recae en el Gobierno, que “está haciendo todo lo posible para que Julio aparezca”. En su opinión, “no hay que olvidar que aún hay fuerzas para-policiales que siguen trabajando e intimidando y que es imposible de neutralizar”, sostuvo para luego concluir en que “el control de la Policía es una utopía”.
Como crítica directa a esta postura, Calvo sostuvo que “Madres de Plaza de Mayo y Abuelas son organizaciones muy cercanas al Gobierno”, y por ese motivo evitan la crítica directa. Para ella, “es ilógico” que el Gobierno no pueda controlar a la Policía. En sintonía fue el análisis de Godoy, para quien “con la desaparición de Julio quedó expresada cooptación del Gobierno de un sector del movimiento de derechos humanos, cuando en esta materia es imposible ser oficialista”.
AMB-RI-YV-AFD
AUNO-17-09-07
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