El repudio por el despido de 40 empleados del Correo Argentino fue el motivo que congregó a cerca de un centenar de afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que reclamó “la vuelta atrás” de la medida mediante una protesta y “choriceada” en las puertas de acceso a la planta de distribución, ubicada entre las avenidas Fair y Cervetti, Monte Grande.
Desde el mediodía de este jueves, los trabajadores exigieron a las autoridades del Correo de la República Argentina Sociedad Anónima (Corasa) la reinclusión de los cesados y la apertura de una instancia de diálogo para discutir mejoras en las condiciones contractuales.
También, el reconocimiento sindical de la central obrera, una disputa que se inició cuando la Corte Suprema reconoció la personería jurídica a las agrupaciones que acrediten representación gremial.
Según relataron los delegados de ATE Alan Pereyra, Jorge Salas y Ariel González, los despedidos fueron notificados de su nueva condición laboral entre el miércoles y el jueves.
Los telegramas incluyeron como toda justificación el haber “participado de asambleas ilegítimas” realizadas entre el 13 y el 26 de junio.
Según explicó Pereyra a AUNO, esos cónclaves fueron convocados “con el aval” de los gremios “’oficiales’, Aatrac (Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones) y Sitracyt (Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones)”.
Las convocatorias redundaban en una búsqueda de lograr modificaciones a las condiciones en las que debían desempeñarse los empleados, que reciben el “70 por ciento del sueldo en negro mediante actas-acuerdo que fijan aportes no remunerativos”, denunció el referente.
Entre las irregularidades, también se contaron “anuncios de finalización de contrato para el 31 de julio, firmados por el gerente de Recursos Humanos de la empresa, de apellido Delor”, según pormenorizó González, que entendió la práctica como otra “presión” al cuerpo de trabajadores.
Además, subrayó que la constante renovación del personal generó que “más de la mitad de la planta no llegara los cinco años de antigüedad”, una característica que reduce los costos previsionales a los responsables de los salarios.
“Este mes cobré 300 pesos porque me quitaron hasta la asignación de mi hija”, se quejó Pereyra, que coincidió con sus compañeros en que la ausencia de resoluciones los lleva a no descartar continuar con las medidas de fuerza.
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AUNO 16-07-2009
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