Por una ley de protección a las víctimas de delitos sexuales

Entidades gubernamentales y ONGs discutieron los puntos de un proyecto de ley que propone la instauración de una programa nacional de prevención y asistencia a las víctimas de delitos sexuales

Por Sebastián Ochoa

(AUNO-TERCER SECTOR*) A raíz de un proyecto de ley que establece la creación de un programa nacional de prevención y asistencia a las víctimas de delitos sexuales, sectores gubernamentales y no gubernamentales se reunieron para debatir los principales aspectos del plan. Durante el encuentro, se destacó la importancia de reformar las leyes en beneficio de las víctimas, acompañado de un plan integral de asistencia médica, psicológica, judicial y policial.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 12 millones de crímenes sexuales en el mundo y que cada hora 1300 mujeres son violadas. El 90 por ciento de los casos no son denunciados. En este contexto, representantes del Ministerio de Salud, del Poder Judicial, de la Policía, y de entidades como la Sociedad Argentina de Pediatría, el Centro de Encuentro Cultura y Mujer (CECYM) y la fundación Mujeres en Igualdad, respondieron a la convocatoria de la diputada Maria Elena Barbagelata –autora del proyecto- para intentar construir y desarrollar líneas de acción que lleven a la implementación de políticas concretas.
Eugenio Freixas, fiscal de la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito, destacó la necesidad de brindar “asistencia integral a las víctimas y de instrumentar un programa de acercamiento a la comunidad por medio de orqanizaciones intermedias que estén empapadas de las cuestiones sociales. En este aspecto, enfatizó se hace fundamental trabajar en red, en cooperación interinstitucional y transdisciplinaria”.
Para empezar a trabajar sobre el tema, mientras las Cámaras legislativas discuten el proyecto, Freixas anunció que desde el Ministerio Público se creará en lo inmediato una unidad especial de investigación, integrada por personal especializado en el tema, que tendrá la función de dar apoyo técnico a los fiscales en casos de violencia sexual.
Gabriela Hamilton, a cargo del Programa Nacional de Lucha Contra el SIDA (Lusida), recalcó que debe evitarse que la víctima “se sienta violada a posteriori por los manejos del sistema judicial, que la someten a repetir las pericias médicas y psicológicas una y otra vez a través de los médicos forenses”. Por otra parte, indicó que desde Lusida se está buscando la manera de implementar métodos de atención de urgencia a las víctimas de violencia sexual ante eventuales infecciones. “Debe haber una atención inmediata. Si la víctima no es correctamente medicada dentro de las dos a las seis horas de haber sido violentada, la movilización no tiene utilidad –enfatizó Hamilton-. Hay todo un trabajo que tenemos que articular entre los ministerios de Salud, Educación y el sistema judicial. Es ante todo una labor del Estado”, remarcó. Una condición para que la ley sea efectiva, subrayó Hamilton, es que se instalen estrategias de atención que estén adecuadas a las distintas culturas que presenta el país. Y remarcó que se debe contemplar la sustentabilidad del proyecto. “De lo contrario, –afirmó- todo queda en palabras lindas que no podemos aplicar”.
Por su parte, la subcomisaria Ester Mabel Franco, del Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia Sexual, coincidió con la necesidad de producir cambios concretos para evitar la constante revictimización que el sistema judicial somete a la persona abusada. “Las leyes vigentes deben reformarse de manera tal que las entrevistas grabadas con videocámara sean válidas como prueba jurídica”, indicó. También consideró que todo el personal policial debe ser concientizado “contra el prejuzgamiento, que desde las fuerzas policiales no desconocemos ni negamos” y avaló el trabajo en red con ong’s.
Zulita Fellini, juez de menores de la Ciudad de Buenos Aires, que participó en representación de la Asociación de Jueces de la Argentina, puso de relieve la importancia de perfeccionar el sistema penal, porque “en ningún sitio se encuentra una definición consensuada sobre lo que es acceso carnal. En este aspecto, no hay conformidad de criterio entre los jueces”, afirmó.
“En materia de violencia sexual no se pueden establecer jerarquías entre menor y adulto ya que en una persona mayor una violación también deja marcas”, advirtió Silvia Chejter, del Centro de Encuentro Cultura y Mujer (CECIM).
Carlos Alberti, del Colegio Público de Abogados, acentuó la necesidad de preservar el acceso a la justicia de los sectores más frágiles de la sociedad. “Tienen que hacerse ciertos los derechos fundamentales que establecen la asistencia jurídica gratuita a quienes carecen de recursos”. En esta dirección, la entidad elaboró un programa de concientización de derechos básicos, con el fin de difundirlo entre los sectores más desprotegidos.

*Agencia Universitaria de Noticias y Opinión
Revista Tercer Sector

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