Querellantes en la causa del Pozo de Banfield denuncian “inacción” judicial

Sólo seis de los casi 200 involucrados están procesados. “No hay avances, porque no se quiere avanzar”, reprocharon desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que también critica que simplemente se juzguen a los jerarcas del proceso. “Es fácil condenar a la cadena de mando, pero no se meten con los que ejecutaban las torturas”.

Lomas de Zamora, septiembre 20 (AUNO).- Agrupaciones de Derechos Humanos querellantes en la causa que investiga los delitos cometidos durante la última dictadura militar en el Pozo de Banfield critican que el juicio está “sin novedades desde 2009” y que “no hay avances porque no se quiere avanzar”, según sostuvo Nilda Eloy, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).

El Pozo de Banfield, ubicado en la esquina de Vernet y Siciliano, fue uno de los primeros centro clandestino de detención que se pusieron en funcionamiento, en 1974, bajo el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina —más conocida como Triple A—, y tras el golpe de marzo de 1976 se transformó en una especie de “maternidad” clandestina, ya que embarazadas detenidas en otros establecimientos eran trasladadas hasta el edificio donde funcionaba la Brigada de Investigaciones de Banfield.

La causa judicial se encuentra en manos del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Arnaldo Corazza, y hasta 2006 era parte de la investigación del denominado “Circuito Camps”, una red de centros clandestinos que estaban bajo la orbita del ex general Ramón Camps.

En febrero de ese año, el juez decidió desglosar de la “Causa Camps” los hechos ocurridos en el Pozo de Banfield, para pasar a formar un proceso independiente. Ante tal disposición, Eloy sostuvo a AUNO que ese asunto “debió haberse tratado en forma conjunta, no en causas separadas”, ya que esto provoca que haya “inacción en los procesos”.

“Hace más de tres años que están identificados algunos de los represores que actuaron en el Pozo. Muchos de los nombres surgen de los listados aportados por el Ministerio de Seguridad Bonaerense”, ahondó la mujer que estuvo detenida-desaparecida entre octubre de 1976 y agosto del año siguiente.

Asimismo, Eloy aseguró que “el objetivo es que se condenen a todos los involucrados, no sólo a los cabecillas. Es fácil condenar a la cadena de mando, a los más conocidos que hoy ya tienen cerca de 80 años. Pero no se meten con los que ejecutaban las torturas, que tenían la misma edad que los desaparecidos”.

De los casi 200 represores que actuaron en el Pozo de Banfield, sólo seis se encuentran procesados: el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean, el ex ministro de gobierno de la provincia Jaime Smart, el ex comisario Miguel Etchecolatz, el ex director de Investigaciones Juan Miguel Wolk, el ex subdirector de Investigaciones Raúl Carlos Rodríguez y el ex subjefe de la Policía Bonaerense Rodolfo Campos. Cuatro de los represores mencionados se encuentran condenados por otras causas sobre delitos de lesa humanidad.

El pasado jueves la querella presentó un nuevo pedido de indagatoria para los seis represores procesados y para los restantes que ya fueron identificados hace tres años.

Además, se actualizaron los datos de las investigaciones realizadas por la AEDD. “Somos las propias víctimas las que nos estamos haciendo cargo de la causa. No nos corresponde, pero ante la inacción de la Justicia nos vemos obligados”, protestó Eloy y reprochó que sea la Policía Bonaerense la encargada de llevar a cabo la investigación, “cuando está integrada por gente que participó de las torturas”. (Ver Presentarán proyecto para la creación de la Policía Judicial )

“Fuimos los querellantes los que le llevamos todo servido en bandeja —agregó—. No pedimos mucho, sólo que trabajen.”

En la presentación realizada el jueves 15, los abogados también inquirieron al secretario del juzgado Humberto Botto —Corazza se encontraba de vacaciones— acerca de la situación del represor Wolk, que según el Poder Judicial se encontraba muerto pero fue hallado por organismos de derechos humanos cobrando sus haberes.

Ante el reclamo, Botto se limitó a considerar que se trataba de “una desprolijidad” y que debían aguardar al regreso del juez a cargo de la causa.

“Es una de las tantas maneras que tienen de dejarlos impune”, retrucó Eloy sobre la situación del represor que no pasó ni un día en la cárcel porque fue indagado sin que la querella se enterase y recibió la excarcelación rápidamente.

PT-AFD
AUNO-20-09-11

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