En materia de salud mental, “el problema es complejo”, admitió Sebastián Gastelú. Pese a la experiencia que la provincia tiene en la materia, no cuenta con programas propios. Los centros para discapacitados, clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas son servicios tercerizados, por lo que no se garantiza el seguimiento de los procedimientos ni el control sobre lo que se haga.
“No hay oferta de salud mental aggiornada a los nuevos tiempos y sobre todo a la nueva ley de salud mental. Además, hay una escasez preocupante de especialistas y psiquiatras infantojuveniles, un déficit estructural de formación”, argumentó.
“Vemos que en un montón de situaciones los chicos fracasan en las intervenciones porque no tenemos los dispositivos adecuados y, en todo caso, los que funcionan están saturados”, graficó y consideró que el desarrollo de políticas públicas sobre psiquiatría “en la provincia y el país es una deuda pendiente”.
CP-EV
