El 18 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia presentó un fallo en el cual obligó a la Secretaría de Medio Ambiente al frente de Romina Picolotti a presentar un informe sobre la situación del saneamiento de la Cuenca Riachuelo-Matanza en un tiempo límite que venció hoy.
El máximo tribunal no sólo se limitó a ordenar el seguimiento de lo que debe hacerse sobre el saneamiento urgente de la cuenca, sino que obligó a aplicar de forma concreta las leyes de ética publica.
Los requerimientos específicos que dispuso en su fallo son: la inspección total de las 22 industrias de las 40 situadas a lo largo de la cuenca, la eliminación de basurales a cielo abierto y la ejecución de las obras de saneamiento que tendrán un plazo de no más de diez años.
El tribunal estableció, además, ordenes y objetivos específicos exigiendo institucionalmente que las sentencias sean acatadas sin ningún tipo de intervención.
Además, demandó la transparencia sobre el manejo patrimonial de asignación de fondos y la ejecución presupuestaria que se asigna a la Auditoria General de la Nación para controlar fondos.
La Corte planteó el armado de objetivos concretos, entre los cuales se encuentran la limpieza del río y la aplicación de severas sanciones a las más de 40 empresas que no cumpliesen con los requisitos de información acerca de sus desechos y medidas anticontaminantes.
También especificó que sería multada la Secretaria de Ambiente en el caso de que la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) no cumpliese los plazos impuestos.
PEL-AFD
AUNO-05-09-08
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