Las organizaciones de la sociedad civil Fundación Sur, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación Xumek presentaron una denuncia contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las detenciones de jóvenes menores de 16 años
Las OSC cuestionan en la denuncia esas privaciones de libertad que para la ley argentina son no punibles e inimputables. Demandaron al Estado argentino por la violación de los derechos de los niños a la libertad, a la integridad física y al debido proceso, entre otros derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
En esa línea, alegaron que a pesar de la sanción de la ley 26.061 (de Protección Integral), el encierro “sigue siendo la única medida de ‘protección’ del Estado argentino para los niños, niñas y adolescentes pobres”.
Además, solicitaron como medida cautelar el establecimiento de un mecanismo que permita el ingreso de organismos públicos a todos los institutos de menores a los fines de efectuar inspecciones sistemáticas que permitan relevar las condiciones materiales de detención de los chicos y adolescentes allí alojados.
Las organizaciones sostuvieron que la petición ante el sistema interamericano de derechos humanos “se presenta luego de haber agotado todas las instancias de la justicia argentina”.
“En especial, luego de que la propia Corte Suprema de la Nación, el 2 de diciembre del año pasado, decidió rechazar el habeas corpus colectivo interpuesto a favor de los adolescentes no punibles privados de su libertad, y convalidar el decreto ley 22.278 dictado por la dictadura militar en 1980, que regula el régimen penal de la minoridad”, justificaron.
El pedido en concreto de la Fundación Sur, el CELS y la Asociación Xumek es que la Comisión Interamericana condene al Estado argentino y que lo inste a realizar las reformas necesarias para adecuar la normativa a los compromisos internacionales de derechos humanos.
