El ex centro clandestino de detención y exterminio Pozo de Banfield fue señalizado como uno de los espacios de la memoria que deberá ser preservado por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Sin embargo, la Multisectorial “Chau pozo” repudió esta decisión porque consideró que el Gobierno quiere “tapar una parte de la historia”.
El proyecto oficial de montar en el lugar un ámbito de “promoción y defensa de los derechos humanos” se presenta como una forma de “reparación histórica de los detenidos-desaparecidos y sus familiares”.
Sin embargo, las organizaciones sociales lomenses consideraron que estas formulaciones son un artificio que convertirá al espacio en un “cotillón electoral”, según indicó Sergio Smietniansky, miembro de la entidad que defiende al Pozo de Banfield.
En este sentido, Smietniansky explicó que el Gobierno nacional y el provincial no difunden información sobre la existencia de un sótano que fue documentado por periodistas alemanes que realizaban una investigación sobre la última dictadura militar argentina.
Según consideró, si la gestión oficial investigara ese sector de las instalaciones, habría otra posibilidad de esclarecer en qué punto de la provincia estuvieron detenidos quienes recuerdan haber permanecido secuestrados en un subsuelo.
Smietniansky criticó la intención del Gobierno de “blanquear las paredes” del edificio ubicado en las calles Siciliano y Vernet, que fue finalmente impedida por orden del juez Arnaldo Coraza. El militante lo evaluó como una nueva muestra de “ocultar las evidencias” para avanzar en la causa sobre los desaparecidos en este espacio lomense.
Hace dos años, en el edificio del antiguo centro de detención funcionaba una dependencia de la Policía Bonaerense que fue cerrada el 16 de septiembre de 2006 a partir de una presentación judicial iniciada por la multisectorial.
La referencia de “pozo” remite a que “todo el que entraba no salía más”, resumió Smietniansky. Entre las víctimas que pasaron por Banfield se cuentan 104 asesinadas o desaparecidas, 115 liberadas y otras 24 de las que no se conoce su destino.
A las cifras del horror se suman cinco bebés nacidos en cautiverio que fueron liberados y otros cinco que continúan desaparecidos, además de 57 personas que estuvieron secuestradas pero no fueron identificadas por apellido. El “Plan Cóndor”, estrategia organizada por Estados Unidos para América latina contra una indefinida “subversión”, dejó su huella en el Pozo, donde al menos 24 uruguayos fueron detenidos ilegalmente.
“Chau Pozo” pertenece al movimiento “Memoria, verdad y justicia” que integran organizaciones de derechos humanos no alineadas a la gestión oficial. En esta tónica, Smietniansky aclaró que la postura de oposición a la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos no es acompañada por la agrupación Madres de Plaza de Mayo.
Pese a la oposición a instalar un “museo” en ese espacio, la cartera bonaerense planea continuar con “proyectos de memoria local” que consisten en procesos de “transmisión de información, reflexión y educación” sobre los nefastos años de plomo.
MNL-MFV
AUNO-19-09-08
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