Un concejal rechazará ante la Justicia una denuncia en su contra

El dueño de un boliche de Llavallol lo había acusado de pedirle dinero para que no le clausuraran el local. Una de las herramientas de defensa del edil es un documento policial del que Auno da cuenta en esta nota.

Tras la denuncia penal realizada por el dueño de un boliche de Llavallol contra un concejal por supuesto pedido de dinero para que el comercio siga funcionando, allegados al edil adelantaron a AUNO que la acusación será rechazada ante la Justicia. Si bien el concejal acepta que estuvo en el local el día en que se habría producido aquel pedido, dejó asentado en un Acta de Constatación policial que estuvo allí para “verificar que se encontraba abierto sin haber realizado la transferencia correspondiente, luego de su venta (cambio de propietario)”.
El Acta de Constatación firmada por el concejal Franco Forciniti (del bloque Compromiso K) fue labrada el 1º de octubre, fecha en que fue clausurado el boliche por inspectores municipales. En el documento se especifica que el edil “se hizo presente en el local bailable Set Jet para constatar si el mismo se encontraba abierto al público, por considerar que no estaba habilitado por no tener la transferencia correspondiente, en la que se acredite el cambio de dueño”.
La “transferencia” a la que se hace referencia es la que el anterior dueño del local, Miguel Ángel Leccese, habría presentado contra Marcelo Cristaldo, propietario de Jet Set, y en la que se estipulaba un plazo de 60 días “para inscribir y llevar a cabo todos los trámites pertinentes para la habilitación comercial”.
Según la denuncia penal realizada por Cristaldo, ese sábado, el concejal se habría acercado hasta el comercio y dicho: “Soy el concejal Forciniti, al boliche lo voy a agarrar yo por un problema político, y si querés seguir funcionando me tenés que pagar 5000 pesos por mes para la campaña (por)que si no los ponés, me encargaría de no dejarlo funcionar”.
En el Acta de Constatación firmada por Forciniti consta que “a la una y media de la mañana el edil se hizo presente en el local bailable ubicado en Camino de Cintura y la avenida Antártida Argentina, donde también se encontraban el teniente primero Enrique Di Pablo y el Oficial de Policía Carlos Farías”. Luego explica que “tras verificar que el boliche se encontraba funcionando con total normalidad, se trasladaron a la Comisaría Cuarta (de Lomas de Zamora) donde se labró el Acta de Constatación”.
En el mismo documento, el concejal declara que “el boliche no podía estar abierto por carecer de la correspondiente transferencia que tendría que haberse realizado luego de su venta”. De esta manera, argumenta, se hizo eco del pedido que Leccese habría hecho el 27 de septiembre al director de Inspección General y en la cual se pidió “el cese de actividades del local bailable por ser él el único titular de la habilitación, hasta que se realice la transferencia” que, según precisaron fuentes del Concejo Deliberante, “comenzó a tramitarse el pasado 13 de octubre”.
El acta cuenta, además, con el testimonio de una persona, quien ratifica que “el boliche se encontraba abierto al público”. El documento está firmado por el teniente primero Anastasio Quintana y fue labrado “una hora antes de que Marcelo Cristaldo presentara una denuncia penal contra el concejal y en simultaneidad con la clausura del boliche”, precisaron las fuentes sobre la base de los horarios redactados en los escritos comprobados por AUNO.
Fabián Chena, titular de Inspección de Espectáculos Públicos fue el encargado de la clausura del boliche el mismo sábado 1º de octubre alrededor de las dos de la mañana. Por otra parte, el director de Inspección General lomense, José Manuel Anca Romero, en diálogo con FM Libertador, admitió: “Recibí la carta de Miguel Ángel Leccese unos días antes de la clausura del boliche” y luego “ordené que se verificara el sábado la actividad del boliche, y que si no se encontraba el titular del mismo, se procediera a la clausura”.
Respecto de la denuncia penal contra el concejal, Anca Romero sostuvo que “fue una extralimitación por parte del edil ya que estos no ejercen el poder de policía por ser un tema del Ejecutivo Municipal”.
Mientras tanto, Forciniti, por tener abierta una causa judicial, prefirió no hacer declaraciones públicas hasta que la Justicia llame a las partes a declarar.

VA-AFD

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